La corrupción en la UCD de Suárez

La corrupción en la UCD de Suárez
Benito Sacaluga

Llevamos 40 años en democracia y no ha pasado ni un solo año sin que los casos de corrupción política hayan llenado las portadas de los periódicos. Desde el Partido Popular y desde Ciudadanos nos anuncian medidas contundentes para acabar con la corrupción en nuestro país. Medidas que se me antojan insuficientes e hipócritas, más aún si van acompañadas de una enumeración de aquellas maniobras que han de ser calificadas como corruptas.

Teniendo en cuenta que las posibilidades de hacerse con dinero público desde los partidos gobernantes son prácticamente ilimitadas, y además muchas de ellas escapan a cualquier control, eso sí, finalmente todas ellas a costa de los bolsillos de los españoles, parece razonable pensar que todo este asunto debe ser solucionado única y exclusivamente por los jueces. Ellos son los indicados y los políticos, el Legislativo y sin rechistar, deberían elevar a rango de ley las propuestas de los jueces y aprobar cuantas reformas se aconsejen. Acabar con la corrupción es un acto de justicia, y de justicia quienes entienden son los jueces..

La corrupción en la España democrática comenzó antes de que se celebraran las primeras elecciones. Los partidos, todos, necesitan dinero y deben sacarlo de donde sea y como sea. A modo de ejemplo:

(1) En la Unión de Centro Democrático, (UCD), el partido de Adolfo Suarez, instalado en el poder desde que en junio de 1977 ganase las primeras elecciones democráticas, se conocía con suficientes detalles cuales eran las vías de financiación del PSOE desde Venezuela.

Pero los hombres de Suarez, que acababan de salir de las tinieblas de la dictadura, no serían quienes tirasen la primera piedra. Para los altos cargos de la UCD, con responsabilidades fuera y dentro del Gobierno, era preferible dejar que los socialistas se hundiera en las turbias aguas de la corrupción que se generaba en los Ayuntamientos, antes de escuchar la lengua afilada y viperina de Alfonso Guerra en el Parlamento llamando a su jefe de filas, Adolfo Suarez, "Tahúr del Misisipi".

A pesar de todas las acusaciones de corrupción hechas públicas por los dirigentes socialistas en el Congreso de los Diputados, reproducidas en titulares por la mayoría de los periódicos, lo cierto es que el PSOE no tuvo nunca, en los años en que estuvo en la oposición, datos concretos que pudieran implicar a sus oponentes en negocios de corrupción política.

Mientras Felipe González y Alfonso Guerra lanzaban todo tipo de ataques a sus oponentes, que al carecer de pruebas documentales se convertían automáticamente en meros juegos florales para la galería, la UCD había encontrado un cómodo sistema de financiación, basado en cuatro fórmulas distintas, que los socialistas nunca llegaron a descubrir.

Una de las vías de acceso de dinero negro a las arcas del partido procedía de las empresas del sector eléctrico. La UCD había apoyado con la mayor voluntad del mundo la construcción de la central nuclear de Lemóniz en el País Vasco. Cuando los inversores llevaban casi dos billones de pesetas gastados, la instalación no se pudo inaugurar debido a una feroz campaña terrorista de ETA, que culminó con el asesinato de dos de los ingenieros de la central, y con varias amenazas de muerte a toda la plantilla.

El cierre de la central nuclear fue un duro golpe para las empresa del sector eléctrico y, probablemente, hubiese significado la quiebra de muchas empresas, si el Gobierno no hubiese cargado los costes de construcción de la planta a los recibos de la luz de millones de españoles.

Las negociaciones entre los altos cargos del Gobierno y los directivos de Lemóniz, que determinaron el pago e las inversiones no rentabilizadas con cargo a los recibos de la luz de los ciudadanos, aportaron una fuerte cantidad de dinero a las arcas de UCD. A partir de entonces, la práctica se institucionalizó.

Todos los años, cada vez que los responsables del sector eléctrico acudían al Ministerio de Industria a negociar la subida del canon energético, había siempre una negociación técnica en la que se ajustaba el precio del kilowatio hasta el último céntimo en beneficio del usuario.

