La auditoría de la deuda: instrumento irrenunciable para su gestión democrática

La auditoría de la deuda: instrumento irrenunciable para su gestión democrática
La ONU dice que un Estado soberano tiene derecho a elaborar su política macroeconómica, incluida la reestructuración de su deuda.

La evolución de la situación griega ha puesto sobre la mesa la gestión de la deuda pública como un elemento esencial para la salida de la crisis. Independientemente de la valoración que se pueda tener sobre las decisiones de Tsypras, la enseñanza fundamental es que no se puede vencer en una batalla económica (tan cruel como otra con armas letales), si no se crean las condiciones (incluidas el cambio de los flujos del comercio internacional, el desarrollo de las infraestructuras turísticas y energéticas y las fuentes alternativas de financiación) para tener posibilidades de victoria, aunque sea parcial. Esas condiciones no se pueden crear en el campo de la economía en tres meses y Grecia no las tenía.




Según afirma Fernández Steinko en su blog, retomando a G. Stathakis, el Tercer Memorandum griego es una “mini-reestructuración” de la deuda griega al permitir suavizar su carga y añade “la reestructuración consiste, en esencia, en una permuta de deuda a corto plazo por deuda a largo plazo, en este caso a unos tipos más bajos. Esta permuta le permite al país, además, participar de las políticas de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo (compra de deuda pública en los mercados secundarios) como cualquier otro país de la Unión Europea. Los acreedores se comprometen a iniciar un nuevo programa de reestructuración del conjunto de la deuda contraída a cargo del Mecanismo Europeo de Estabilidad con el fin de garantizar la viabilidad de su pago a largo plazo. Esta reestructuración se iniciaría con una ronda de negociaciones que incluye la quita de una parte de la deuda a partir de finales de este año, aunque siempre y cuando la parte griega vaya cumpliendo sus compromisos. Los negociadores, y la propia Christine Lagarde, del FMI saben que toda la deuda es impagable y que una parte tiene que sufrir, o bien una quita o algo parecido, como es el alargamiento del período de amortización -por ejemplo a 40 años- así como una adaptación continuada de los pagos periódicos a las tasas de crecimiento de su PIB. En definitiva, algo parecido a lo que los acreedores aliados le concedieron a Alemania Federal en la Conferencia de Londres de 1953.”

El precedente griego, si conseguimos superar el análisis de buenos y malos, tiene que servirnos para comenzar a crear las condiciones para resistir los ataques que, sin duda, van a venir desde dentro y desde fuera si hay un gobierno alternativo en España tras las próximas elecciones.

La auditoría de la deuda, una necesidad política y económica

El concepto de deuda ilegítima o deuda odiosa es un concepto del derecho internacional y no tiene nada que ver con el extremismo.

Existen múltiples ejemplos de su aplicación. Por ejemplo los Estados Unidos sobre la deuda contraída por el Gobierno de Iraq. 

Conocer la legitimidad del 100% de la deuda pública es un derecho que expresa la soberanía democrática de un pueblo. Por tanto, para Izquierda Unida, la auditoría de la deuda es una medida irrenunciable e imprescindible para articular cualquier política futura con relación a ella. Esa auditoría debe ser tan solvente como democrática y participativa. Por tanto, será necesario crear un Comité para la auditoría de la deuda pública, dependiente del Congreso de los Diputados, en el que participen sindicatos y organizaciones sociales y que esté abierto a los informes de las organizaciones profesionales (economistas, fiscalistas, etc.).

Pero hay un aspecto crucial y es que la auditoría de la deuda permitirá a un futuro gobierno su control y el de sus intereses y, por tanto, la posibilidad de gestionar desde el conocimiento cualquier política. Es decir, ser dueño de acuerdos y desacuerdos. Sólo así se puede negociar.

Trabajar a partir del servicio de la deuda

Como es sabido, el servicio de la deuda es el coste del dinero prestado, o sea los intereses. En el presupuesto para 2016 el Gobierno del PP ha comprometido 33.500 millones de euros para su pago, muy cerca del 3% del PIB. Sin embargo, en la última subasta el bono a 5 años se cotizó con una rentabilidad del 0,87%. Existen por tanto, posibilidades reales de gestionar la deuda para hacer bajar su servicio histórico. 

Esa gestión, que debe comprender negociación y elementos políticos y económicos, puede permitir bajar los intereses de la deuda al 1% del PIB y ahorrar unos 20.000 millones anuales, contando con las nuevas necesidades de financiación para amortizar el principal. Lograrlo no es imposible aunque no sea tarea fácil: ejemplos existen y van desde las negociaciones posibles en el Club de París hasta las intervenciones en el mercado como hizo Ecuador con Correa. Por supuesto, el mejor instrumento es un cambio de política del BCE, pero puede ser sustituido con imaginación y determinación políticas.

Reducir al 1% del PIB los intereses de la deuda es uno de los objetivos del programa electoral de IU. Los 20.000 millones ahorrados serán un instrumento clave para cualquier política de empleo y de estímulo de la economía.

La distribución de la tenencia de la deuda, un factor clave

En los próximos 5 años vence el 51,9% del principal de la deuda del Estado, según informa el Tesoro Público. La gestión de la deuda debe ser cuidadosa con la distribución de sus tenedores. No es lo mismo la deuda externa que la interna: cada una de ellas permite un tratamiento diferente. En cuanto a la deuda interna, hay que tener en cuenta que el fondo de reserva de la Seguridad Social (es decir la llamada “hucha de las pensiones”) está invertido en deuda pública y que el tratamiento propuesto por algunos lo liquidaría.

De los 880.000 millones de deuda del Estado, algo menos de la mitad (el 46,3%) está en manos de no residentes en el territorio español.

La resolución de Naciones Unidas, un sólido punto de apoyo para una gestión democrática de la deuda

El 10 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución por la que establece principios básicos a tener en cuenta en procesos de reestructuración de deuda soberana y subrayó que acreedores y deudores deben actuar de buena fe y cooperar para llegar a un acuerdo consensuado. Esta resolución, que ha sido completamente ignorada por los medios de comunicación en España, incluye 9 principios que permiten una alternativa con respaldo internacional. El más trascendente es que un Estado soberano tiene derecho a elaborar su política macroeconómica, incluida la reestructuración de su deuda. Ese derecho no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas.

El deudor y los acreedores deben actuar de buena en negociaciones constructivas. 

Se establece el criterio de que la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva.

Así mismo se establece el criterio de sostenibilidad que significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, que permita el crecimiento sostenido y sostenible y garantice el respeto de los derechos humanos, de forma que, por ejemplo, no sería prioritario el pago de la deuda sobre el gasto social de un Estado. Finalmente los acuerdos mayoritarios con los acreedores no pueden ser impedidos u obstaculizados por un Estado o acreedores minoritarios. Como puede verse, el derecho internacional permite resolver en el interés de la mayoría los problemas de la deuda.


JOSÉ ANTONIO GARCÍA RUBIO
Secretario de Economía y Trabajo de IU



Publicado en el Nº 290 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2015
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