Morir matando. España, otoño de 1975

Morir matando. España, otoño de 1975
La conspiración masónico-izquierdista en contubernio con la subversión terrorista-comunista. 

José Luis Ibáñez Salas | Nueva Tribuna

Crisis económica, huelgas por doquier. Una situación en la que la conflictividad laboral y social, no sólo protagonizada por obreros conscientes sino también por los vecinos de los grandes centros urbanos convenientemente asociados, tendrá un decisivo papel en la crisis final del franquismo. La coyuntura no ayudaba a la estructura. Pavimentado desde los años del desarrollismo sesentero, por si fuera poco, o mejor aún, como resultado y causa a la vez de todo ello, en 1975 existía un enorme abismo entre la cultura de la España oficial promovida por los restos del régimen y la cultura del país de verdad, la España real

El franquismo se movía sobre una superficie tan inestable que cambiar el Gobierno parecía una salida razonable. Y eso hizo Arias Navarro en marzo de aquel 1975, cuando sustituyó a cinco de los miembros de su gabinete. El más importante de los cambios fue el de Licinio de la Fuente, quien había terminado por provocar la crisis gubernamental al presentar su dimisión a finales de febrero ante los obstáculos a su propuesta para reconocer el derecho de huelga. A De la Fuente le sucedió en la tercera vicepresidencia y en el Ministerio de Trabajo el jurista Fernando Suárez González, hasta entonces director general del Instituto Nacional de Emigración. Utrera Molina y Ruiz-Jarabo también resultaban defenestrados en la crisis gubernamental, aun siendo como eran piezas esenciales del búnker continuista. Y esa remodelación supuso, además, de rebote el retorno de Solís Ruiz cuando tres meses más tarde fallecía el nuevo ministro secretario general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, el valedor de… Adolfo Suárez.

En mayo, el nuevo Gobierno, salido de la última crisis de gabinete del franquismo, pretendía domeñar a la oleada impenitente de huelgas mediante una medida de claro corte aperturista, es decir, insuficiente: el Decreto-ley sobre Regulación de los conflictos colectivos de trabajo, que “legaliza el recurso a la huelga”, claro es que de forma restringida, lejos de los proyectos reformistas del dimitido ministro De la Fuente.

A la conflictividad obrera, sellada por la victoria de las candidaturas de Comisiones Obreras, USO y otras papeletas democráticas en las elecciones sindicales de junio del 75, se le unía la mayor contestación posible al régimen, la cada vez más insistente violencia terrorista del FRAP y sobre todo de ETA, lo que provocaría que se decretara de nuevo el estado de excepción por tres meses en las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya. La consabida dinámica de la acción-reacción, con el búnker cada vez más decidido a hacer pagar con sangre a cualquiera que fuera partidario no ya de la independencia de los vascos sino de la reivindicación del mismo uso de su lengua, un sector inmovilista cada vez más franquista que Franco, más decidido a vender cara la piel de un régimen que se desmayaba a cada paso.

¿Y cómo respondió a esta coyuntura el Gobierno de Arias Navarro? Sencillo: con una represión endurecida. A finales del mes de agosto promulga el Decreto-ley sobre Prevención del terrorismo, donde la pena para quienes participen en una situación de violencia de la que resulte el fallecimiento de algún servidor público será la de muerte. Se trataba nada más y nada menos que de una auténtica involución que devolvía a la jurisdicción militar la primacía sobre la civil para muchos delitos políticos, para la mayoría. De inmediato, a los pocos días son condenados a la pena capital dos activistas de ETA, y a las semanas son ya once quienes reciben semejante sentencia, tres etarras y ocho miembros del FRAP.

