Joan Tardà: El fraude de la ley de la memoria histórica no tiene perdón

Joan Tardà: El fraude de la ley de la memoria histórica no tiene perdón
Ayer martes, el pleno del Congreso de Diputados debía decidir si aprobaba el proyecto de ley de ERC que debía sustituir, en caso de aprobarse, la ley de la memoria histórica de Rodríguez Zapatero de 2007 para dar paso a una ley que hiciera justicia, de verdad, a las víctimas del franquismo. Una argucia del Gobierno, al considerar que el debate podía suponer un incremento presupuestario, nos ha obligado a aplazarlo un par de meses.

No importa! Igualmente no podrán evitarlo. Tanto el PP como el PSOE, mal que les pese, deberán encarar la demanda y cometerán un gran error si siguen creyendo que pueden fortalecerse los valores democráticos en las nuevas generaciones sin hacer prevalecer la verdad y la justicia. Al contrario, contribuirán a relativizar en beneficio de la banalización de las ideas racistas, fascistas, totalitarias … y su expansión.

Vale la pena recordar de dónde venimos y dónde estamos. En 2004 votamos la investidura de ZP para que se comprometió también a legislar para reparar a las víctimas. Pero en 2007, hecha la llamada ley de la memoria histórica, a diferencia de IU e ICV, que la avalaron, los republicanos tuvimos que votar en contra. Y lo pagamos con el escarnio de aquellos que querían hacer creer a la ciudadanía que éramos tan extremistas en nuestras reclamaciones que habíamos terminado coincidiendo con el PP en el no a la ley. No importa! Éramos conscientes del riesgo de decir no en la medida que un sí unánime contribuía a hacer creer que todas las fuerzas políticas antifranquistas habían actuado del mismo modo que en las sociedades democráticas que también habían tenido la desgracia de sufrir pasados ​​dictatoriales.

El tiempo nos ha dado la razón y la legislación española no ha sido capaz de homologar a la del resto de estados en cuanto a la asunción de la doctrina de las Naciones Unidas con respecto a los crímenes contra la humanidad y al reconocimiento del derecho inalienable a la verdad y del deber de recordar, por lo que esta anomalía es conocida internacionalmente como el “modelo español de impunidad”. Una impunidad construida a partir de la cerrazón por parte de los partidos políticos que protagonizaron la Transición a blindar la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, a través de la cual los verdugos perdonaron las víctimas. Una ley de punto final que contradice la propia Constitución española aprobada en 1978, que incorpora el sometimiento de la legislación a los principios de los derechos humanos.

El tuétano radica en el hecho de que España siempre se ha negado a calificar la represión franquista como crimen contra la humanidad y a reconocer jurídicamente todas las víctimas. En consecuencia, las personas represaliadas y sus descendientes han permanecido indefensos ante los tribunales, lo que explica que se haya tenido que recurrir a la administración de justicia argentina. Del mismo modo, a diferencia de otros estados como el alemán, que en tiempos de Helmut Kohl anuló las sentencias de los tribunales nazis, las emitidas por los tribunales franquistas no pueden ser anuladas porque los tribunales son considerados legales para ley y, en consecuencia, también sus sentencias.

Por otra parte, la ley garantiza que no se resarcirán los patrimonios expoliados, por lo que no se devuelven los bienes expoliados a personas físicas y jurídicas ni se reparan los perjuicios a las personas cautivas (trabajo esclavo de decenas de miles de presos) que permitieron grandes beneficios económicos en el Estado y empresas que hoy en día cotizan en la bolsa. Compare, una vez más, esta realidad con el que han tenido que pagar empresas alemanas de renombre.

La anomalía española es dolorosa porque todo el mundo sí se ha avanzado en la reparación de las víctimas. Incluso en Sudáfrica o en alguna república americana en la que no fue posible la condena penal de los responsables de los crímenes contra la humanidad se crearon comisiones de la verdad y la reconciliación para hacer prevalecer la verdad de los hechos.

El caso español es, sin embargo, un erial en cuanto a los derechos de las víctimas: desde la no asunción de responsabilidades en la muerte de miles de republicanos en los campos nazis hasta la consideración de bandoleros aplicada a los maquis, pasando por el no reconocimiento de las víctimas fallecidas a manos de funcionarios y grupos fascistas durante la Transición, la inhibición con respecto a la localización y exhumación de las fosas comunes, la no apertura de archivos o el mantenimiento de honores, títulos y símbolos otorgados por la dictadura. Además de un largo etcétera de oprobios y, evidentemente, la negativa rotunda de Juan Carlos I a pedir perdón a las víctimas en nombre del Estado años atrás, y ahora por parte de su sucesor.

Nos honra que nuestra sociedad haya mantenido constantemente la denuncia del modelo español de impunidad. No ha sido inútil. Al contrario, es el que nos permitirá garantizar que un proceso constituyente catalán conlleve la exigencia de incorporar en el texto constitucional del nuevo estado los deberes respecto a la reparación de las víctimas catalanas y de todas las naciones del actual estado español ( y la consiguiente actuación ante los tribunales internacionales), así como un compromiso firme de contribuir a hacer prevalecer, desde la República de Cataluña, los principios de la justicia universal.

Por ello, hasta el último día de estancia en el Parlamento español, insistiremos. Se lo debemos a quienes nos legaron anhelos de libertad y lo debemos a todas las personas que en el mundo sufren, hoy, la vulneración de los derechos humanos.

Joan Tardà

Fuente: Ara.cat
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