La protesta es un derecho

Ser pobre no es delito
España tiene nuevo gobierno, que más parece un hermano siamés del anterior. Gobierno «marianista», le vienen en llamar, ya me entienden (guiño), por lo de Mariano, Rajoy. La Unión Europea aplaude que De Guindos siga en Economía, por algo será; ¿recuerdan? el mismo ministro que era director en Europa de Lehman Brother cuando quebró y provocó la crisis internacional. Todo ha sido posible por la abstención del PSOE, que ha permitido gobernar a su enemigo político natural, con la excusa de «desbloquear» la situación política e impedir que se celebren nuevas elecciones.





Ahora no es admisible que desde la Comisión Gestora del PSOE, se critique a Rajoy por no hacer un Gobierno «para el diálogo», que viene «a defender los intereses del PP» y no los de la ciudadanía. Con estas declaraciones, cuanto menos, aparecen como irresponsables, por haber permitido que Rajoy vuelva a gobernar. Rajoy ha humillado al PSOE y continuará con su chantaje permanente, amenazando con convocar elecciones, si el PSOE y Ciudadanos no se avienen a su política. ¡Qué ingenuidad! Eso lo sabía que iba a ocurrir hasta el lucero del alba.

La continuidad en el gobierno de ministros como De Guindos, Montoro y la ministra Fátima Báñez, augura que no habrá marcha atrás en las reformas laborales y que harán unos recortes por valor de 5.500 millones de euros para contentar a Bruselas. Nombrar a María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa, además de ser un auténtico despropósito, es un insulto a la inteligencia y si me apuran una afrenta a la España que defiende el ejército. Con el nuevo Gobierno, que se ha hecho fuerte, y con un PSOE y Ciudadanos, convencidos de su debilidad a fuerza de entregarse, vamos a vivir tiempos convulsos; por lo que tenemos que prepararnos contra sus recortes, la precariedad en el empleo y mayor sufrimiento social.

Frente a lo que se nos avecina, la acción ciudadana; contra la mordaza, el derecho de protestar. La democracia no consiste solamente en participar en un periodo de tiempo determinado, votando en elecciones generales, autonómicas y municipales. La democracia es participación, y cuanta más participación, mayor calidad adquiere el sistema. La Constitución, que habrá que cambiar por una republicana, mandata a los poderes públicos para que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La ciudadanía que se sienta afectada por las decisiones de los poderes públicos, tiene derecho a manifestar públicamente sus disgusto o malestar, a través de asociaciones, sindicatos o partidos políticos; pero también a ejercer ese derecho por si misma, sin intermediarios que la represente en manifestaciones y reuniones. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política; como los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Pero ¿qué ocurre cuando un gobierno amparándose en la legalidad de una mayoría absoluta o relativa parlamentaria, ataca, con su política, la raíz misma del Estado y los valores que le identifican, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político? o ¿qué ocurre cuando ese gobierno se desentiende del mandato constitucional de promover los llamados principios rectores de la política social y económica? Un partido que consigue una mayoría parlamentaria y no tiene mayoría social, no está «legitimado» para abordar reformas estructurales que afectan a valores y principios, y mucho menos tocar los derechos para recortarlos, sino es mediante el compromiso, el diálogo y el acuerdo.

Veamos la situación con números en la mano. El 26-J, el PP consiguió un apoyo electoral del 17,10%, sobre el total de la población española (46.438.422 de residentes al 1 de enero 2016); el 21,74% sobre el censo electoral (36.520.913 votantes). Obtuvo 7.941.238 votos, que representa el 32,7% sobre la ciudadanía que ejerció el derecho de voto (24.279.259 votantes); y consiguió una representación de 137 escaños en el Congreso de los Diputados, que con la corrección del sistema electoral le otorga el 39.14% de la Cámara. Esto es, del 17,1% sobre la población, pasa al 39,14% del Congreso. Situación que hay que cambiar, por dignidad democrática.

La Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Sí, ya se que los derechos anteriores no tienen la consideración de derechos fundamentales y que por tanto no están protegidos constitucionalmente; ya se que solo son mandato orientativo, principios rectores, que los poderes públicos tendrán en cuenta, regularán o no regularán siguiendo su voluntad, o lo que es peor eliminarán algunos de los que ya estaban reconocidos y regulados, como así ha ocurrido, en la legislatura anterior, a favor de otros intereses particulares, que no generales.

