Educación para la ciudadanía y derechos humanos en la II República

Manuel Azaña
La República buscaba instruir a la ciudadanía en sus derechos y deberes, desarrollando una educación centrada en impulsar una ciudadanía activa y participativa, por ello, la República prestó una dedicada atención a la educación, entendiendo que su objetivo era "convertir a los súbditos de la Monarquía borbónica en ciudadanos de la República española" (1). 

En este sentido se destinó un gran esfuerzo a la creación y a la mejora de las escuelas, fundamentalmente de Primaria, así como a ampliar la formación, el sueldo y el número de docentes, quienes eran tenidos en gran estima social por ser los encargados de instruir a los que habrían de ser los futuros ciudadanos" (2).

Según el historiador Julián Casanova, ante el avance la educación laica, la reacción de la jerarquía eclesiástica a la II República, y a todo el proyecto ideológico y pedagógico que ésta defendía, fue de rechazo absoluto, posicionándose a favor de la monarquía.

Para la iglesia, la educación laica inculcaba valores negativos en los niños y niñas, apartándoles de la correcta formación moral y cívica de inspiración católica y les hacía caer en un proceso de secularización y desmoralización. 

Resulta muy ilustrativo el preámbulo del Decreto de 9 de junio de 1931 en el que el Gobierno republicano afirmaba que "la instrucción pública ha llegado ya a sentirla el Estado como un deber inexcusable y primordial, y a sentirla la nación como la única posibilidad de que la democracia cumpla sus destinos históricos". (3)

En la misma línea ya se posicionaba don Manuel Azaña, en mayo de 1924, cuando se publicó, clandestinamente, el manifiesto "Apelación a la República", llamando a una democracia militante y docente. Azaña afirmaba que la democracia era una operación activa de engrandecimiento y bienestar moral y que la democracia que solo instituía los órganos políticos elementales, como eran los comicios, el parlamento o el jurado, no era más que una democracia aparente, ya que "si a quien se le da el voto no se le da la escuela, parece una estafa. La democracia es fundamentalmente un avivador de la cultura". (4)

Además Azaña, también destacó una idea muy importante, que los españoles carecían de una verdadera conciencia nacional porque carecían de una cultura cívico-democrática y, por tanto, era misión primordial del Estado fomentar esa cultura, porque, al hacerlo, estaría creando un espíritu nacional común, una nación.

En sintonía con esa ideología educativa, se llevaron a cabo diversas medidas, entre las que se pueden destacar, siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Marcelino Domingo, el Decreto de 13 de mayo de 1931 que suprimió el Plan Callejo; el Decreto de 6 de mayo de 1931 que suprimió la presencia de símbolos religiosos en las escuelas y la obligatoriedad de la asignatura de religión, aunque manteniendo su enseñanza si la familia lo solicitaba; el Decreto de 21 de mayo de 1931 que exigía a los docentes, tanto del ámbito público como privado, tener la correspondiente titulación para poder ejercer o el Decreto de 29 de mayo de 1931 que dio via libre a la creación de Misiones Pedagógicas destinadas a "difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural".

De igual forma, en el preámbulo del Decreto de 23 de junio de 1931, se sentenció que España no sería una auténtica democracia mientras que la mayoría de sus habitantes se vieran condenados a la ignorancia y, por tanto, y ante el clamor popular, era necesario potenciar la creación de Escuelas ya que había llegado el momento "de redimir a España por la Escuela". (5)

Mediante la Constitución de 1931, la II República, defendería una educación pública como función esencial del Estado, con carácter laico, social, activo, cívico y creador, así como gratuito, principalmente en Primaria y Secundaria, y favorable a la coeducación y a la educación de personas adultas.

Todo ello, produciría un foco de problemas con la Iglesia Católica en temas educativos, pues la República defendía un Estado laico, en el que las confesiones religiosas pasaban a ser consideradas asociaciones, sometidas a una Ley especial y no siendo favorecidas o auxiliadas económicamente. Además se les prohibía el ejercicio de la enseñanza, pudiendo sólo enseñar sus doctrinas en sus propios establecimientos, bajo inspección del Estado, y se nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico. Incluso se disolvió la orden de los jesuitas que tenía una larga tradición en la enseñanza.

Alicia Muñoz Ramirez

(1) Rodolfo Llopis, primer Director General de Enseñanza Primaria de la República, en un artículo publicado en Crisol, el 16 de abril de 1931. 

(2) Marcelino Domingo, discurso pronunciado en 1934.

(3) Consejos de Primera Enseñanza. Decreto de 9 de junio de 1931.

(4) Manuel Azaña, Apelación a la República, mayo de 1924.

(5) Decreto de 21 de junio de 1931, relativo a la creación de 7000 plazas de maestros y maestras con destino a las escuelas nacionales.
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  • Date : 13.4.17
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