80 años después, Manifiesto del Frente Popular

80 años después, Manifiesto del Frente Popular

Manifiesto del Frente Popular

"Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierda que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes."





Así es como empieza el manifiesto del Frente Popular, suscrito por representantes de los partidos que figuran al pie del mismo y dado a conocer semanas antes de la celebración de las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, que supusieron la victoria de dicho Frente, con un 34,3 por ciento de los votos, sobre el Frente Nacional Contrarrevolucionario, conformado por los partidos conservadores como reacción a la unión de la izquierda y que obtuvo el 33,2 por ciento de los votos. De todo el manifiesto, cuya lectura íntegra puede ser interesante ochenta años después, entresaco los puntos que siguen:

VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista. Convienen en:

1° Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.

2° Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia, a fin no sólo de que las partes interesadas adquieran conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.

3° Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante los Tribunales. Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro, es menester, además, organizar, administrativa y técnicamente, la lucha, estableciendo los servicios que sean necesarios de estadística, clasificación, oficinas de colocación y Bolsas de Trabajo, preocupándose de modo especial del paro en la juventud, y sin olvidar tampoco las instituciones de previsión y seguro que, prometidas por la Constitución, deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social. Los republicanos han de dedicar a la asistencia pública, beneficencia y sanidad la atención que merecen en todo pueblo civilizado, sin regatear sacrificios. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las diversas instituciones de fundación privada, totalizando sus recursos, sin perjuicio del respeto a la voluntad del finado.

VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social.

1° Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de someter a la enseñanza privada a vigilancia, en interés de la cultura, análoga a la que se ejercite cerca de las escuelas públicas.

2° Crearán las enseñanzas medias y profesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos en condición de recibir la de estos grados.

3º Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para que puedan ser debidamente servidas.

4° Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera y, en general, a los estudiantes seleccionados por su capacidad. Los partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución. Se orientará la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.

Por Izquierda Republicana: Amos Salvador. Por Unión Republicana: Bernardo Giner de los Ríos. Por el Partido Socialista Obrero: Juan Simeón Vidarte y Manuel Cordero. Por la Unión General de Trabajadores, Francisco Largo Caballero. Por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, José Cazorla. Por el Partido Comunista, Vicente Uribe. Por el Partido Sindicalista, Ángel Pestaña. Por el Partido Obrero de Unificación Marxista, Juan Andrade."

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