Víctor Arrogante |
En Escocia ha ganado el NO en el referéndum que decidía si
debería ser un país independiente de Reino Unido. El 85% de los escoceses ejercieron
su derecho a decidir, algo que en una sociedad democrática debería ser normal. Ha
ganado el no y ha ganado la democracia. En España, políticos, intelectuales y
voceros, pretenden demostrar que es más democrático no votar que votar, en
referencia al proceso en Catalunya, cosa que no se entiende, salvo porque quienes
lo defienden no sean demócratas.
Tras el proceso democrático en Escocia deberían sentarse a
reflexionar «los inmovilistas imperiales y los secesionistas a cualquier precio»,
en palabras de Odón Elorza. Hay que felicitar a británicos y escoceses, que sin
rasgarse las vestiduras, han defendido sus postulados de forma democrática para
mejor resolver el conflicto. Ha hablado el pueblo. Aquí los «nacionales» niegan
el voto en el que no creen, sino para sus propios intereses.
Pero no es solo por el derecho a decidir sobre Catalunya, sino
sobre el derecho a decidir sobre otros muchos temas de interés social, en los
que debemos tener el derecho a ser escuchados, ahora más que nunca, ante la
profunda involución democrática que estamos sufriendo. «La crisis financiera
nos muestra cada día con mayor crudeza las contradicciones existentes entre el
neoliberalismo capitalista y la posibilidad de ejercer un gobierno
democrático», manifiestan desde la Asamblea Estatal de las Marchas de DIGNIDAD
22M. En este contexto, tanto el Partido Popular en el gobierno, como el Partido
Socialista Obrero Español en la oposición y algún que otro grupo minoritario,
han cerrado filas, negando sistemáticamente el derecho a decidir de la
ciudadanía en todos los ámbitos. Negar la democracia en nombre de la democracia
es de filibusteros.
Con mis perdones y respetos, recuerdo aquel día de los
sesenta, en un departamento de vagón de tercera, en el trayecto Erustes-Madrid,
un campesino que abandonaba el campo se dirigía a Madrid a trabajar. Junto a él
dos despampanantes mujeres: guapas, bien vestidas, ceñidas, maquilladas, con
las piernas cruzadas y fumando. El paisano, por su cara, se veía que no podía
creerse la suerte de tal compañía y con deseos de entablar conversación, se
esforzaba por encontrar la mejor fórmula. Cuando el tren silbó, indicando que
estaba cerca de la Estación de Delicias, no pudo más y con la mejor educación
que tenía preguntó: —Señitas, ¿preguntar ofende?—. Ellas soltando una estela de
humo azulado al infinito desde sus rojos labios, respondieron con la mejor de
las sonrisas: —No hombre, no, pregunte, pregunte—. Sin esperar más, el cateto espetó:
—Ustedes son putas, verda?
Pues eso; preguntar no ofende ni responder tampoco. El
Parlament ha aprobado, por abrumadora mayoría la Ley de Consultas. La norma —que
ha sido aprobada sin enmiendas— ha sido apoyada por 106 de los 135 diputados
del hemiciclo: los de CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA y las CUP. Tan sólo los
28 representantes de Ciutadans y el PP han votado en contra. Con la ley en la
mano —que Rajoy ha anunciado llevará al Constitucional— el President de la
Generalitat convocará la consulta del 9 de noviembre —que también será
recurrida—, con estas probables preguntas: «¿Quiere que Cataluña se convierta
en un Estado?», y en caso afirmativo, una segunda cuestión: «¿Quiere que este
Estado sea independiente?». Que les pregunten y respondan; así conoceremos todos
su voluntad. La cosulta, como en Escocia, es el mejor camino para resolver un
conflicto histórico, que desde antes de la Segunda República persiste en España
y que ni con represión, la dictadura fue capaz de resolver.
La propia vicepresidenta del gobierno Sáenz de Santamaría, manifestó en el
Parlamento que «Respetar la Constitución es más democrático que votar». Lo dijo
en el debate promovido por el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, por
el que instaba a convocar un referéndum consultivo para que los españoles
puedan elegir entre monarquía o república. Al margen de la interpretación de
los principios de la CE que cada uno tenga y los procedimientos para iniciar la
reforma constitucional, está el sentir ciudadano y su derecho innegable a
hablar. No solo cada cuatro años, ni cuando así le convenga a una mayoría
absoluta, que como en esta ocasión, representa más la corrupción política y
económica institucionalizada que al pueblo soberano.
