Un nuevo país, una nueva Constitución

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Para construir un nuevo paí­s necesitamos una nueva Constitución

La Constitución de 1978 se ha revelado incapaz de ofrecer una solución a los graves problemas que existen en España. Paro, deterioro irrefrenable de derechos como la educación pública y la sanidad universal, mordaza a las libertades, corrupción, desconfianza ciudadana en las instituciones, desigualdad de género y terrorismo machista. Estos son tan solo algunos de los problemas que la ciudadanía sufrimos y soportamos cada día con más crudeza.




Frente a esta dura realidad, desde Unidad Popular-Izquierda Unida apostamos por un nuevo país. Un país libre, igualitario, solidario, laico, pacifista, republicano, federal, sostenible, participativo, con plena garantía de derechos sociales y una economía al servicio de la gente, con una justicia independiente y unas instituciones transparentes y dignas de merecer confianza. Un país donde las decisiones colectivas se adopten colectivamente, sin ceder al chantaje de los poderes económicos y financieros. Un país, en suma, en el que se garanticen los instrumentos para que todas podamos llevar una vida digna. Un país mejor, por el que todos y todas sintamos ilusión y orgullo. Se lo debemos a nuestras hijas y a nuestros hijos.

Somos conscientes de que este nuevo país necesita mucho esfuerzo y de que el camino no será fácil. Pero somos conscientes de que lo conseguiremos. Y para alcanzarlo, aunque no sea suficiente, se requiere una nueva Constitución nacida de un proceso constituyente en el que todas y todos podamos participar. No basta con reformas más o menos cosméticas y superficiales, que solo servirían para apuntalar y dar continuidad al régimen actual, ese que tanto dolor está causando a la gente. Merecemos una nueva Constitución nacida de la ilusión y de un nuevo pacto colectivo ciudadano.

Desde Unidad Popular-Izquierda Unida apostamos por ese proceso constituyente que nos lleve a una nueva Constitución y siente las bases para ese nuevo país que imaginamos y queremos, por las siguientes cinco razones:

1. Solo un proceso constituyente garantiza la participación de la ciudadanía desde el inicio en la creación de esa nueva Constitución.

La ciudadanía es dueña de la Constitución, de forma que debe ser esta la que desde un principio participe activamente en su creación y contenidos. El proceso constituyente permite y abre cauces para que la ciudadanía manifieste su voluntad colectiva de construir los elementos y principios de este nuevo país que anhelamos.

2. Solo un proceso constituyente evita que puedan realizarse reformas puntuales y concretas al texto de la Constitución a través de pactos desde los propios partidos que excluyan la participación ciudadana directa en el proceso, tal y como sucedió en la reforma exprés del art. 135 en el verano de 2011.

Proponer reformas importantes de la Constitución por la vía del actual art. 167 -es decir, sin la participación ciudadana directa en el proceso- es un “engaño constitucional”. Frente a este riesgo, el proceso constituyente supone dar la palabra al pueblo para que, mediante un proceso ampliamente participativo y desarrollado fuera de los estrechos márgenes parlamentarios, decida cómo quiere que sea su nuevo país.

3. Toda propuesta de reforma de calado de los puntos de la Constitución actual requiere la apertura de un proceso constituyente.

Según el art. 168 de la Constitución, toda reforma de la Constitución que afecte a alguna de sus instituciones centrales requiere la celebración de elecciones, la formación de nuevas Cortes (que serían constituyentes) y la ratificación final de la reforma por la ciudadanía mediante referéndum. Esta es la vía por la que optamos en Unidad Popular-Izquierda Unida: seguir el cauce que establece el actual art. 168 de la Constitución para llevar a cabo una revisión total de su texto a través de un proceso constituyente. Por tanto, todas aquellas reformas que afecten a la garantía de derechos sociales como el trabajo o la vivienda, al modelo de Estado, a su organización territorial o a la instauración de la necesaria laicidad del Estado tendrían que hacerse por este proceso

4. Solo a través de una nueva Constitución pueden configurarse y garantizarse los principios y valores que conforman ese nuevo país que deseamos: un Estado republicano, laico, federal, sostenible, igualitario, participativo, solidario y, ante todo, garante de los derechos y libertades de las personas.

Se requiere un nuevo texto constitucional que marque “líneas rojas” en defensa de los derechos, la igualdad y la democracia radical frente a la acción de poderes públicos y privados. Como se ha demostrado en estos años de la crisis, la Constitución de 1978 no cuenta con instrumentos en su interior para detener este deterioro irrefrenable de la calidad de vida de las personas. De ahí que sea necesario elaborar un nuevo texto constitucional que responda a las demandas y necesidades de la ciudadanía.

5. Solo un proceso constituyente permitirá crear un relato colectivo que supere la Cultura de la Transición y que genere una cultura ciudadana republicana y comprometida con los derechos y la defensa de lo público.

Las reformas puntuales del texto constitucional no pretenden superar el relato legitimador del régimen actual, la llamada Cultura de la Transición, sino más bien reafirmarle. En cambio, un proceso constituyente y una nueva Constitución permitiría (recordando y poniendo en valor la experiencia republicana y el relato de las víctimas de la dictadura franquista) conformar la necesaria cultura ciudadana de compromiso con lo público, la democracia y los derechos humanos.

Hoy, 6 de diciembre de 2015, comienza el camino hacia un nuevo país.

Un nuevo país, una nueva Constitución
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