Los líderes europeos han perdido la decencia

Los líderes europeos han perdido la decencia
Hay deportaciones. Los líderes de la Unión Europea acuerdan deportar a Turquía a todos los inmigrantes llegados a Grecia, incluidos los refugiados sirios. Huyen de la guerra y les internan en campos de concentración, en un país con pocas garantías en el respeto de los derechos humanos. Es un drama y una vergüenza de la humanidad, que muestra la cara más insolidaria, cínica e hipócrita de los gobernantes. Ningún acuerdo con Turquía, previo pago, va a parar la avalancha de personas hacia la UE, que protege sus fronteras con vallas de cuchillas criminales y mallas de contención. «Lo que estamos permitiendo desde Europa se llama genocidio».




Así explican la situación desde el Parlamento: Europa asiste a una grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan un espacio de protección, seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos. Esta crisis demanda una acción conjunta, sensible, solidaria y responsable. La política de asilo y migración debe ser una política común en el marco de la UE, que cuente con el compromiso de todos los Estados Miembros, la colaboración con los países de tránsito y origen, y la coordinación con terceros Estados.

El Consejo Europeo confirma su estrategia global para hacer frente a la crisis, por lo que da prioridad a recobrar el control de «nuestras fronteras exteriores», lo que quiere decir que a través del Plan de Acción Conjunto UE-Turquía, acuerdan expulsar hacia Turquía a los refugiados que no cumplan los requisitos para permanecer en Grecia, junto con un plan para trasladar a suelo comunitario hasta 72.000 refugiados sirios. La UE financia a Turquía la «asistencia a los refugiados» con 6.000 millones de euros.

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, considera que se deben reforzar con celeridad las condiciones de recepción en Grecia y sus sistemas para estudiar las solicitudes de asilo y atender a las personas que sean aceptadas como refugiadas. De otra parte, sobre las personas «retornadas» (deportadas) a Turquía se debe tener acceso a un procedimiento justo y adecuado de determinación de su solicitud en un plazo razonable. Asimismo considera que en Turquía deben haberse establecido la capacidad de recepción y otros aspectos antes de que cualquier persona sea retornada desde Grecia. Las personas a las que les sea reconocido el asilo, tienen que disfrutar, sin discriminación y de acuerdo con los estándares internacionales, el acceso al trabajo, salud, educación para los niños y, en la medida en que lo necesiten, asistencia social.

EEUU califica el acuerdo de «paso muy importante», resaltando los esfuerzos turcos para cobijar «generosamente» a más de 2,5 millones de refugiados de Siria. En frente, Amnistía Internacional, que valora el acuerdo como un «golpe histórico» contra los Derechos Humanos. «Es una vergüenza, que el único paso seguro ofrecido por la UE, esté condicionado por el número de personas que pueden enviar de vuelta», denuncian desde Médicos Sin Fronteras. «La UE vuelve a poner el control fronterizo por encima de los derechos de las personas», afirman desde Oxfam Intermón. El acuerdo de los líderes europeos es un fracaso más en como gestionar la crisis de refugiados. La UE ha perdido su memoria al dar la espalda a una crisis global, ignorando el Derecho Internacional y europeo y los compromisos humanitarios. El acuerdo es indecente.

La Comisión Mixta para la UE del Congreso de los Diputados, se opuso, en una Declaración Institucional, a la expulsión colectiva de refugiados a Turquía. Es imprescindible garantizar que nadie sea expulsado hasta «la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado»; y que el acuerdo con Ankara «contenga garantías de cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto de los DDHH». Que quienes sean expulsados a Turquía no puedan ser devueltos a su país de origen y reciban protección equivalente a la prevista en la Convención de Ginebra.

El Gobierno español, «ha permitido un acuerdo que vulnera los derechos de los refugiados, en contra de la posición acordada por el Parlamento, que garantizaba el respeto de las leyes de protección internacional», ha declarado la responsable de Incidencia Política de Oxfam Intermón, quien denuncia que los líderes europeos y el gobierno turco, han acordado seguir adelante con su estrategia de «mercadeo» de personas a cambio de concesiones políticas. Los refugiados no son números, son hombres, mujeres, niños y familias enteras huyendo de la guerra, que deben ser tratados con humanidad, garantizándoles respeto, sus derechos y dignidad.

No parece que el acuerdo cumpla con la Declaración del Congreso, por mucho que el presidente del gobierno en funciones diga que «El acuerdo UE-Turquía respeta escrupulosamente el mandato del Congreso» y lo valora como razonable. Ya conocemos lo que es razonable para el personaje, que se declara en rebeldía y se niega a ser controlado por el Congreso, lo que no deja de ser un golpe de mano. Desde el PSOE, la secretaria para la UE, Iratxe García, exige «garantías» para que se cumplan «escrupulosamente» los derechos que asisten a todos los refugiados, subrayando que no consentirá que el pacto se convierta en la práctica en «un instrumento de deportación». 