Hace unos meses, jueces y magistrados de Catalunya,
ofrecieron su visión respecto a la legitimidad y/o legalidad del llamado «derecho
a decidir». Surgió ante la idea, que, de forma interesada, políticos, intelectuales
y periodistas contrarios, difunden sobre que el reconocimiento o ejercicio de
ese Derecho, queda, según ellos, al margen del ordenamiento constitucional, así
como del marco jurídico internacional y por tanto no goza de ninguna
legitimidad. Los jueces y magistrados entienden que la negación del derecho a
decidir sólo se puede entender y sostener por un criterio estrictamente
ideológico y político, puesto que el llamado «principio democrático» impregna
todo el ordenamiento jurídico internacional y comunitario, y una de sus
manifestaciones más elementales es el derecho de los pueblos y naciones a
decidir su futuro.
Como juristas, consideran «que este derecho a decidir se
puede ejercer en el actual marco constitucional, desde una perspectiva dinámica
y viva, no sacramental, de la Constitución, como corresponde a un Estado social
y democrático de Derecho, que, como define el artículo 1 CE, «propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político». La CE es un instrumento de convivencia
democrática, que «debe permitir un proceso continuo de discusión y evolución, y
la consiguiente aceptación de cualquier proyecto legítimo de modificación del
orden constitucional».
El artículo 9.2 de la CE, manifiesta que «Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural
y social». Que promuevan y remuevan y faciliten la participación de todos en
los temas de especial trascendencia que nos afecten directamente.
El artículo 23, consagra el derecho fundamental de todos los
ciudadanos «a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes». Por su parte el 92, prevé que «Las decisiones políticas de
especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos
los ciudadanos». La Constitución lo permite; permite que se pregunte al pueblo,
porque preguntar no ofende; por el contrario clarifica y compromete. En el
marco constitucional actual, «interpretado a la luz de la normativa
internacional y de los principios y derechos fundamentales que la inspiran, es
viable el legítimo ejercicio del derecho a la consulta que reclama de forma
mayoritaria la sociedad catalana», dicen los jueces y magistrados de Catalunya.
Cameron anticipa una revolución, con una cesión histórica de
poder a las cuatro naciones británicas, abriendo el camino a un Estado federal,
en el que estará incluido Gibraltar y que Rajoy tendrá dificultades para volver
a reivindicar. Ignorando el derecho a decidir, pierde el respeto a la soberanía
popular. El gobierno, ignorando la lección democrática británica y escocesa,
irá a los tribunales para frenar lo que llaman secesionismo. Utilizará el
Código Penal, tomará Catalunya por las armas si es preciso, declarará el Estado
de Excepción si le conviene, suspenderá la autonomía asumiendo sus competencias,
meterá en la cárcel a Mas por delito de sedición y desconocemos que hará contra
los miembros del Parlament que han votado a favor de la Ley de Consultas. Todo
está dispuesto contra Catalunya, menos utilizar el diálogo para la resolución
de conflictos, criminalizando al pueblo que pide democracia.
La negativa del gobierno a la consulta catalana, no es más
que la muestra de ausencia total de procesos de participación a través de
referendos y otros procedimientos. Consultas en temas fundamentales de interés
social, económico o ecológico, como la negación de la soberanía a los
territorios de Canarias y Baleares, para decidir sobre el uso de sus recursos
naturales. También en temas sociales y económicos, como la reforma laboral y de
pensiones. El Estado, a través de gobiernos reaccionarios, como el que nos toca
soportar, en ocasiones con el apoyo de la oposición mayoritaria, limita el
derecho a decidir en todos los espacios posibles, incluso sobre el propio cuerpo,
como es el caso contra las mujeres en la reforma de la ley del aborto Gallardón.
No sabemos si Rajoy deja solo al ministro, como estrategia para que sea el
Tribunal Constitucional quién se encargue de hacer el trabajo sucio de ambos.
Se está produciendo una profunda involución democrática en
lo político, lo económico y lo social. Junto con la pérdida o limitación de
derechos en todos los ámbitos, el gobierno se alza con su modelo totalitario en
una España, como «unidad de destino en lo universal», alejada de los auténticos
fundamentos democráticos constitucionales. Negando el derecho a decidir sobre
el modelo político, social y económico, se niega también el derecho a decidir
sobre el modelo de estado; algo que inevitablemente la historia resolverá. Por
el derecho a decidir, en una democracia participativa.
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100