Agreden al hijo del concejal de Podemos que destapó un caso de corrupción en Fuerteventura

Agreden al hijo del concejal de Podemos que destapó un caso de corrupción en Fuerteventura
Votemos La Oliva nace de la confluencia de miembros del Circulo Podemos La Oliva, vecinos independientes y representantes de movimientos sociales. Su portavoz, Álvaro de Astiga ha encontrado un nexo entre la denuncia que interpuso contra una trama de corrupción y la brutal agresión que sufrió su hijo en la que le desfiguraron la cara. 

Iago Otero Paz | eldiario.es

El Caso Hamacas investiga la corrupción en la isla de Fuerteventura en torno a las concesiones de explotación y servicios de las hamacas en las playas de Corralejo y El Cotillo.

Según informa eldiario.es Dennis Miranda Wallace, abogado del presunto agresor, es uno de los investigados en el conocido como Caso Hamacas, además del hijo de uno de los considerados principales beneficiados de esta red que presuntamente amañaba concursos con adjudicaciones por precios de explotación muy inferiores a los iniciales.

Después de que De Astica hiciera conocedora del caso a la Fiscalía Provincial de Las Palmas en abril, el pasado 10 de octubre, el Ministerio Público remitió al juzgado de Puerto del Rosario una petición para que se tome declaración como investigados a cerca de un centenar de personas y representantes de empresas supuestamente implicadas en esta trama en la que aprecia hasta cuatro delitos: cohecho, tráfico de influencias en grado de tentativa, varios delitos de alteración en concursos públicos y estafa.

Según explica el político de Podemos, desde el momento en que comenzó a denunciar el caso ha sufrido numerosas amenazas y coacciones que tiene grabadas en su teléfono. Asegura que uno de los investigados, Felipe Miranda, exconcejal del PSOE en el municipio, padre de Dennis Miranda y hermano de la interventora del Cabildo de Fuerteventura Dolores Miranda (también investigada por la Fiscalía), intentó sacarle de la carretera con su vehículo; en otra ocasión, asegura, le sabotearon el barco con el que trabaja llenando con agua los tanques, lo que provocó que los motores quedaran inservibles.

Sin embargo, lo más grave fue la agresión sufrida por su hijo, quien, en las Fiestas del Carmen de este año, sufrió diversas contusiones tras ser atacado por la espalda. El sospechoso de la agresión es un vecino conflictivo, que, según afirma De Astica, habría sido enviado por la familia Miranda.

"Vinieron a comprarme por 3.000 euros"

El caso Hamacas comenzó a destaparse el pasado mes de abril cuando el político acudió ante la Fiscalía y puso en su conocimiento que el empresario Gregorio R. Vega había contactado con él en varias ocasiones para que, a cambio de dinero, influyera en otros ediles con el fin de que se le adjudicase el servicio de explotación de playas. “De todos los concejales que hay en el Ayuntamiento y en la Mesa de Contratación, vinieron a comprarme por 3.000 euros. Hablé con la Fiscalía, me puso en contacto con la Policía Judicial y seguimos adelante. Cuando (Gregorio R. Vega) me pagó 2.300 euros y salimos de mi casa, fuimos detenidos”. Los agentes simularon la detención de ambos con el fin de que no se sospechara por aquel entonces del político denunciante. Tras interrogar a este empresario, se descubrió, según indica en su escrito la fiscal jefe del área de Arrecife, María Yolanda López, que este dinero provenía de su socio, Vicente Curbelo C., con el que pretendía lograr la explotación de servicios de playas.

El Ministerio Fiscal indica que desde 2009 y hasta el año 2015 (años en los que fueron alcaldes González Arroyo (PPM), Claudina Morales (CC) y la socialista Rosa Fernández), diversas personas efectuaron pujas en los concursos públicos convocados para la explotación de servicios de temporada de los sectores de las playas de La Oliva, concertándose con otras para alterar las licitaciones. De este modo, el precio final por el que se adjudicaba la explotación de las hamacas siempre era “muy inferior” a la puja más elevada. El modus operandi empleado consistiría en que las personas que presentaban las ofertas más ventajosas desde el punto de vista económico para el Ayuntamiento, luego desistían o no entregaban documentos preceptivos, lo que equivalía a la renuncia. Así, se llegaron a producir retiradas sucesivas, en ocasiones hasta 18, para que los adjudicatarios finales de las hamacas obtuvieran la concesión del servicio por un precio inferior, con el consiguiente perjuicio económico a los fondos públicos y cuantiosos beneficios económicos para los adjudicatarios.

"Por paquetes adjudicados por 120.000 euros se pagaban 15.000"

El político, que se dedica profesionalmente a realizar excursiones de biología marina, describe cómo se repartían el pastel los investigados: "Se reunían fuera del Ayuntamiento y se repartían los sectores. Una vez que se repartían los sectores, para evitar que entrara gente de fuera, cada clan mafioso hacía una serie de pujas. Si no entraba nadie de fuera, por paquetes adjudicados por 120.000 euros se pagaban 15.000. Si entraba alguno de fuera que pujara por 40.000, la escalera se detenía en 50.000 y lo dejaban fuera o le ofrecían dinero para que se retiraran". El edil calcula que el ahorro para los adjudicatarios supondría un perjuicio para los vecinos de cerca de 500.000 euros anuales.

A De Astica le llama la atención que entre quienes se presentaban a los concursos figurasen personas sin recursos, que eran beneficiarias de servicios sociales. "Hacían pujas por 120.000 euros, ¿de dónde los han sacado?", cuestiona el edil.

Entre las personas citadas a declarar por presentarse a estos concursos presuntamente amañados, destacan tres: Felipe Miranda López, su hijo Dennis y su hermana Dolores, interventora en el Cabildo de Fuerteventura y que, según la Fiscalía, efectuó pujas en concursos públicos ostentando un cargo incompatible para hacerlo y con la única finalidad de "alterar al precio final, con el consiguiente perjuicio económico al erario público y beneficio económico para su hermano".

Así establece el denunciante la conexión entre el Cabildo insular y el caso Hamacas pues en las pujas aparece repetido en varias ocasiones el nombre de la interventora. Aunque nunca llega a ser la adjudicataria final, sí que es adjudicataria inicial de varios sectores y su renuncia siempre favorecería a su hermano. En cuanto a Dennis Miranda Wallace, este ya fue condenado recientemente en primera instancia por la agresión al exsecretario insular de Podemos Pablo Gómez. Pese a que en la condena se le impone una multa de 180 euros por ser estudiante, en los últimos años habría hecho pujas por elevadas cifras.

Fuente: www.eldiario.es

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  • Date : 21.10.16
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