Arturo Peinado: "La ley de Memoria Histórica abandona a las víctimas del régimen franquista"

Arturo Peinado: "La ley de Memoria Histórica abandona a las víctimas del régimen franquista"
Intervención de Arturo Peinado, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, sobre la situación de la lucha por la memoria y los derechos de las víctimas, en el "Centro Cultural Pepe Dámaso" de Las Palmas de Gran Canaria, el 30 de Marzo de 2017 

(Con mi agradecimiento, en especial, a Olga Alonso, Max Paiser, Sergio Millares y Charo de León)

En primer lugar quiero agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión Coordinadora del Encuentro de Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo.

Fundamentalmente, agradecemos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Consejo asesor de Memoria Histórica de Las Palmas, que nos haya brindado la oportunidad de conocernos personalmente, y de poder informaros de cómo vemos en estos momentos la situación de la lucha por la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo.

El pasado 24 de diciembre, al final del discurso de Nochebuena, el jefe del Estado, dijo: “son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”. 

Este alegato explícito a favor de la impunidad y del olvido tiene una doble lectura: Por un lado expresa el rechazo del Estado español a cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos en defensa de la impunidad de los crímenes franquistas, como hizo la representación española en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014.

Por otro lado, que Felipe Borbón cierre el discurso más importante del año con dicha alusión, implica el reconocimiento de que las reivindicaciones del movimiento social por la memoria histórica y por los derechos de las víctimas del franquismo, hoy es un debate que está en la sociedad, en la política, y en los medios de comunicación.

Nuestra Federación, que ha participado en diversos procedimientos judiciales desde 2003, ha llegado a la conclusión de que la solución al problema de la impunidad del franquismo es política, y debe generarse en el Parlamento, legislando, derogando y anulando la legislación en la que se sustenta lo que organizaciones internacionales de derechos humanos denominan “modelo español de impunidad”. Todo ello, independientemente de procedimientos judiciales que haya abiertos o se puedan abrir, aquí o como los que se han presentado en Argentina o en México.

Tras las elecciones de junio y la conformación de un gobierno en minoría parlamentaria, así como algunas políticas de memoria puestas en marcha por comunidades y los llamados ayuntamientos del cambio, valoramos que se han abierto nuevos espacios de intervención a las organizaciones que trabajamos en la recuperación de la memoria histórica.

El ENCUENTRO

En el mes de octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio común al que se han incorporado hasta 88 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar ENCUENTRO. De allí salió un amplio Documento consensuado, la llamada CARTA de Vicálvaro, que no es de nadie en concreto pero es de todos, y que se ha hecho llegar a las fuerzas políticas antes de las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016 como propuesta programática, con el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase fuera de la agenda política y de la campaña electoral. Tuvo cierto éxito, sobre todo en la campaña diciembre, porque conseguimos que todas las fuerzas se posicionasen, que se tratase en la campaña, y algunos tuvieron que modular y modificar sus planteamientos durante la misma campaña. Lo acompañamos además con una campaña en Redes Sociales utilizando el Hashtag #NoVotesFranquismo.

La Carta de Vicálvaro fue presentada y exigida por los colectivos integrantes del Encuentro a las principales formaciones políticas de todo el territorio del Estado que concurrieron a las anteriores elecciones generales, con desigual acogida por las mismas. Tras las elecciones generales, la misma se ha presentado y reclamado a las principales instituciones del Estado: Las Cortes Generales, Parlamentos Autonómicos y Ayuntamientos, entre otras.

Entre las principales exigencias, que no las únicas, que los colectivos que asumimos la Carta de Vicálvaro, reclamamos a todas las instituciones del Estado español y a todos los partidos políticos, reseñar las siguientes:

Condena del franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU.
Reconocimiento jurídico, político y social de todas las víctimas del franquismo y del nazismo, y del daño causado a este colectivo.

Cumplimiento de la legislación internacional en materia de DDHH así como de las recomendaciones de los relatores de la ONU y expertos internacionales.

Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas.

Creación de una fiscalía especializada para la investigación y persecución de los crímenes del franquismo.

Localización y judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando por ley la responsabilidad directa e ineludible del Estado español respecto a la exhumación de las fosas comunes.

Reconocimiento como un problema de Estado el robo masivo y sistemático de bebés, durante décadas y en todo el territorio español, desde 1936 hasta bien entrada la democracia.

Declarar por ley la nulidad de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista.

La Estrategia seguida por las organizaciones del ENCUENTRO ha sido compaginar movilización con iniciativa institucional, con un objetivo: plasmar en leyes y en políticas las reivindicaciones del movimiento memorialista en esta legislatura. Hemos realizado ya dos manifestaciones en Madrid, y hemos celebrado múltiples reuniones, entregas de la Carta a dirigentes políticos y cargos públicos…

En mayo de 2016 la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una de Ley de Víctimas, recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a otras propuestas. Se ha trasladado a diversas fuerzas políticas y grupos institucionales, con buena acogida, pero distancia por la concurrencia con múltiples iniciativas parlamentarias memoria histórica de varios grupos políticos. Algunos, como En Marea o Compromís, sí se han manifestado públicamente a favor de una LVF.

Ahora hay que revitalizar el ENCUENTRO. En el próximo mes de mayo está previsto celebrar la 3ª reunión estatal y debatiremos qué vía institucional queremos dar a la Carta del Encuentro y al desarrollar el borrador de Ley de Víctimas.

