El CSIC reconoce la ilegalidad del decreto de 19 de mayo de 1938, el BOE lo ignora

Placa franquista
Cristina Calandre Hoenigsfeld | Crónica Popular

En febrero del 2010, un grupo de descendientes de familias pertenecientes a la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), hicimos una petición de que se retiraran los símbolos franquistas de los edificios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en su campus de Madrid, basándonos para formularla en la conocida como Ley de Memoria Histórica, de diciembre del 2007. Para su tramitación por los Ministerios competentes, la presentamos al ministro de Justicia, de cuyo departamento dependían las reclamaciones relativas a dicha Ley, y a la entonces ministra de Ciencia e Innovación, de cuyo departamento dependía el CSIC. (Enlace petición).

Entre los éxitos de nuestra reclamación, cabe señalar en primer lugar el de haber conseguido borrar del frontispicio del edificio principal del CSIC los textos franquistas de exaltación, así como el de cambiar la fecha de una placa, a la que luego me referiré más detalladamente; entre los fracasos, la negativa a retirar el busto del Secretario General del CSIC de 1939 a 1966, el cura del Opus Dei, José María Albareda, así como no haber aceptado tampoco retirar el nombre de Rocasolano, un conocido franquista, de uno de los edificios del CSIC.

El balance es, con todo, positivo, toda vez que lo conseguido es más importante que lo que no fue aceptado. De todas maneras, habrá que seguir insistiendo.

La placa

Se sitúa dicha placa en la fachada del edificio del CSIC, Rocasolano, antiguo Instituto de Fisica-Quimica.

Lo que solicitábamos era que, de la placa dedicada en 1986 por el CSIC a la JAE, se eliminara la fecha de 1938 y se sustituyera por la de 1939, como fecha en la realmente cesaron las actividades de la JAE al final de la guerra civil. En apoyo de nuestro argumento, enviamos una serie de documentos, aportados por mí, como nieta del Dr Luis Calandre Ibáñez, quien había sido subdelegado de la JAE durante la Guerra de España, y que yo tenía en mi archivo personal, así como otros documentos que obtuve de archivos públicos, como el de la Edad de Plata, de la Residencia de Estudiantes, el de la Fundación Ortega, el AGA (Archivo de Alcalá de Henares), el de Salamanca, etc.

Debo aclarar que todo ese trabajo de investigación lo había realizado unos años antes, para la publicación de mi libro El Dr Calandre, de la JAE al exilio interior, publicado en el año 2008.

En él demostré que la JAE funcionó hasta el final de la guerra civil española, con la participación de eminentes científicos en diferentes ramas del saber, en los territorios republicanos de Madrid, Valencia y Barcelona, en defensa de la legalidad republicana y su Constitución de 1931. Luego, como es sabido, todos estos científicos fueron duramente represaliados por los franquistas, con multas, cárcel y depuración, como le ocurrió al Dr Calandre. Otros se vieron obligados a partir al exilio.

Antes del cambio, la placa ponía como fecha de disolución de la JAE la de 1938, dando por legal un decreto franquista del 19 de mayo de 1938, firmado por Franco, y su ministro de Educación Nacional, Pedro Sainz Rodriguez, en virtud del cual se disolvía a la JAE, y se pasaba su patrimonio al recién creado Instituto de España, para pasar posteriormente ese patrimonio, en conformidad con la Ley del 24 de noviembre de 1939, al recién creado CSIC.

Desde el momento en que el CSIC aceptó el cambio de fecha, que nosotros le pedíamos, reconocía que el decreto de disolución de la JAE de 1938 era ilegal. Esta cuestión se aborda en unos videos sobre “La ciencia toma la calle” de Ernesto Caballero Garrido, en los que yo he participado, y que están en You-tube, desde el año 2015. (Véase particularmente el segundo video sobre la JAE, minuto 19, la placa y su fecha),

El Boletín Oficial del Estado (BOE)

A partir del año 2011, estando el PSOE en el Gobierno, apareció, sobre el patrimonio de la Residencia de Estudiantes, una orden ministerial de Presidencia, BOE- PRE/3147/2011, firmada por el ministro, Ramón Jáuregui, en la que nos sorprende ver que en el párrafo 3 del Anexo ponga lo siguiente:

“….El decreto de 19 de mayo de 1938 disolvió a la JAE y el 24 de noviembre de 1939 asignó sus bienes al recién creado CSIC” (1)

Esta frase da por legal dicho decreto, y contradice la fecha de la placa, que el propio CSIC había modificado un año antes, en 2010, como hemos explicado.

