Pedro A. García Bilbao | Al Servicio de la República
Catalunya se ha levantado contra el gobierno del Partido Popular y contra el modelo constitucional español que ha entrado en crisis irreversible. Al menos se ha levantado una parte muy sensible de la sociedad catalana y sus instituciones políticas, ayuntamientos, parlamento y gobierno. Consideran roto el pacto constitucional desde que en 2010, su proyecto de Estatuto aprobado entonces por el pueblo catalán de forma aplastante y, no se olvide, por las Cortes Españolas, fue anulado por el Tribunal Constitucional a instancia de parte, el Partido Popular, hoy en el gobierno. Ocurre que el nuevo referéndum que demandan para definir su futuro, es ilegal en el marco constitucional español, pues los referéndum en ella son básicamente consultivos y sólo pueden ser convocados por el gobierno entre otras limitaciones. No debe olvidarse que la Ley Fundamental, también llamada Constitución Española de 1978, desarrolla un modelo nacido para blindar la monarquía y la relación de fuerzas del final de la dictadura, cuando forma de estado, unidad de la patria, papel del ejército, relaciones con la Iglesia y legalidad franquista quedaron fuera del debate constitucional y aceptadas sin más. Los nacionalistas catalanes aceptaron en su día ser legalizados por el franquismo —como el PCE y el PSOE—, pero en su caso a cambio del reconocimiento de sus instituciones de autogobierno, además de la «transición» a un estado democrático basado en la impunidad y la desmemoria. Hoy, aquel acuerdo se ha roto, es un hecho, y una primavera catalana va a eclosionar este primero de octubre ante la mirada estupefacta del poder, que no acaba de comprender que si todo se mantenía como era deseable se debía, sobre todo, a la complicidad de muchos.
Lo cierto es que la tensión crece día a día. Se han concentrado en Catalunya más de 10.000 efectivos de los cuerpos de policía venidos de toda España, al tiempo que las movilizaciones en la calle, pacíficas pero firmes, se suceden. La extrema derecha ha jaleado la salida de unidades policiales en expedición a Cataluña, en medio de banderas y gritos amenazadores, unas escenas que han permitido evocar las tristes imágenes de las columnas rebeldes de la Guerra de España saliendo hacia los frentes. Todo aparece dispuesto para la fecha. El 1 de octubre se presenta con la imposibilidad física de hacer un referéndum ante las prohibiciones, los embargos de papeletas y urnas, sin censo accesible, sin junta electoral y bajo interdicción judicial. Se anuncia que un voto positivo llevará a la declaración unilateral de independencia. ¿Se va a producir finalmente?
El 1 de Octubre es sólo una fase del proceso, la declaración de independencia sería una segunda fase, hacerlo efectivo, la tercera fase, significaría un choque directo. ¿Se va a llegar a eso? No parece que falte voluntad para ello, pero se han de tener en cuenta algunas consideraciones.
El bloque independentista no es tan homogéneo como parece. En su parte más visible, la figura del presidente Puigdemont, las posiciones nacionalistas son firmes pero ideológicamente es neoliberal. ¿Hay condiciones y voluntad para llegar a un enfrentamiento final?
Cuanto estamos viendo es un pulso al poder central y a las elites dirigentes españolas por su contraparte catalana, con un mensaje claro: somos muchos, somos necesarios y necesitáis nuestra complicidad porque si no colaboramos todo se desestabiliza. El motor, el mascarón de proa de toda la acción independentista lo lleva el PDCAT y sus consejeros y sectores afines. Suponer que llegada «la lucha final», los neoliberales y los reaccionarios etnicistas de clases medias del núcleo duro van a ordenar a los Mossos repartir fusiles de asalto a la CUP es sencillamente absurdo.
Realizar una declaración unilateral de independencia y aplicarla en la práctica en los edificios oficiales y fronteras, ordenando un despliegue de las fuerzas policiales propias, llevaría a choques con las fuerzas de seguridad del estado y ello a la intervención militar o bien a la de los Cuerpos Especiales de Policía y Guardia Civil, pues un estado central controlado por los beneficiarios de la impunidad franquista no va a ceder. Este escenario sería la Destrucción Mutua Asegurada. No se puede obviar que no les diferencia del estado central el modelo económico o social, solo el control del presupuesto, la relación con Bruselas, la OMC o el BCE; es el mismo modelo socioeconómico, incluso en el posicionamiento estratégico (OTAN, Israel, UE).
Los sectores independentistas con posiciones de izquierda y republicanas son la cara visible callejera y la masa en las acciones de protesta, pero no tienen el control del proceso y representan, además, una amenaza de clase tanto para su propio «Gobern» como para el de Madrid; suponer que van a sobrepasar a sus sectores reaccionarios más al estado español en pleno ellos solos sin contar con la movilización en toda España de la izquierda y el movimiento obrero, algo que ni ellos demandan, ni los otros están en condiciones de ofrecer en el hipotético caso de que quisieran, es mucho suponer. El movimiento obrero está ausente de la batalla, salvo acciones de solidaridad contra la represión, pero no hay ni remotamente una acción coordinada ni una coincidencia de intereses: nada raro si consideramos que la parte dirigente de la Generalitat ha sido el motor de brutales recortes sociales y de políticas neoliberales iguales a las «españolas».
