Nos han saqueado

Nos han saqueado
La crisis económica que padecemos no se produjo por casualidad ni por que las cosas en economía son cíclicas y nos ha tocado. Un dato: el ministro en funciones de Economía y Competitividad Luis de Guindos, era miembro del Consejo Asesor de Lehman Brothers a nivel europeo y Director en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Ya sabemos como provocó la caída en cadena de tantas economías como la española. De otra parte, se calcula en más de 7.500 millones de euros saqueados por la corrupción de empresarios y políticos sin escrúpulos, mientras reducían los gastos sociales.

Hemos conocido el Barómetro del CIS de Septiembre, por el que la segunda preocupación de los españoles es la corrupción y el fraude (el primero sigue siendo el paro). El cuarto de los problemas son los de índole económica. El 89,1% considera que la situación política sigue siendo «mala» o «muy mala»; y el 64,7% de los encuestados que la situación económica es «mala» o «muy mala» y con pocas esperanzas de futuro (seguirá igual para el 40,2% y peor para el 22,8%). Pese a todo, no se entiende que algunos miembros del partido socialista pretendan que siga gobernando el PP.

Algunas encuestas, tras la crisis en el PSOE, muestran que la celebración de terceras elecciones rompería el equilibrio de fuerzas que existía hasta ahora y el PP saldría muy reforzado. Esta situación se confirma en el Barómetro de Octubre del Instituto DYM para El Confidencial, que pronostica que el principal beneficiado de terceras elecciones sería el PP y el más perjudicado el PSOE, que caería a la tercera posición, siendo adelantado por Unidos Podemos, que quedaría como líder de la oposición. También confirma que el 69,6% de los encuestados cree que unas terceras elecciones no solucionará el bloqueo político. Conclusión: el PP, implicado en los dos grandes escándalos de corrupción, no roza a Rajoy ni como testigo, y sería el partido más votado y con mayor fidelidad de votantes.

Otras encuestas, como la de JM&A para Público, nos dicen que en unas terceras elecciones, ni el PP ganaría escaños ni tendría mejores bazas para sacar adelante la investidura de Rajoy a la presidencia del Gobierno. Todo por ver, después de las declaraciones de Rajoy, asegurando que no pondrá condiciones al PSOE para que se abstenga y el aviso de Fernández de que «en ningún caso le va a dar estabilidad».

A lo que vamos, el objetivo del sistema capitalista es ganar dinero con lo que fabrica y vende cuanto más mejor. Cuando la capacidad de producir crece más que la posibilidad de consumir, entra en juego el sistema financiero, que concede créditos al consumo, provocando el endeudamiento desproporcionado de familias y empresas. Cuando los precios suben o se inflan, como fueron los de la vivienda, se crea una «burbuja especulativa» y cuando la distancia entre la capacidad de compra y capacidad de pago aumenta, el riesgo de impago sobrepasa los límites y estalla la burbuja. Si a esto sumamos, lo que se han llevado los corruptos gestores empresariales y los políticos administradores públicos, las arcas se vacían.

Estamos sufriendo las consecuencias de los recortes y ajustes económicos que los gobiernos de turno han ejecutado en los últimos años. Es la puesta en práctica de la ideología neoliberal, «teoría económica y políticas austericidas contra el pueblo llano». Para Adam Smith, las relaciones económicas de forma equilibrada se producen gracias a una «mano invisible», que, de forma espontánea, coordina los mercados y sus intereses. Keynes defiende, que en momentos de crisis, es necesaria la intervención del estado para corregir los desequilibrios que el mercado origina, mediante políticas fiscales y redistributivas. Para Marx, el capitalismo se sustenta en la existencia de dos clases cuyos intereses son antagónicos: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, dueño de su fuerza de trabajo. Burguesía y proletariado enfrentados en una «lucha de clases», que sigue vigente aunque no se diga.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ilustra en un informe, que 2.000 millones de personas no tienen contrato, carecen de derechos y de protección social, perciben un salario injusto o sufren enfermedades y accidentes laborales. También denuncia que 168 millones de niños están atrapados en el trabajo infantil y 21 millones de personas son explotadas en condiciones de trabajo forzoso. Dos tercios de los trabajadores que hay en el mundo, carecen de contrato laboral y de derechos, sufren discriminación, cobran salarios inferiores a sus capacidades, no tienen protección social y están sobreexpuestos a accidentes o enfermedades laborales. Datos que muestran las escandalosas cifras de la barbarie capitalista.