En años sucesivos, siempre publicado por el BOE, solo que en vez de serlo por el Ministerio de la Presidencia lo es por el Ministerio de Educación, al que luego se sumó el de Cultura, con el PP ya en el Gobierno, nos ponen cada año, en la sección de “Otras disposiciones”, la frase anterior (1), que encontramos repetida todos los años, desde el BOE del año 2013 al de 2016, siempre en agosto, que es cuando se publican las Cuentas anuales de la Residencia de Estudiantes.

La última vez que ha aparecido, en este caso en septiembre, en el BOE del 7 de septiembre de 2016, podemos leer esa frase en la página 30.

Vemos, pues, que la placa del CSIC es sistemáticamente ignorada por la Fundación Residencia de Estudiantes, presidida por el Rey, y que pertenece al CSIC, lo cual parece un verdadero contrasentido.

Creo que los siguientes pasos a seguir, serian, el de denunciar ante el propio CSIC su incongruencia, solicitando que se pronuncie sobre dicho asunto, y, seguidamente, solicitar que se derogue el decreto ilegal franquista del 19 de mayo de 1938, que va contra el honor de los científicos de la JAE y contra la legalidad de la Constitución de 1931.

Como seguramente no lo harán, tendremos que restituir la legalidad republicana, vilmente arrebatada un 18 de julio de 1936, y como pone el título del extra de la revista Crónica Popular, y que suscribo: “Es hora de la III República“


El filólogo Tomás Navarro Tomás en la Residencia de Estudiantes de Madrid


El CSIC, que es, según su página web, la “mayor institución científica española”, sigue ocultando a medias, en sus investigaciones, la verdadera historia de la Junta para Ampliación de Estudios, cuyo programa actual está dirigido principalmente por el catedrático de Historia de la Ciencia, y académico de la Lengua, José Manuel Sánchez Ron y José García Velasco, del CSIC y director de la Residencia de Estudiantes durante más de 20 años.

Se trata de no reconocer la enorme labor en defensa de la II República y la legalidad de su Constitución de 1931 por parte de muchos de los científicos de dicha JAE, como fueron el gran filólogo Tomás Navarro Tomás, el naturalista Ignacio Bolívar, el paleontólogo José Royo Gómez, el filólogo Rafael Lapesa, el químico Enrique Moles, el genetista Antonio de Zulueta, el cardiólogo Luis Calandre Ibáñez (mi abuelo) y muchos otros, que sí estuvieron al lado del Frente Popular.

Luego fueron represaliados con cárcel, multa y depuración por los franquistas, especialmente por los del Opus Dei, que pasaron a controlar el CSIC, a partir de su creación por una Ley ilegal, de 24 de noviembre de 1939, pues se basaba en un decreto franquista del 19 de mayo de 1938 que disolvía a la JAE republicana desde Burgos, cuando dicha JAE siguió funcionando en los territorios republicanos de Madrid, Valencia y Barcelona hasta la derrota de la II República en abril de 1939.

Hace un año, en septiembre de 2015, fui a ver una exposición en la sala del Centro Conde Duque de Madrid que llevaba por título “La ciencia de la palabra. Cien años de filología española”, organizada por el CSIC, la Fundación Española para la Ciencia, el Ministerio de Economía, la Fundación Ignacio Larramendi y la colaboración de la RAE. Tenía de comisarios a los investigadores del CSIC-CCHS Pilar García Mouton y Mario Pedrezuela.

Dado que trataba sobre Tomás Navarro Tomás y el Centro de Estudios Históricos, me llamó mucho la atención que en dicha exposición se ocultara la actividad que tuvo durante toda la Guerra Civil española, diciendo que dejó de funcionar en el invierno de 1938-39 y que su sede en la calle Medinaceli solo existió hasta 1936, cuando todos los documentos dicen que estuvo activa hasta abril de 1939.

Hice algunos artículos de denuncia, escribí también en el libro de visitas una protesta y lo único que conseguí es que el investigador Mario Pedrezuela se disculpara conmigo, pues en Radio Nacional dijo que Tomás Navarro Tomás salió al exilio en 1936, cuando fue en 1939.

Pero todo siguió igual, ya que en mayo de 2016 sacaron en la página web del CSIC el resultado del proyecto ALPI, donde vuelve la directora del ‘proyecto’, la investigadora García Mouton, a decir que “la guerra interrumpió las encuestas que se hicieron entre 1931 y 1936 y su director, Tomás Navarro Tomás, tuvo que salir al exilio”.