Salvo que haya acciones fuera de control que causen víctimas y la espiral se acelere, la situación continuará hasta un momento determinado en el que avanzar llevaría inevitablemente a la linea roja de la intervención en fuerza y el enfrentamiento civil. Ambas partes, el poder central y, no olvidemos, los que hasta hace muy poco han sido los cómplices necesarios del régimen del 78, están llamados a llegar a un acuerdo, en el que los sectores menos «comprensivos» serán sacrificados y en el que puedan salvar la cara los dos lados. El interés de clase de ambas partes dirigentes no va a ser vulnerado, no es probable en todo caso. ¿Cuál sería la salida posible?
Con seguridad el 1 de octubre el independentismo va obtener un gran triunfo político. No dependerá del número de urnas o votos, sino de la gran movilización que tendrá lugar, del mar de personas en las calles mostrando al mundo papeletas de voto. Eso va a ocurrir con toda seguridad. Tras un triunfo incuestionable se está en disposición de negociar, nunca antes. Eso es lo más probable. O eso, o el suicidio colectivo de ambas partes.
La salida sistémica es la reforma constitucional profunda, la independencia en materia económica en la mayor medida posible y el reconocimiento simbólico de la soberanía. Soberanía económica respecto de España en cierto grado, sí, por supuesto, pero no entra en cuestión la total y absoluta dependencia económica de la Unión Europa e instituciones afines internacionales, el «programa máximo» del independentismo, cambiar una dependencia por otra. La Corona jugará su papel con toda seguridad, pretendiendo amparar al pueblo catalán y quedando la unidad de la patria española asegurada con su mediación: es decir, lo que se les podría ofrecer a los catalanes sería la renuncia a la república, independencia económica —o bien un modelo similar al de Navarra—, reconocimiento simbólico de soberanía y aceptación de una nueva Monarquía federal. Volver a los Austrias, en pocas palabras. Esta es la salida sistémica en la que sin duda se mueven ya muchas manos. Los sectores mas oportunistas de ERC pueden entrar a ese trapo, pues de hecho ya lo hicieron en 1977, y podrían aislar a los más republicanos de entre sus filas (Joan Tardá y afines); las CUP no tienen fuerza para contrarrestar la maniobra, aisladas como están del movimiento obrero y sin referentes políticos en el resto de España. Pero los prejuicios ideológicos de la CUP y otros sectores populares catalanes no exime de su responsabilidad a los demás actores políticos. Hay que construir una fuerte alianza por la base, donde se den la mano el movimiento obrero, la izquierda independentista y la que no lo es, si esto no se ha producido no es por cuestiones ideológicas de la CUP solamente, sino por la deserción en masa de la izquierda «española» de cualquier pretensión de ruptura; esto ha arrojado al independentismo a cientos de miles de personas en toda Catalunya, que ven en ellos la única opción de ruptura; se está obteniendo lo sembrado.
Pero más allá de análisis de los actores políticos, y en momentos en los que el futuro está abierto y el pivote de la historia no sabemos hacia donde girará, cuando incluso la involución democrática y el enfrentamiento civil pueden ocurrir, tenemos que preguntarnos donde está el movimiento obrero. Ya no se trata solamente de si la cuestión nacional es importante o no para los trabajadores, ocurre que si las cosas van mal, la represión alcanzará a todos sin excepción. Es preciso valorar la necesidad de ir la Huelga General en toda España si se cruzan determinadas líneas rojas. Y al mismo tiempo hay que incorporar a la protesta el programa social que los trabajadores necesitan. Que nadie dude que si aplastan a los catalanes en el peor de los escenarios, la represión llegará a todos en todas partes sin excepción. Estamos unidos en esto. Neutralicemos a los que nos quieren dividir por cuestiones nacionales muchas veces absurdas y enfrentadas.
Respecto de la izquierda no independentista, Unidos Podemos y su constelación de fuerzas (Mareas, Izquierda Unida, PCE), directamente han renunciado desde siempre a una ruptura en clave republicana española y, por tanto, hasta se apuntará muy posiblemente como un triunfo propio la «reforma constitucional». La patética declaración presentada en Zaragoza por una Asamblea de Cargos públicos encantados de conocerse, va a pasar a la historia como un ejemplo de total irrelevancia en horas históricas. Nos preguntamos si entre los cientos de cargos públicos de la izquierda plural habrá alguno a la altura de la situación.
Los republicanos españoles no contamos con representación parlamentaria y nuestra capacidad para influir es muy limitada. La propuesta que realizamos es clara: esto no es el problema catalán, sino el de España. Solucionar el conflicto exige transformar el choque unionistas-indepedendentistas, en una tensión entre continuístas y ruptura, siendo la propuesta republicana un modelo abierto, el único donde la cuestión nacional podrá tener la salida democrática y con garantías que hoy demandan de forma tacticista algunos oportunistas bien situados.
