Pocos ciudadanos y ciudadanas saben que en el mes de marzo, que acabamos de terminar, entró en vigor uno de los instrumentos legales represivos del franquismo del primer momento. Así es, el Estado franquista promulgó el 1 de marzo de 1940 la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo.
En el preámbulo de la disposición se condensaban las causas por las que la dictadura consideraba que debía perseguir a la Masonería. Las denominadas sociedades secretas habrían sido uno de los factores fundamentales de la decadencia de España, siendo la Masonería la principal de todas ellas. Además, había constituido un ejemplo para otras organizaciones subversivas, casi todas vinculadas al Comunismo, así como a las denominadas “fuerzas anarquizantes”.
El franquismo hizo en este preámbulo un ejercicio propio de interpretación historiográfica al considerar que la Masonería había participado activamente en la pérdida del imperio colonial, promovido la crueldad de la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles del siglo XIX, fomentado las perturbaciones que llevaron a la crisis de la Monarquía Constitucional de Alfonso XIII y la caída de la Dictadura de Primo, para terminar siendo responsable indiscutible de los “numerosos crímenes de Estado”, y en el proceso que se había llevado para que España fuera “satélite y esclava de la criminal tiranía soviética” en tiempos de la Segunda República.
Así pues, quedaba justificada la persecución legal de los masones. El artículo primero establecía que era delito la pertenencia a la Masonería, al Comunismo y “demás sociedades clandestinas”. Los artículos siguientes hablaban de la disolución de las distintas organizaciones y ampliaban el delito a la propaganda de las ideas de la Masonería o del Comunismo, consideradas como “disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones sociales”, además de perturbadoras del orden.
La ley estipulaba quiénes eran masones, comunistas y anarquistas. En el primer caso era agravante haber llegado a altos grados. Por otro lado, se daba la oportunidad de retractarse ante las autoridades según un modelo que se establecería. La colaboración con la autoridad a la hora de delatar a otros masones sería considerada como un atenuante, así como haber colaborado en el golpe del 18 de julio.
Pero no sólo se perseguiría judicialmente el delito de ser masón, sino que, además, ya se penaba con la depuración funcionarial y/o del puesto de trabajo.
Para la persecución de los masones se habilitó un órgano judicial propio, el conocido como Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo. Se puso en marcha en abril de 1941 y estuvo vigente hasta los años sesenta, aunque la represión llegó hasta principios de los años setenta, incoándose expedientes que afectaron a miles de ciudadanos y ciudadanas, en sesiones secretas, con las habituales “garantías” procesales de la dictadura.
La intensa represión ejercida y la machacona propaganda contra los masones han provocado que en nuestro país la Masonería sea muy poco conocida y, sobre todo, malinterpretada, especialmente si comparamos su situación con la que se da en los países de nuestro entorno donde tiene un prestigio elevado, especialmente por su vinculación con el fomento de valores ciudadanos y solidarios.
Eduardo Montagut es Doctor en Historia y Premio Extraordinario de Carrera (UAM). Profesor de Educación Secundaria. Secretario de Educación y Cultura en la Agrupación Socialista de Chamartín (Madrid).
Fuente: Publicoscopia.com