En esta ocasión, ante mis protestas, la señora investigadora me contestó que ella conoce muy bien cuándo se exilió Tomás Navarro Tomás, y que yo “tergiverso sus palabras”.

Pero aquí no se acaba esta historia de ocultación de la verdadera historia de la JAE-Centro de Estudios Históricos-Tomás Navarro Tomás, pues de nuevo vuelven los del CSIC al ataque y en el programa de RNE “Tomás Navarro Tomás y el histórico Archivo de la Palabra”, que se emitió en junio de 2016, Pilar García Mouton y otras dos personas vuelven a la carga, ocultando la verdadera historia del CSIC-CEH-TNT.

En esta tercera ocasión, ante mis reclamaciones, me contesta una de las participantes, Pilar Martínez Olmo, directora de la Biblioteca del CSIC, diciéndome que ellos conocen perfectamente la trayectoria durante la Guerra de España de Tomás Navarro Tomás y de mi abuelo, el doctor Luis Calandre Ibáñez, en la JAE, enumerándome una serie de referencias a los dos en la web y publicaciones del CSIC, e incluso me dice que tienen mi libro El Dr. Calandre, de la JAE al exilio en su biblioteca.

Pero lo que no dice es que sigue vigente un decreto ilegal franquista que disuelve a la JAE y hace imposible el reconocimiento “jurídico” de los defensores de la JAE del Frente Popular (1936-39), desde la ciencia y la pedagogía. Y que dicho decreto ilegal aparece en todas las publicaciones y webs del CSIC.

El CSIC tiene que reconocer que Tomás Navarro Tomás, el gran filólogo, fue nombrado “oficialmente” secretario de la JAE en la Gaceta de la República por una orden ministerial del 30 de agosto de 1936, por el ministro de Instrucción Pública Francisco Barnes, y que posteriormente Tomás Navarro Tomás, a propuesta de Rafael Lapesa, nombró en octubre de 1938, por medio de un oficio, subdelegado de dicha JAE en Madrid a mi abuelo el eminente cardiólogo Dr. Luis Calandre Ibáñez, que dirigía el Hospital de Carabineros en la Residencia de Estudiantes, curando a cientos de milicianos de una grave epidemia de malaria extendida por los frentes de Madrid.

Caían tantas bombas nazi-fascistas que hizo construir un refugio antiaéreo debajo, para protegerlos, aunque actualmente está medio destruido, por una nefasta rehabilitación que tuvo lugar entre 1990 y 2001.

Tan grave es todo este tema que en la biografía de Tomás Navarro Tomás en la Real Academia de la Lengua, de la que fue académico histórico, no aparece reseñado que fue secretario de la JAE durante la Guerra Civil, diciendo, eso sí, que fue el director de la Biblioteca Nacional. Por ese motivo también les he formulado una queja, que en esta ocasión no ha tenido respuesta.

Estoy convencida que el CSIC sabe perfectamente, desde el principio, todo lo de la JAE y su actividad en la Guerra Civil, pero no reconocen de una manera clara la verdad, pretendiendo que mediante algunas referencias a ello (obligados siempre por mí) nos demos por satisfechos y así ocultar el decreto franquista de 19 de mayo de 1938 (y en consecuencia la posterior creación fraudulenta del CSIC) que va contra la legalidad de la Constitución republicana de 1931, cuando la propia página web del Congreso de los Diputados, en su apartado de Sesiones Históricas, reconoce su vigencia hasta la derrota republicana de abril de 1939.

Además, el 25 de febrero del 2010 un grupo de descendientes de familias de la Institución Libre de Enseñanza y de la Junta Para Ampliación de Estudios solicitamos al CSIC que modificara una placa que hay en la fachada del edificio de Física y Química (en la actual Rocasolano), basándonos en la aplicación de la conocida como “Ley de la Memoria Histórica”, y la petición fue atendida, por lo que se cambió la fecha que ponía JAE 1907-1938 por JAE 1907-1939, con lo que el CSIC reconocía la ilegalidad de la ley franquista de 1938.

Es un choque de legalidades Constitucionales, la legal republicana de 1931 y la ilegal monárquica de 1978. Esperemos que pronto restituyamos la legalidad republicana con la III República.


El CSIC reconoce la ilegalidad del decreto de 19 de mayo de 1938, el BOE lo ignora
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  • Date : 13.9.16
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