Concluida esa negociación, intervenían los politicos redondeando las cifras con un aumento de un par de céntimos por kilowatio/hora. La operación significaba cada año un beneficio económico de unos cientos de millones de pesetas, de los cuales una parte iba a parar a las arcas de la UCD.

Otra vía de financiación eran los coeficientes bancarios, el dinero que estaba obligada a depositar la banca privada en el Banco de España procedente de los pasivos de los clientes, para sufragar las deudas del Estado.

Las personas que negociaban estos asuntos por parte de la patronal bancaria eran siempre los hombres de confianza de Rafael Termes, el presidente de la Asociación Española de la Banca Privada y los altos cargos del Banco de España. Unos y otros sabían que reducir un solo punto en el coeficiente de caja de los bancos suponía aumentar la masa de dinero circulante en muchos miles de millones de pesetas.

Por eso, tras la negociación técnica, venía la política que se celebraba en el despacho del vicepresidente económico del Gobierno. Allí se "aquilataban" las cifras al mínimo. Y la banca ese tipo de favores sabía recompensarlos convenientemente.

Una tercera fórmula empleada por la UCD para obtener dinero era la venta de excedentes agrícolas españoles que dependían del Fondo de Ordenación y Regulación de los Precios y Productos Agrarios (FORPA), del Ministerio de Agricultura.

Por último, quedaba la ayuda exterior que algunos países árabes proporcionaban a España a cambio de que el Gobierno de la UCD no reconociera el estado de Israel y permitiera a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) abrir una oficina de representación, con estatus diplomático en la Península.

Los "petrodólares" llegaban a Madrid a través de las comisiones establecidas en las compras de crudo que adquiría directamente el Estado a través de la empresa Hispanoil y que constituía la llamada reserva estratégica, es decir, la reserva de petróleo necesaria para que el país pudiera subsistir durante un corto periodo de tiempo, alrededor de un mes, en caso de conflicto o grave crisis mundial, con cortes de las vías de suministro de petroleo o problemas de abastecimiento.

Con esta estructura de financiación, a UCD nunca le falto dinero negro. Este llegaba a la sede del partido, en la calle Cedaceros, 11, de Madrid, de la mano de dos de los hombres de confianza de Adolfo Suarez; el vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, y el cuñado y secretario personal del Presidente, Aurelio Delgado, más conocido con el sobrenombre de "Lito".

Una tercera persona a la que Adolfo Suarez permitía intervenir en el tema de las finanzas era Alvaro Alonso Castrillo, a quién cariñosamente llamaban "el hombre del maletín", por sus continuas idas y venidas a la Moncloa con un maletín de cuero siempre dispuesto para llevar dinero al partido.

Alonso Castrillo, implicado en el caso Naseiro (Partido Popular), fue tal vez el único cargo de la UCD al que la desaparición del partido dejó en la ruina más absoluta, después de conocer unos años de maravillosas vacas gordas. Con el grifo de la Moncloa cortado y con deudas por todas partes, Castrillo tuvo que vender su casa y escapar al extranjero, concretamente a Miami, para no acabar en la cárcel. Algunos otros altos cargos del partido, como Aurelio Delgado o el ministro de Justicia, Iñigo Cavero, han tenido, igualmente, que responder a deudas con su patrimonio personal.

Tras el hundimiento de la UCD, las deudas del partido, estimadas en más de 4.000 millones de pesetas, se camuflaron en una de las últimas crisis bancarias, como pérdidas, y fueron amortizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos. En todo caso las deudas fueron pagadas por el Estado con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos españoles.

UCD, PSOE, Partido Popular....todos han gobernado en España y todos se han beneficiado de la corrupción política....ahora dicen que con una decena de medidas van a acabar con ella, que cosas tiene uno que oír. Si mañana ingresaran en prisión todos los implicados, a todos los niveles, en la corrupción política desde 1977 hasta hoy, me temo que las prisiones de España, Portugal y Francia juntas serían insuficientes.

En la imagen superior, Demóstenes, uno de los primeros políticos corruptos de la historia

(Siglo IV antes de Cristo)

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