Por su parte, desde Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado duramente el acuerdo alcanzado y denuncia que «cambiar dinero por vidas humanas no es aceptable». Izquierda Unida «estudia los cauces legales necesarios» para actuar contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y contra el Consejo Europeo. «A pesar de que lo hayan querido disfrazar, el acuerdo sigue siendo a todas luces ilegal» que busca fórmulas legales «para poner freno por la vía jurídica a este pacto criminal».

Turquía no es un país seguro y no ofrece garantías en el respeto a los derechos humanos. Según Amnistía Internacional la situación de los derechos humanos se deterioró notablemente tras las elecciones parlamentarias de junio y el estallido de violencia entre el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y las fuerzas armadas turcas. El gobierno sometió a los medios de comunicación a una presión sin precedentes y violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica. Aumentaron los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y malos tratos en las detenciones. Persiste la impunidad y se ha reducido la independencia del poder judicial.

Entre otras medidas, la declaración del Congreso, exige «reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino» de los 3.000 millones de euros, ampliables a 6.000, que la UE se ha comprometido para atender a los refugiados en Turquía; aplicar «de manera solidaria» el acuerdo de reubicación de 160.000 refugiados, del que hasta ahora solo se han beneficiado 937 (18 a España); establecer vías seguras de llegada de los refugiados, para que no tengan que arriesgar su vida poniéndose en manos de las mafias.

El pacto entre la UE y Turquía supone un giro en la política europea de asilo. En lugar de reforzar la cohesión, lo que hace es poner en evidencia la fragilidad y su incapacidad de hacer cumplir sus propios acuerdos. El acuerdo deja sin concretar cómo se realizarán las expulsiones, lo que constituye un verdadero agujero negro. Subraya que no habrá 'expulsiones colectivas', pero parece poco realista pensar que en apenas unos pocos días la UE sea capaz de habilitar el mecanismo que garantice que cada solicitante tenga una entrevista, se le abra un expediente y tenga la posibilidad de recurrir la expulsión. «Pese a todo el voluntarismo y tantas lagunas, ni siquiera está claro que el acuerdo vaya a lograr los objetivos que se propone» (Editorial de El País).

El acuerdo «demuestra hasta qué punto el club comunitario se encuentra en un estado de alarmante decadencia» (Editorial en El Mundo). El mayor drama humanitario al que se enfrenta Occidente desde la Segunda Guerra Mundial es un asunto tan complejo y de difícil gestión que no se puede abordar ni con demagogia ni con soluciones milagrosas inexistentes. Echarse en brazos del Gobierno de Ankara, mediante un acuerdo que no es sino un mal parche, en modo alguno resolverá la llegada masiva de refugiados.

El acuerdo entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y Turquía «es la concreción del retroceso, en aquel objetivo de libertades y solidaridad que se puso en marcha a mitad del siglo XX (Editorial en La Vanguardia). Todas las previsiones pueden ser papel mojado en pocas semanas. Ni el sistema político turco ofrece garantías de que se cumplan los acuerdos ni que actúe de forma eficiente para frenar el alud de peticionarios de asilo político y humanitario. Tampoco está claro que la UE pueda garantizar la gestión del asilo de forma adecuada, como no lo ha hecho hasta ahora. Turquía ha aprovechado la ocasión para promover sus propios intereses con respecto a Europa, mientras en su país sigue transgrediendo los derechos humanos

La UE subcontrata a un país que, según AI, maltrata a los sirios. Raciona la justicia a su antojo y ahora deja a los sirios esperando nada y a nadie en Turquía. Prometieron mejorar la situación tras la tragedia de Aylán y todo ha ido a peor. La UE es un rico miserable, que se está haciendo la muerta y la pobre, que presenta la crisis económica como coartada y el mantenimiento del orden social como excusa. Se lamenta "si yo pudiera, pero es que no puedo". Son buenas razones para quitar el Nobel de la Paz a la Unión Europea (Raquel Pérez Ejerique). No se lo merece.

Refugiados bajo la lluvia, frío y reprimidos por la policía en algunos países, durmiendo en el barro, niños ante las alambradas, calamidades y miseria, muestra un panorama desolador. Qué tristeza siento ante la dramática situación. Para remediarlo, se establece un plan cobarde, cuyo objetivo es impedir el asilo a quienes huyen de la guerra. Sólo producirá más sufrimiento. Siento vergüenza de pertenecer a esta civilizada sociedad.

Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
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¡Qué tristeza!
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Hoy se cumplen ciento seis años del nacimiento de mi madre. 
Le hubiera gustado leer esta reflexión. En su memoria.
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Me sumo a mi amigo Jaume d'Urgell, presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, al pedir que Rajoy debe ser procesado por el Tribunal Internacional de la Haya, porque los recortes sociales, que ha ejecutado su gobierno, vulneran y violan la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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  • Date : 20.3.16
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