Cuando un gobierno no tiene la legitimidad de la mayoría social y además se desentiende de proteger y regular derechos que la Constitución promueve; la ciudadanía desprotegida adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada como lo ha sido por el anterior gobierno, que tiene la misma esencia que el nuevo.

Hay demandas de primera magnitud, que deben abordarse de forma inmediata, en respuesta a las políticas del PP y lo que se avecina con el nuevo Gobierno. Los sindicatos UGT y CCOO, mantienen la lucha contra el desempleo, la reducción a la mitad de la actual tasa de paro antes del final de la legislatura; estableciendo de un Plan de Choque por el Empleo, la derogación de las reformas laborales del 2010 y 2012, con la supresión de todas las formas de precariedad laboral, como la temporalidad abusiva, los contratos de muy corta duración o las horas extras no pagadas. UGT advierte al Gobierno, de que si continúa con la misma línea económica: recortes y austeridad, con la excusa de cumplir el déficit que exige Bruselas, el sindicato se verá obligado a tomar el camino de la confrontación social.

Si animo de ser exhaustivo, las reivindicaciones de las asociaciones civiles para el diálogo social son múltiples y de muy diferente calado, pero que hay que abordar sin remisión. Las asociaciones de mujeres, buscan reparar los efectos de un sistema que perpetúa el machismo tradicionalmente imperante en todos los ámbitos de la sociedad, para lo que proponen un Pacto de Estado en la lucha contra la violencia machista, que vaya más allá de declaraciones, y que impulse espacios reales de relación institucional con la sociedad civil. Es necesario, trabajar en aspectos como la trata, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las mejoras en la sanidad, en la justicia y en el empleo, apostando por la implantación de políticas de igualdad de las empresas y una distribución económica equilibrada. 

Por su parte, las líneas que defienden las principales plataformas ecologistas, son diversas y abarcan un amplio abanico de medidas, hacia una reconversión ecológica de la economía que evite el colapso, el desastre y la desigualdad, para lo que apuestan por las energías renovables y el abandono de las fósiles, algo que tendría un potencial enorme en la creación de I+D y en la generación de actividad económica. Rechazan firmemente al TTIP y al CETA, que supondrían una vía de entrada para sustancias químicas prohibidas en Europa. Finalmente, apuntan a un plan de cierre de las nucleares, al apoyo de la pesca sostenible, y a la derogación de leyes como la de costas, montes y la ley mordaza, que afecta de lleno al ecologismo porque «no puede ser que se criminalice la protesta pacífica y se persiga a los activistas por resultar incómodos».

El colectivo Marea Granate trabaja por conservar los derechos de los españoles residentes en el extranjero, especialmente en lo que al derecho a voto se refiere, para lo que piden una reforma de la ley electoral que suprima el voto rogado, amplíe los plazos de la documentación y de los mecanismos para efectuar los envíos, desarrolle un verdadero sistema mixto de voto y ofrezca una alternativa eficaz al sistema postal.

Las reivindicaciones en materia de inmigración se centran en la acogida y la integración, buscando una sostenibilidad del sistema que contemple convivir y coexistir pacíficamente con el resto de la sociedad a largo plazo. Sindicatos y organizaciones sociales han expuesto las reivindicaciones en materia de igualdad, memoria histórica, educación o empleo. Las señaladas son algunas de las reivindicaciones; hay otras materias sobre las que hay que incidir, como la sanidad, la educación, con un Pacto que debe ser social y político. En memoria histórica, se apuesta por una Ley de Víctimas del Franquismo, que recoja el reconocimiento jurídico de las víctimas y las homologue a otros colectivos de víctimas. 

Mucho por hacer y mucho que reivindicar. Se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Parece como si el Sistema hubiera abandonado a la ciudadanía; frente a todo, la protesta.

Víctor Arrogante

En Twitter @caval100
La protesta es un derecho
  • Comenta con Blogger
  • Comenta con Facebook
Top