Los independentistas y los sectores reaccionarios españoles coinciden en su visión de España, unos desde el rechazo, los otros defendiendo su modelo. Fuera de juego el ideal de la España democrática, solidaria, fraterna, republicana asesinada en 1939, la dinámica actual condena al país entero o al enfrentamiento civil o a una nueva escenificación del fraude de 1977, basado en la impunidad franquista, pero con una renegociación del contrato constitucional entre los cómplices de entonces. La secesión posible de Catalunya sería una réplica tardía de la España reaccionaria de 1939 y el precio último por disfrutar de la Casa de Borbón. No les concedamos esos triunfos.
El planteamiento de los republicanos españoles es claro y transparente: Consideramos que la Constitución Española de 1978 (CE78) es ilegítima de origen, al entrar en vigor por la firma de un Rey que fue jefe de estado de la dictadura. Sobre esta base coincidimos con los independentistas en una cuestión clave, la Constitución del 78 no es legítima. Esta afirmación —con sobrados argumentos para avalarla— es sentida firmemente por millones de personas, pues el proceso catalán ha hecho estallar muchas contradicciones y no solamente en Catalunya sino en toda España. El panorama ha cambiado.
Consideramos igualmente que se deben anular los referéndum que trajeron la Monarquía y que se debe restaurar la legalidad republicana. Sin duda algo difícil de lograr, pero lo que parece radicalmente imposible es encontrar a día de hoy es un diputado que lo diga, que lo plantee en voz alta en las Cortes. Es una vergüenza para toda la izquierda española, que las únicas intervenciones abiertamente defensoras de una república, procedan de los diputados independentistas, reduciendo la izquierda estatal el republicanismo español a cuestiones de atrezzo y guiños internos sin reflejo alguno en las estrategias, los programas, las alianzas o las prioridades. La propuesta de referéndum monarquía—república defendida por IU PCE o por Unidos Podemos lo consideramos un engaño inaceptable, una meta falsa conducente a contener al movimiento republicano. Hasta ahora han tenido éxito. Hemos de impedir que direcciones que no están a la altura del momento histórico y que son continuístas de los pactos de silencio e impunidad de la Transición, sigan bloqueando la construcción de una salida republicana. Deben ser superadas y, en cualquier caso, su obstruccionismo no debe ser tenido en cuenta para construir alternativas. Quienes se opongan deben ser aislados por la base, obligados a defender su impostura en público ante su propia gente, las contradicciones deben estallar.
Abogamos por una candidatura de unidad por la ruptura y la república en toda España, coordinando a todas las fuerzas políticas que estén sinceramente por la ruptura con el régimen del 78. Vemos preciso organizarse políticamente al margen de quienes han declarado repetidas veces que la República Española no es prioritaria; que no entre en sus cálculos o que no tengan argumentos para defenderla es una cosa; que permitamos que sigan siendo un freno es sólo responsabilidad nuestra. Sólo desde el peso de la presencia política autónoma se podrá defender con éxito la república. Se ha hecho evidente en esta crisis que la voz de la república no se ha oído. El papel jugado la JER o la Red de municipios por la República y otras de ámbito autonómico es nulo en toda esta crisis. Eso debe acabar. Se ha de actuar pasando por encima de quien haga falta. Debemos constituir por todas las provincias Comités Al Servicio de la República que asuman esta posición y sean el embrión d una cada día más necesaria Alianza Republicana.
La discusión sobre el modelo de república no parece haber impedido que los catalanes hayan logrado un gran éxito en sus movilizaciones y en su lucha; en el caso español defendemos un modelo claro; una república republicana y sin impunidad del franquismo, definida como lo hizo el artículo 1º de la nunca derogada Constitución Española de 1931, una república democrática de trabajadores, organizados en un régimen de libertad y justicia. Una república, que por ser democrática se construirá y se mantendrá por la voluntad soberana de los ciudadanos y con pleno respeto a los pueblos y su identidad.
Esa voz republicana hoy, será una voz que ayudará a esclarecer contradicciones, que llamará a formar un frente unitario lo más amplio posible y que mostrará un camino basado en la claridad y no en la ambigüedad. Sabemos que la república necesita republicanos, no habrá república de la mano de los que no creen en ella. Hay que defender abiertamente la república, hacerla viva con la palabra y el ejemplo, es el nombre que le damos a la victoria del pueblo y los trabajadores.
La coordinación entre los republicanos españoles y los republicanos catalanes, con la alianza de la izquierda y el movimiento obrero es la única salida. Juntos se puede tumbar al régimen del 78 e impedir el gatopardismo que ya se incuba. Sólo la República Española podrá resolver el laberinto de la cuestión nacional, reconociendo los derechos de los pueblos y defender el programa social avanzado que la situación exige en defensa de las clases populares. Esto es lo que en esta hora histórica llamamos sentido de estado. No vemos otro camino. A todos llamamos.
Pedro A. García Bilbao
Colectivo Al Servicio de la República
