Amnistía Internacional avergüenza a España en su último informe sobre Derechos Humanos

Amnistía Internacional avergüenza a España en su último informe sobre Derechos Humanos
"No sólo peligran nuestros derechos, sino también las leyes y el 
sistema que los protegen. Más de 70 años de duro esfuerzo y 
avances en materia de derechos humanos están en la cuerda floja".
Salil Shetty, Secretario General de DD.HH de Amnistía Internacional


En el Informe Anual 2015/16 que emite Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos (DD.HH) en el mundo, el caso de España es llamativo.  A pesar de ser uno de los llamados países del "primer mundo", en España se han restringido varias libertades, desoyendo las recomendaciones de la ONU. Todas ellas han sido recogidas en este informe:







REINO DE ESPAÑA 

Jefe del Estado: rey Felipe VI de Borbón 
Jefe del gobierno: Mariano Rajoy

La libertad de reunión se vio restringida por nuevas disposiciones legislativas. Se denunciaron nuevos casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de la policía. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo expulsiones colectivas e hicieron uso excesivo de la fuerza contra personas que trataban de entrar de forma irregular en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos. La impunidad continuaba siendo motivo de honda preocupación.

INFORMACIÓN GENERAL
En diciembre se celebraron elecciones generales que dieron como resultado un Parlamento fragmentado. El Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, presidente en ejercicio, fue la fuerza más votada; sin embargo, no consiguió escaños suficientes para formar gobierno en solitario. Hubo menos manifestaciones que en años anteriores contra las medidas de austeridad del gobierno, pero éstas seguían en vigor y persistía su efecto negativo en los derechos humanos.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN
En julio entraron en vigor una reforma del Código Penal y una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Ambos textos tipificaban delitos que podían limitar de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La Ley de Seguridad Ciudadana establecía límites sobre dónde y cuándo estaban permitidas las manifestaciones, y sanciones adicionales para quienes celebrasen manifestaciones espontáneas frente a ciertos edificios públicos. Además, dotaba a los agentes de policía de amplias competencias para multar a personas que les mostraran “faltas de respeto”. También tipificaba como delito la difusión de imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las repercusiones de esta ley.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por la continuidad de la detención en régimen de incomunicación y recomendó que España modificara la definición de la tortura en su legislación y que investigara de forma efectiva todas las denuncias de tortura y otros malos tratos. Se recibieron informes sobre casos de malos tratos en la frontera y en centros de detención a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los retrasos y la ineficacia de las investigaciones relacionadas fueron motivo de preocupación. Numerosas causas se archivaron sin dar lugar a procesamientos, incluidas varias en las que no fue posible identificar a los agentes de policía implicados porque no llevaban placa de identificación en el uniforme. Al concluir el año no había comenzado el juicio penal contra dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por causar lesiones graves a Ester Quintana, que perdió un ojo en noviembre de 2012 debido al impacto de un proyectil de goma disparado por la policía durante una protesta en Barcelona. En septiembre, el gobierno catalán accedió a pagar una indemnización de 260.000 euros a Ester Quintana en un acuerdo extrajudicial.

DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
El 3 de febrero, seis hombres procedentes del África subsahariana fueron devueltos sumariamente a Marruecos desde Ceuta. En años anteriores, especialmente en Melilla, se habían denunciado con frecuencia casos similares de expulsiones colectivas a Informe 2015/16 Amnistía Internacional 179 Marruecos de personas que estaban bajo el control de agentes de la Guardia Civil, sin evaluar individualmente su situación ni darles la oportunidad de solicitar asilo. En marzo se modificó la ley de extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de migrantes y refugiados en las fronteras de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. La nueva disposición allanaba el camino para nuevas expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional. No obstante, el número de personas que intentaban cruzar las vallas que separan Melilla de Marruecos disminuyó a partir de febrero, cuando las autoridades marroquíes desmantelaron varios campamentos improvisados en el norte del país. En mayo, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por la práctica de las “devoluciones en caliente” desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya que el rechazo en frontera impedía el acceso a los procedimientos de asilo. En julio, el Comité de Derechos Humanos instó a España a cumplir el principio de no devolución (non-refoulement) y a proporcionar acceso a procedimientos efectivos de concesión de asilo. En agosto se archivó la investigación en Melilla sobre el caso de un migrante que había sido objeto de devolución sumaria a Marruecos en octubre de 2014 cuando intentaba cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla. El tribunal no pudo recabar testimonios de otros migrantes, ya que también habían sido expulsados colectivamente en la misma operación policial. Agentes de la Guardia Civil habían dado una paliza al hombre y después lo habían llevado inconsciente hasta el lado marroquí de la frontera. Pese a existir pruebas en vídeo, el Ministerio del Interior afirmó que no era posible identificar a los agentes implicados. Al finalizar el año estaba pendiente la resolución de un recurso contra el cierre de la investigación. En octubre se ordenó el archivo provisional de investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por la Guardia Civil en la playa de El Tarajal en febrero de 2014, cuando agentes de la Guardia Civil emplearon proyectiles de goma y botes de humo para impedir que unas 200 personas llegaran a nado al lado español de la playa desde el lado marroquí. Se devolvió sumariamente a Marruecos a 23 personas, y al menos otras 14 murieron en el mar. Continuaban las restricciones a la libertad de circulación de las personas solicitantes de asilo, ya que en Ceuta y Melilla aún necesitaban una autorización de la policía para desplazarse de los enclaves al continente. Estas restricciones incumplían la legislación nacional y habían sido declaradas ilegítimas por varios tribunales españoles. En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla imperaban condiciones de hacinamiento grave. A menudo, las personas solicitantes de asilo debían esperar en Melilla al menos dos meses —en algunos casos más— antes de ser trasladadas al continente; en Ceuta, el periodo de espera era más largo. Al concluir noviembre se habían presentado 12.500 solicitudes de asilo en España. En octubre, en el marco del régimen europeo de reubicación, España aceptó reubicar a 14.931 solicitantes de asilo antes del final de 2016; en 2015 sólo ofreció 130 plazas de reasentamiento. Cerca de 750.000 migrantes indocumentados vivían en España sin acceso adecuado a servicios de salud. Varios organismos de la ONU recomendaron que España garantizase el acceso universal a estos servicios.

SEGURIDAD Y MEDIDAS ANTITERRORISTAS
La reforma en octubre de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no eliminaba el uso de la detención en régimen de incomunicación, pese a que varios organismos internacionales de derechos humanos habían señalado con preocupación que este tipo de detención incumplía las obligaciones internacionales de España. Los avances se limitaron a excluir a las personas 180 Informe 2015/16 Amnistía Internacional menores de 16 años de la aplicación del régimen de detención incomunicada. En julio, el Comité de Derechos Humanos recomendó una vez más a España que ofreciera un remedio efectivo a Ali Aarrass por las torturas y malos tratos que había sufrido en Marruecos. España lo había extraditado allí en 2010, pese a que se temía que pudiera sufrir tortura y a que el Comité había solicitado cautelarmente que no se llevara a cabo la expulsión mientras examinaba el caso. En julio se modificaron varios artículos del Código Penal relativos a los actos de terrorismo, incluida la definición de estos actos, que pasó a ser más amplia. El relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión señaló que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que no constituirían de otra manera terrorismo y dar lugar a la imposición de restricciones desproporcionadas sobre el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, entre otras limitaciones.

