La violación a los derechos humanos hace crisis en México

La violación a los derechos humanos hace crisis en México
Alguna vez Nelson Mandela dijo: “negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad”, una frase que los gobiernos de todo el mundo deberían adoptar como propia para que prevalezca la justicia y la paz entre sus gobernados. 





En el año que está por concluir, el Gobierno mexicano fue señalado por diversas organizaciones nacionales y extranjeras por negar estos derechos y hacer oídos sordos a los reclamos de miles de mexicanos indignados por la impunidad que se vive en todo el territorio nacional. Esta crisis de derechos humanos no sólo se concentró en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluyó la represión, las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades indígenas y de los activistas. Este 2015 no fue un año bueno para México en materia de derechos humanos, y, como sucede en la mayoría de las veces, los niños, mujeres e indígenas fueron la población más lacerada ante la indiferencia del Estado mexicano para hacer frente a esta “grave crisis”, como lo calificó la CIDH.

Un país donde existen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, represión, censura, detenciones arbitrarias, migrantes maltratados, un sistema de salud obsoleto, una educación precaria, presos políticos, presos por hambre… El quebranto de los derechos humanos en todo su esplendor, así es como diversas organizaciones nacionales e internacionales calificaron a México este 2015.

Un año antes, a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, México atrajo la atención internacional porque durante las investigaciones salieron a la luz ligas de autoridades con el crimen organizado y violaciones a la integridad de los estudiantes por parte de éstas.

Antes de Ayotzinapa, también Tlatlaya, en el Estado de México, levantó la indignación. En ese municipio, más de una decena de personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano, y la manera en que el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) trataron de sepultar el caso también mostró la falta de voluntad política del Estado mexicano para atajar y combatir este problema.

Estos hechos no escaparon de los organismos internacionales encargados de defender los derechos humanos y se pronunciaron al respecto con informes, recomendaciones y documentos que demuestran con cifras y testimonios que México se ha convertido en un país peligroso para quienes alzan la voz y divergen de las acciones del gobierno.

Pero este 2015 la crisis de los derechos humanos estalló, las protestas que surgieron en todo el territorio nacional se extendieron fuera del país, no sólo se escuchó el eco de los miles de mexicanos reclamando justicia y cese a la impunidad en las calles, ahora se escuchó la voz, una voz que llegó a oídos de organismos internacionales ante el silencio del Estado mexicano.

Diversos organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y el Programa México y Derechos Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), han expuesto la grave crisis de derechos humanos que vive el país y han llamado al Estado mexicano a reconocer el problema y establecer medidas que protejan la dignidad de las personas.

La crisis de derechos humanos no sólo se concentra en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluye la represión, las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades indígenas y de los activistas en diversas partes del país.

Además, los crecientes ataques a la libertad de expresión, reflejados en asesinatos y secuestros de periodistas, y atentados contra medios de comunicación, han situado a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

De 2006 hasta el pasado 9 de octubre, el Gobierno de México sumó 548 recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”.

De acuerdo con el recuento, la CNDH es el organismo que ha hecho el mayor número de recomendaciones al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la mayoría se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.

El pasado 15 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU lamentó observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones que realizó al gobierno de México tras su visita efectuada en 2011 y se dijo especialmente preocupado por el deterioro que prevalece en el país desde que presentó su informe.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció. El pasado 28 de septiembre cuestionó a diversos funcionarios del Gobierno federal sobre los crímenes contra periodistas y ataques a migrantes, durante el inicio de su visita de una semana a México.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, reclamó a México la falta de atención a periodistas. Dijo a los funcionarios federales que en México “hay una brecha entre medidas de protección, y violencia y asesinatos contra periodistas”.

Por otra parte, el Comisionado Felipe González sostuvo que en materia de migración, se ha visto en México “un grave incremento en la violación de los derechos humanos”.

El Comisionado James Cavallaro sostuvo que la CIDH estaba “preocupada por la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales” en el país, entre ellas citó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, en el Estado de México, a manos de militares y el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de policías federales en Tanhuato, Michoacán.

Este último caso ocurrió este año, el 22 de mayo pasado, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, donde un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 42 hombres muertos, tres más detenidos y un policía federal caído.

De acuerdo con las autoridades, el tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otra organización que realizó recomendaciones al Estado fue Amnistía Internacional. El pasado 7 de octubre expuso que México debe cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política y dar pasos firmes para pasar del discurso al desarrollo de planes integrales y medidas concretas para resolver los problemas estructurales en materia de derechos humanos.

En materia de violaciones a los derechos humanos a los presos, el gobierno mexicano también recibió regaños.

El 15 de octubre la CIDH advirtió que en los reclusorios federales y estatales de México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independiente.

Por su parte, la CNDH denunció en un documento que existe un problema de sobrepoblación en los penales en el país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les mina la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.

Si se considera que no todos los presos son culpables, la cifra de violaciones a los derechos humanos y las recomendaciones se duplicarían para el Estado.

De acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer.

Este tipo de delito se le conoce como Robo Famélico y por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones, un aumento de casi 2 millones de personas respecto al 2012.

El grupo más vulnerable que el Estado ha descuidado y donde se han cometido severas violaciones a los derechos humanos es la niñez.

En octubre pasado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó que en la grave crisis de derechos humanos que vive México, los infantes y los adolescentes son los que tienen más probabilidades de padecer y perecer.

Juan Martín Pérez García, director REDIM señaló que en el ámbito de desapariciones, en los registros disponibles por parte del Estado mexicano hay 23 mil casos registrados de desaparición de los cuales 6 mil 700 son de personas menores de 18 años. En el segmento de 15 a 17 años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Los estados donde hay un número importante de desapariciones son el Estado de México, Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero.

NO OIGO, NO OIGO…

A pesar del amplio consenso internacional sobre la gravedad de la crisis de derechos que existe en el país, las autoridades mexicanas han reaccionado con intolerancia ante la crítica pública y ante informes de diversas instancias internacionales.

“Esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en acciones sobre otros informes presentados recientemente (…) En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, señaló el pasado 7 de octubre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein.

Entre las propuestas que hizo el funcionario del organismo internacional para superar la crisis de derechos humanos en México fue el adoptar las recomendaciones del GIEI de la CIDH, fortalecer las procuraduría estatales y la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública, en un marco de respeto de los derechos humanos y sobre el uso de la fuerza, y adoptar un programa de medidas para desmilitarizar las tareas de seguridad pública del país.

La grave crisis de derechos humanos por los que atraviesa México y que las autoridades no reconocen, o al menos no públicamente, ya le pegó a México en lo económico.

El pasado 18 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a “las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas”.

Como era de esperarse, el Gobierno federal trató de minimizar el recorte de la Iniciativa Mérida, y en voz de la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, lo calificó como “insignificante”, además de señalar que no impactará en las acciones de seguridad ni en la relación con ese país.

Para analistas y organizaciones, el Gobierno de los Estados Unidos mandó un mensaje contundente a México: que en el país no hay avances en materia de derechos humanos.

Ese mismo mes, Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que para que las recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan un impacto real en los derechos humanos, es necesario que el Gobierno mexicano reconozca la magnitud de las violaciones a los mismos.

Guadalupe Fuentes López

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