155 ¿De qué Constitución?

155 ¿De qué Constitución?
Tiempo habrá en los próximos días, y meses, para valorar las medidas propuestas por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución, tanto desde el punto de vista de las finalidades que dice perseguir como de su adecuación y proporcionalidad –criterios generales de la aplicación de las facultades extraordinarias del artículo 155 CE sobre los que, al menos hasta hoy, había un muy amplio consenso académico–. O sobre cómo afecta al derecho a la participación política ex artículo 23 CE y eventualmente a otros derechos fundamentales, como la libertad de información y otros. También, desde luego, sobre su implantación práctica y su eficacia para resolver la actual crisis constitucional. De entrada, sin embargo, creo que es oportuno preguntarse qué Constitución se está aplicando con estas medidas. Y ello por el simple motivo de que algunas de ellas, las más llamativas e incisivas para la autonomía, como la disolución de las instituciones de autogobierno, fueron descartadas en el proceso constituyente español de 1978.

En efecto, por dos veces se intentó introducir en el hoy artículo 155 CE (artículo 144 del texto del anteproyecto y artículo 149 del texto aprobado en primera instancia por el Congreso de los Diputados) la facultad de disolver la “Asamblea regional” (en el anteproyecto de Constitución) o “los órganos regionales” (en el del proyecto aprobado por el Congreso). Ambos intentos corrieron a cargo de sendas enmiendas de adición presentadas por la UCD (la núm. 736, con el Sr. Ortí Bordas como primer firmante, en relación con el artículo 144 del anteproyecto, y la núm. 957, del Sr. Alberto Ballarín, senador, en relación con el artículo 149 del proyecto aprobado por el Congreso y que debía ser tramitado en el Senado). Y en los dos casos el intento no prosperó. Por tanto, la cuestión de la posible disolución de las instituciones autonómicas estuvo sobre la mesa del constituyente, y en ningún caso se introdujo en el texto final. Si el proceso constituyente puede aportar alguna luz sobre el tan abierto y genérico artículo 155, y particularmente en torno a sus límites (¿o no los tiene?), este hecho sin duda es de los más relevantes para ello.

La disolución del Parlamento (aunque sea en diferido) y la destitución del Presidente y de todo el Gobierno de la Generalitat, unido a la limitación de los poderes del Parlamento y a la introducción de un control político previo de las iniciativas parlamentarias a cargo de la autoridad competente, son todas ellas cuestiones tan graves, por la radical alteración del sistema constitucional que suponen, que de ningún modo pueden entenderse implícitas en la previsión de medidas cuyo objetivo es el cumplimiento de las obligaciones constitucionales o la protección del interés general. Y mucho menos cuando esta misma posibilidad fue desestimada en el propio proceso de elaboración de la Constitución.

Lo ocurrido es de una extrema gravedad, pero no debería sorprender demasiado. No deja de ser un paso más, esta vez de gigante, en la reinvención de la Constitución de 1978. Un proceso al que venimos asistiendo desde hace años, por el cual la Constitución de 1978 ha acabado en gran parte en manos de quienes la combatieron en sus orígenes. Espero con interés, aunque sin demasiada esperanza, lo que pueda decir el Tribunal Constitucional cuando resuelva (¿cuándo?) los recursos que, a buen seguro, le van a llegar sobre la aplicación del artículo 155 CE. ¿Todo vale cuando se trata de mantener la sagrada unidad de España?

Enoch Albertí Rovira
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona

155 ¿De qué Constitución?
  • Title : 155 ¿De qué Constitución?
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  • Date : 26.10.17
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