DISCRIMINACIÓN
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana establecía que la policía debía realizar los controles de identificación sin discriminar por razones de origen étnico o por cualquier otro motivo. En mayo, el gobierno creó un observatorio contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género para recibir denuncias de víctimas y testigos y proporcionar una respuesta rápida a los actos de discriminación por estos motivos.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 56 mujeres habían perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas hasta mediados de diciembre. En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a España a garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia de género tuvieran acceso a reparación y protección, que los funcionarios que las atendían contaran con la formación adecuada y que se enjuiciara a los responsables. Al concluir el año, el gobierno seguía negándose a proporcionar reparación a Ángela González Carreño, víctima de violencia de género cuya ex pareja había matado a la hija de ambos en 2003. Aunque había denunciado episodios anteriores de violencia en el ámbito familiar, no había recibido una protección adecuada.

IMPUNIDAD
Las definiciones de desaparición forzada y tortura en la legislación española seguían sin ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos. Se archivaron varias causas internacionales importantes debido a las restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción universal. En particular, en julio, la Audiencia Nacional decidió suspender su investigación sobre torturas y otros malos tratos en el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba), pese a que en mayo se habían presentado documentos que implicaban a agentes españoles en el interrogatorio de detenidos en el centro. Al finalizar el año estaba pendiente un recurso. También en julio, un tribunal militar archivó la investigación de las torturas infligidas por cinco militares españoles a dos detenidos en una base militar española en Irak en 2004, debido a que no había podido identificar a las víctimas ni a los responsables. La exhaustividad de la investigación llevada a cabo por el tribunal era objeto de dudas. Se siguió privando del derecho a obtener verdad, justicia y reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen de Franco (1936-1975), ya que las autoridades españolas no prestaron asistencia adecuada a los jueces argentinos que investigaban estos crímenes. En marzo, el gobierno rechazó una solicitud presentada por la justicia argentina, que pedía la extradición de 17 personas. Posteriormente, un grupo de expertos de la ONU instó a España a cumplir su obligación de extraditar o juzgar a las personas responsables de Informe 2015/16 Amnistía Internacional 181 violaciones graves de los derechos humanos.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
En septiembre se aprobó legislación que obligaba a las menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual a obtener el consentimiento de su padre, madre o tutor para acceder a servicios de aborto seguros y legales. Tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica instaron a España a no restringir el acceso de mujeres y niñas a estos servicios. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recomendó a España que se asegurara de que ninguna barrera legal obligaba a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que ponía en peligro su vida y su salud.

DERECHO A LA VIVIENDA
Según estadísticas publicadas en marzo por el Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2014 se habían iniciado en España 578.546 procedimientos de ejecución hipotecaria; durante los primeros nueve meses de 2015 se iniciaron otros 52.350. Las medidas que había adoptado el gobierno en años anteriores para mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su hogar no proporcionaban un recurso efectivo a aquéllas cuyo derecho a la vivienda podía haberse vulnerado. En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a España que garantizara el acceso a recursos judiciales de las personas que se enfrentaban a procedimientos de ejecución hipotecaria.

El informe es poco esperanzador. En términos generales, da cifras como estas: 122 países han ejercido la tortura, 113 países han restringido la libertad de expresión, 60 millones de personas han huido de sus hogares, 156 activistas defensores de los derechos humanos han sido ejecutados o asesinados, el 55% de los países ha tenido juicios injustos y 36 grupos armados violan los derechos humanos de manera sistemática en todo el mundo.

Amnistía insta a que sean los gobiernos los que den el primer paso siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas.

El Secretario General de DD.HH de Amnistía Internacional, Salil Shetty, afirma: "Hoy el mundo se enfrenta a múltiples desafíos que, en su origen, son creados o prolongados por gobiernos que juegan a hacer política con la vida de las personas (...) Son los dirigentes mundiales quienes tienen en sus manos la posibilidad de que estas crisis se vuelvan todavía más incontrolables. Los gobiernos deben parar su asalto contra nuestros derechos y reforzar las defensas que ha establecido el mundo para protegerlos. Los derechos humanos son necesarios, no accesorios, y la humanidad no se ha jugado tanto como ahora".

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  • Date : 26.2.16
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