La presión de la comunidad internacional sobre el Gobierno de Arias Navarro fue muy intensa. Más si cabe que la llevada a cabo cinco años antes. El propio papa Pablo VI pero asimismo otros máximos dignatarios de otros estados, la reina británica incluida, solicitaron clemencia al gabinete español y al mismísimo dictador, a quien veían como el auténtico responsable y por tanto máximo decisor a la hora de desandar lo adoptado. Pocas representaciones exteriores españolas quedaron exentas de sufrir las recriminaciones de quienes consideraban al país todo una afrenta ignominiosa a la sociedad internacional. Ni que decir tiene que en el interior del País Vasco, donde el régimen había perdido hacía ya tiempo la batalla de la legitimidad, las movilizaciones se generalizaron hasta el punto de no dejar apenas resquicio para pasar desapercibida a ninguna actividad pública. Hasta la Conferencia Episcopal española y el padre del príncipe Juan Carlos solicitaron la condonación de las penas.

Llegamos al día 27 del mes de septiembre de aquel año 1975, cuando se produce la ejecución de cinco de aquellos penados, dos militantes de ETA, Ángel Otaegui y Juan Paredes; y tres del FRAP, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena. Aunque ha habido seis conmutaciones de la pena de muerte, adoptadas un día antes por el Consejo de Ministros, el régimen parece para unos querer morir matando y para muchos otros no hace sino mostrar su origen y su razón de ser, tal vez incluso el extremado peso del búnker en las decisiones de un anciano acorralado y superado completamente por los acontecimientos. Los ajusticiamientos incrementan poderosamente la repulsa internacional y los actos condenatorios dentro de las provincias vascas, especialmente como de costumbre de las de Guipúzcoa y Vizcaya, donde la huelga general convocada al efecto moviliza una cifra sobrecogedora: 200.000 obreros. A los asaltos de embajadas españolas en varias ciudades y a la llamada de quince embajadores por parte de sus respectivos gobiernos se añade nada más y nada menos que la petición mexicana de que España sea expulsada de la ONU. A comienzos de octubre, ETA y el GRAPO asesinan en sendos atentados a seis miembros de las fuerzas del orden. La tensión en el país es insoportable, y… el régimen −por ser más preciso, el inmovilismo recalcitrante de la ultraderecha enrocada en el búnker− se da los consabidos golpes de pecho convocando una nueva manifestación a favor de Franco en la madrileña plaza de Oriente que transcurriría, cómo no, durante el simbólico día 1 de octubre, en medio de lo que el historiador Javier Tusell considerará que proyecta “de nuevo un cierto aire patético”. El Caudillo tiene así su última ocasión de arengar desde el habitual y destacado balcón del madrileño Palacio Real, paranoicamente, por qué no decirlo, a buena parte de lo poco que queda de las muchedumbres guerreras que le encumbraron a costa de la otra mitad del país hace… casi cuarenta años.

Para Franco y para los franquistas, que a estas alturas no eran más que los inmovilistas, no había más que, y estas son palabras dichas por el dictador en aquella su última soflama, “una conspiración masónico-izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social”.

Pero pocas semanas después, Francisco Franco sufrirá un infarto en la madrugada del 14 al 15 de octubre de aquel año 1975. Tiene tiempo aun de tratar el día 16 la peliaguda cuestión del Sahara Español, amenazado por la llamada Marcha Verde que prepara el rey marroquí Hasan II. Un día más tarde aún preside el Consejo de Ministros, bien que conectado a un monitor que vigila los que se tienen por sus últimos latidos. No en vano, el historiador Juan Pablo Fusi llega a escribir que “toda la escena era un símbolo de la determinación que siempre había demostrado de permanecer en aquel puesto hasta el final”. Un nuevo infarto el 19 de octubre le debe de esclarecer al dictador la necesidad de hacer lo que hace al día siguiente, reunirse con Juan Carlos de Borbón, Arias Navarro y el presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, para analizar la cuestión de la transmisión de poderes aunque fuera a título de cesión temporal como ocurriera el año anterior. Otro infarto y un empeoramiento general le convencen finalmente el día 30 de ceder por segunda vez los poderes de la jefatura del Estado al nieto de Alfonso XIII.

Este texto forma parte del libro del autor titulado El franquismo, prologado por Ángel Viñas y publicado por Sílex ediciones.

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