Nuestra propuesta, en el marco del Encuentro, será promover la convergencia estratégica del MSRM y de la izquierda política en torno a una LVF, por supuesto con bases jurídicas y teóricas a partir del documento de Vicálvaro. Debemos convencer a las fuerzas políticas democráticas de que ninguna de las múltiples iniciativas políticas particulares que se están presentando tiene futuro, y que deben aunar fuerzas a partir de la Carta de Vicálvaro y de las reivindicaciones y propuestas reales de las asociaciones memorialistas.

Tenemos que aprovechar los resquicios de la coyuntura política, sin dejar de tener en cuenta de que probablemente, una mayoría parlamentaria se pondrá del lado de la impunidad, tal y como ha pasado recientemente con votaciones sobre las extradiciones de torturadores a Argentina. De cualquier modo, que un amplio conjunto de fuerzas parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de la anulación de la Ley de Amnistía y un texto conjunto de Proposición de Ley de Víctimas, sería un hito histórico, un triunfo para las víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha. 

Ley de Víctimas del franquismo

Nuestra propuesta central como Federación se plasmaría en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. Hemos trabajado en un amplio borrador, abierto a modificaciones y a ampliaciones. Se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales. Próximamente estamos organizando 3 debates en Madrid, 2 de ellos con expertos en Justicia Internacional y Derechos humanos en el ICAM, y otro posterior con los responsables de MH de las diversas fuerzas parlamentarias.

El Proyecto LVF Se basa en dos ideas: que se niega a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas. La diferencia de trato no tiene base jurídica ni lógica (definición de víctima de NNUU) y hay que acabar con ello. Asimismo, vemos indispensable que el estado asuma las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH. La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Coincidimos con el fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:

"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

El Documento en el que estamos trabajando comienza con una Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. 

Establece la necesidad del reconocimiento jurídico de las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.

La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del reconocimiento jurídico de las víctimas, y posteriormente garantizar la aplicación a las mismas de esos tres derechos, conforme al Derecho Penal internacional de los Derechos Humanos.

Buena parte del trabajo, se fundamenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa y se ha atendido su problemática por parte del Estado español. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a la definición de Naciones Unidas, sino que lo que les diferencia a todos los efectos es la identidad de los victimarios.

La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica. El franquismo fue un régimen ilegal que, a partir del secuestro de la soberanía nacional por los golpistas del 18 de julio, ejerció la violencia en múltiples formas contra la sociedad practicando el terrorismo de Estado, sirviéndose para ello de las leyes y de las instituciones: el ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial… Por tanto, la responsabilidad que tiene el Estado español con respecto a las víctimas del franquismo es de mayor nivel y más directa que con respecto a otros colectivos de víctimas, con las que sí se ha buscado hacer justicia, incluso elaborando una legislación específica para ello.

La negativa por parte del Estado español a anular las sentencias franquistas en nombre de una supuesta seguridad jurídica, tal y como quedó establecido en la Ley de Memoria Histórica de 2007, supone de hecho la asunción de su plena responsabilidad de las consecuencias de la legislación represiva del franquismo. El hecho inconcebible de que el estado de derecho no se haya sustentado en la ruptura legal con el franquismo, y que todas las sentencias represivas franquistas sigan siendo firmes y legales a día de hoy, supone por parte del Estado democrático el reconocimiento explícito de su responsabilidad en los abusos y las agresiones a los derechos humanos cometidos por la dictadura franquista.

Además debemos considerar que no sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un sentido amplio, lo fue el conjunto de la sociedad española.

Esta no puede ser una ley de víctimas de la guerra civil en general. En primer lugar porque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, tanto en dictadura como en democracia, ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la guerra civil, producto del colapso del estado republicano a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas las familias) de unas políticas de reparación intensivas que tomaron múltiples formas: indemnizaciones; pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; concesiones de gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios; facilidades al acceso a titulaciones académicas, etc… Pero sobre todo recibieron un reconocimiento público prolongado, multiforme y unívoco. Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.

Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia. Si alguien realizó políticas de memoria colectiva apabullantes, que se prolongaron durante cuarenta años, ese fue el franquismo, adoptando múltiples formas para interferir en los más habituales actos de la vida cotidiana de todos los españoles, en línea con su pretensión declarada de constituirse en Estado totalitario.
Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación tan injusta, como pudiera ser la existencia de miles de fosas comunes clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente) pone en cuestión la vigencia real del Estado de derecho.

También se debe tener en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.

Somos conscientes de que la tarea que se nos presenta es muy difícil. Hace unos meses el diputado Joan Tardà nos comentaba que queda todo por hacer, pero que el esfuerzo de cientos de personas en muchos puntos del Estado español ha impedido que los vencedores de la guerra, de la dictadura y de la Transición, diesen carpetazo a la memoria de los defensores de la República, y de los combatientes antifascistas. Hemos impedido que se impusiesen definitivamente la impunidad de los crímenes franquistas, y las políticas de silencio y olvido propugnadas desde 1977.

Nos gustaría que todas las organizaciones de memoria canarias se adhiriesen al Encuentro de Asociaciones, que creemos es hoy el mejor instrumento. Nos ponemos a vuestra disposición para remitiros toda la documentación, y establecer cauces permanentes de colaboración e información.

Muchas gracias.

Arturo Peinado, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria


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  • Date : 4.4.17
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