Tras el fracaso de los países comunistas, la «economía planificada», dejó de ser alternativa al «capitalismo». Los defensores del «mercado», se hicieron más fuertes y el «pensamiento único» se implantó globalmente para quedarse. ¡Qué el estado no intervenga! y piden privatizaciones, inversión pública o rescate cuando se reducen las ganancias. En este sistema económico, si alguien no compra, otro no vende, no obtiene beneficios, por lo que no tiene sentido seguir produciendo ni mantener asalariados. El objetivo es ganar dinero a costa de lo que sea y es secundario lo que se venda: si existe demanda (incluso prostitución, armas o drogas), si crea beneficio y posibilidad de acumulación de riqueza, todo vale. El capitalismo alcanza las mayores cuotas de creación de riqueza, a costa de la injusticia social.

Hay otro enfoque posible, en el que ni todo vale, ni todo consiste en ganar dinero, en donde la producción adquiere una función social. El modelo, basado en la competencia, combina: la libre iniciativa, con progreso social, asegurado por la capacidad económica. Los valores éticos en los cuales se fundamenta la economía social de mercado, se centran en principios que guardan relación con la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad, a fin de lograr un sistema económico equilibrado, al servicio de la calidad de vida de los seres humanos. En la «economía social de mercado», el Estado interviene, para garantizar la justicia social. 

La Constitución española permite lo uno y lo contrario. Proclama la voluntad de «Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida». Dice en su articulado: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad». Reconoce el derecho y el deber de todos los españoles «al trabajo,… y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». España se constituye en un «Estado social y democrático de Derecho» y garantiza un orden económico y social justo. «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado». Los gobiernos han optado por la economía de mercado, alejándose del Estado social. 

En estas estábamos cuando El 2 de septiembre de 2011 el Congreso aprobó, a propuesta de Rodríguez Zapatero, con 316 votos a favor y 5 en contra, la primera reforma constitucional de calado, para introducir de forma urgente en la Constitución el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. La reforma salió adelante con el desplante del resto de grupos: CiU y PNV presentes en el hemiciclo y se ausentaron IU, ERC, NBG, ICV y Nafarroa Bai. El PSOE justificó la reforma: «No hay peor sordo que el que no quiere oír, le digo que las tensiones en los mercados han llegado a un límite que pone en riesgo las políticas sociales. Esta es la realidad», le espetó el portavoz socialista José Antonio Alonso a Gaspar Llamazares.

Al grito de «ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero», el Movimiento 15M protestó airadamente contra lo que llamaron mercadocracia, que había suplantado a la democracia. En el extremo opuesto, la canciller alemana Angela Merkel, defensora del principio de estabilidad financiera en las constituciones europeas, felicitó al presidente Zapatero. Lo hicieron también la OCDE, el presidente Sarkozy, y la agencia de calificación Moody's. Por quienes apoyaron la reforma, podemos conocer lo que se pretendía con la famosa reforma del artículo 135. Izquierda Unida presentó una enmienda la totalidad, al considerar muy grave, lo que calificó como «golpe de los mercados a la Constitución», rechazando frontalmente la reforma constitucional.

Las novedades introducidas en la Constitución, consagraron el principio de estabilidad presupuestaria, supeditando la política de deuda a las decisiones europeas. Se da «Prioridad absoluta» en los presupuestos del Estado en el pago de la deuda, cuyas condiciones no podrán ser renegociadas, límites de deuda por ley, que sólo podrán incumplirse en caso de «catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia». La reforma de la Constitución, se hizo con agostidad sin someterla a ningún debate público ni plantear una consulta a la ciudadana sobre el cambio de la Carta Magna. La norma consagra una cesión de soberanía a la UE y a los mismos especuladores que amenazaban con hundir la economía española. «Prioridad absoluta» para pagar a unos acreedores, que exigían unos intereses altísimos por prestar el dinero. Primero la deuda, después, todo lo demás (sanidad y educación incluidas).

El gobierno de Rajoy, que gestiona el Estado al servicio de los intereses del capital, con la excusa de la crisis, ha desmantela el «Estado social» y hasta el democrático de Derecho con su rodillo, sus reformas y las dejaciones en la administración de justicia. Con austeridad y sin inversión pública, recortó gastos en prestaciones sociales, eliminó derechos y servicios públicos esenciales y privatizó otros. El gobierno no ha asumido su fracaso y Rajoy, pese a lo que dice, ha consolido la miseria. La crisis la hemos pagado los que siempre pagamos todo, en beneficio de los poderosos.

Desde determinados ámbitos del PSOE, se piensa en la abstención para que siga gobernando Rajoy y los suyos, pese a la corrupción y sus políticas antisociales y regresivas. Javier Fernández ha llegando a decir «abstenerse no es apoyar al PP», pero si es consentir. Espero que el partido socialista tenga en cuenta al menos el caso Gürtel, en el que se procesa a 37 personajes corruptos miembros o cercanos –incluso al propio PP de Rajoy–, en el que se piden hasta 732 años de cárcel y millonarias indemnizaciones.

No puede permitirse que una «organización criminal», que ha saqueado las arcas públicas, vuelva a gobernar.

Víctor Arrogante

En Twitter @caval100
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