OCC condena los ataques contra la labor de Fernando Urruticoechea

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) sale en defensa de los ataques a la labor de Fernando Urruticoechea como auditor de la gestión municipal. 

Estos últimos días a raíz de unas declaraciones en un determinado medio de comunicación del interventor municipal de Orihuela (Alicante) y al hilo del reconocimiento y concesión a su persona del prestigioso premio a Llibertat d'Expressió 2016 por la Unió de Periodistes Valencians se han producido dos reacciones críticas y negativas en contestación a sus palabras. Reacciones que parten del Alcalde de Crevillente César Asencio y del Regidor de Orihuela Emilio Bascuñana, ambos del Partido Popular.



Fernando Urruticoechea lo único que pide, en la elemental obligación de su gestión, es que se aplique la Ley de Transparencia respecto de los informes de intervención y que actúen tanto la Sindicatura de Cuentas en Valencia y la Dirección General de Presupuestos, como órgano de tutela financiera.

Que un funcionario de la responsabilidad del interventor municipal sea, por un alcalde como es el de Orihuela, amenazado públicamente con la apertura de expedientes o querellas por el mero hecho de denunciar presuntos incumplimientos de la legalidad y que de esa manera se ataque su libertad de expresión como auditor de lo público es absolutamente inaceptable y lo condenamos enérgicamente desde el OCC.

Igualmente que se acuse por parte del alcalde de Crevillente a Urruticoechea de ralentizar, durante el ejercicio de sus funciones, el funcionamiento del Ayuntamiento en lo que a la intervención le concernía, es expresar públicamente y demonizar el ejercicio de las restricciones legales necesarias para que en pos del interés general se cumpliera lo que exige la normativa. 

También subyacen numerosas muestras de animadversión personal e ideológica, entre otras causas, por haberse dictaminado por sentencia judicial la nulidad del contrato de la planta de basuras de ABORNASA que fue impulsada por denuncia penal presentada por el grupo municipal de EZQUERRA y de esta forma habérsele dado la razón a las sospechas del interventor materializadas en sus informes de reparos de graves ilegalidades.

El OCC es oficialmente Acusación Popular en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Elche contra el alcalde César Augusto Asencio y ello está basado en que de lo actuado hasta la fecha, deduce el Ministerio Fiscal la existencia de delitos contra el medio ambiente (art. 325 y 328 CP), así como de Prevaricación (art. 404 CP) por la adjudicación del contrato a ABONARSA. Y todo ello sin perjuicio de nuevos delitos que pudieran surgir durante la instrucción.

En definitiva son dos formas distintas de ver y desempeñar la función pública. 

Una que bajo el amparo de un nombramiento democrático se dedica a su antojo a ejercer el poder sin permitir obstáculos en su gestión y cercenando la libertad de aquellos que se opongan a sus deseos. Y otra que desde la más absoluta neutralidad y legalidad pero en una clara inferioridad de medios, aboga por una administración cada vez más transparente, independiente de influencias e intereses personales y cuyo único interés sea el bien común.

Por todo ello hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que la posición de defensa sea mayoritaria, pétrea y nítida a favor de la libertad de expresión de los valedores del interés general. Y para que, a pesar de las dificultades que ellos sufren por su comprometido desempeño, puedan continuar fielmente trabajando para todos nosotros. 

En Alicante, a 22 de abril de 2016

Junta Directiva Nacional (OCC)
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  • Date : 22.4.16
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