Discurso de Fernando Valera en París el 24 de julio de 1939

Discurso de Fernando Valera en París el 24 de julio de 1939
TEXTO TAQUIGRÁFICO DEL DISCURSO PRONUNCIADO EN PARÍS EL DÍA 24 DE JULIO DE 1939, EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE CORTES POR EL REPRESENTANTE DE UNIÓN REPUBLICANA D. FERNANDO VALERA.

Es esta la primera vez que intervengo en las deliberaciones de la Diputación Permanente de Cortes. La obligada ausencia de mi compañero de Minoría D. Alvaro Pascual Leone, a quien tengo el honor de sustituir en este organismo, echa sobre mis hombros tan fatigosa responsabilidad.

Si hubiera de atenerme exclusivamente a expresar la opinión de la Minoría de Unión Republicana, cuya representación ostento en la Diputación Permanente, me habría limitado como de costumbre a guardar silencio y a manifestar con mi voto el asentimiento o la disconformidad con lo que otros compañeros dijeran. Pero es tal el vuelo que ha tomado este debate, en el que veo planteado el problema fundamental de la República y de la Patria, que me inclino a salirme del ámbito de mi habitual modestia para terciar en él y exponer mi personal criterio; bien entendido que, como ha sido siempre mi costumbre, estoy dispuesto a renunciar a lo que considero justo criterio, si no logran convencer a los demás mis razones. Probablemente en la República Española nadie me aventaja en el convencimiento de la propia falibilidad. Dispuesto estoy a retirar mi criterio una vez expuesto, y ni se va a traducir en una proposición, ni aunque se tradujera había de insistir demasiado en el mantenimiento y defensa de la misma.

LA ESPAÑA ETERNA

He pensado al tomar la palabra, en mi Patria, en la España eterna. Podrá su unidad, me he dicho, estar más o menos desgarrada por la discordia civil; pero nada ni nadie podrá romperla, porque arraiga en las profundas entrañas de la historia, del pueblo y de la tierra. Podrá estar interrumpido de momento el ejercicio de la soberanía, por hallarse el país sometido a una facción que, a su vez, aparece mediatizada por la intervención extranjera; pero ese paréntesis ocasional no destruye ante mi conciencia el convencimiento de que existe una España eterna en su unidad y en su soberanía, cuya razón de ser -permitídme que lo diga en obsequio a mis propias convicciones filosóficas- permanece por encima de la voluntad de los hombres, pues que arraiga de modo eterno e inmarcesible en la mente de Dios, en cuya ejemplaridad consiste según nuestro Fray Luis de León la verdadera esencia de todas las cosas y de todos los seres. 

EL PELIGRO DE UNA DESINTEGRACIÓN HISTÓRICA

Pero, por otra parte, veo el grave peligro de una posible desintegración histórica que amenaza a la concreción objetiva de esa España una y soberana cuya existencia se presenta como realidad eterna ante mi conciencia. Porque, por una parte, los españoles que amparados por banderas extranjeras dominan hoy sobre los ciudadanos y pueblos de España, aparecen ante el mundo descompuestos, divididos en facciones y, por otra parte, nosotros, en el destierro, con nuestras luchas intestinas damos el espectáculo de la misma descomposición, sin sospechar ni tener que pueda surgir en la mente de los poderes políticos internacionales la idea de que España no es ya tal Nación, sino un conjunto de cabilas incapaces de convivir bajo una ley común, y que si llegan a convencerse de ello, conciban la conveniencia de desmembrar a España, sin más que dar forma política a un hecho del cual nosotros, los españoles, estamos ofreciendo reiterado testimonio con nuestra conducta. Y es este temor el que me ha determinado a hacer el uso de la palabra.

LOS VERDADEROS TÉRMINOS DEL CONFLICTO QUE HEMOS DE ARBITRAR

Y viviendo ya al problema concreto, me atrevo a decir que, tanto en el planteamiento del mismo por el Sr. Negrín, como en las sucesivas intervenciones del Sr. Prieto, la multitud y variedad de los detalles alcanzaron tal volumen que se ha desviado nuestra atención de las líneas generales del verdadero problema político que tenemos planteado.

Abundaron en las intervenciones de uno y otro reproches, quejas, reconvenciones y agravios. Tengo para mí que la misma intensidad con que los manifestaron es la prueba fehaciente de que brotan de afectos cálidos y que no han muerto, pues si los polemistas se fueran mútuamente indiferente, no se dolerían tanto de los reproches que se dirigen. Y esto me hace concebir la esperanza de que hombres que colaboran tanto tiempo al servicio de las mismas ideas y compartiendo iguales responsabilidades, lleguen a encontrar en ese sentimiento básico de afectos que perduran y en la noción de la responsabilidad que el destino echa sobre sus hombros, motivos bastantes para superar este estado pasional que ahora les domina. No desechemos la esperanza de verlos colaborar de nuevo en bien de la República, de sus ideales y de nuestra Patria. Permitidme manifestar esta esperanza, y si la dierais por imposible, dejad por lo menos que quede paladinamente registrado mi deseo.

Analizando someramente los hechos y separando con el análisis todas las cosas accesorias y negativas a que he hecho referencia, yo creo que el problema puede resumirse de la manera siguiente: Unos agentes o funcionarios del Gobierno reciben órdenes respecto al destino que debe darse a unos bienes procedentes del Estado español que existen en determinado país; así mismo, respecto al rumbo de un barco que contiene cierto tesoro de la República, y a la realización de otros valores que obraban en poder del Sr. Zabala. Más en el tránsito de la recepción a la ejecución de las ordenes recibidas, se interponen una serie de acontecimientos históricos imprevisibles, por lo menos en la rapidez con que se desencadenaron: Dimisión del Sr. Presidente de la República; pronunciamiento del General Casado en Madrid; forzoso abandono del territorio nacional por el Gobierno; reconocimiento del régimen de Franco por los Estados Unidos y por otras naciones europeas. Y como consecuencia de todo ello, los funcionarios encargados de la custodia de aquellos valores y de la ejecución de aquellas órdenes, advierten que la conjunción de acontecimientos inesperados ponen en riesgo de que se pierdan para la República y para la Patria, y entonces, en la obligación de adoptar iniciativas, acuden al Sr. Prieto que con su intervención y consejo (que por otra parte parece coincidente con las órdenes posteriormente dadas por el Gobierno) logra que aquellos bienes se pongan a salvo y queden a disposición de las Instituciones legítimas del régimen.

Agradecemos el relato minucioso y prolijo, casi novelesco, que nos han dado los Sres. Prieto y Negrín; pero mucho tememos que la excesiva insistencia en los episodios haya desdibujado los términos esenciales del problema. Afirmo, además, que examinado el relato con serenidad, no parece tan censurable -sino más bien digno de elogio- el celo de los funcionarios; parece así mismo eficaz en sus resultados la intervención del Sr. Prieto; y por último las posibles y forzosas fallos que haya tenido la gestión del Gobierno, no son de tan gran magnitud como, con su habitual apasionamiento, las ha presentado aquí el Sr. Prieto.

CÓMO SE PLANTEA EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DEL RÉGIMEN LEGÍTIMO DE ESPAÑA.

Pero no es ese episodio el fondo verdadero del problema. Hoy, como en ocasiones anteriores, y como acontecerá en otras venideras, al considerar un problema particular y pequeño, venimos a parar al fundamental e  histórico, y nos faltan bríos para acometerlo.

Es ya la tercera vez que eludimos la dificultad, y ella vuelve de nuevo a presentarse. Naturalmente, como que lo que hay que hacer es plantear el problema fundamental del régimen, que no ha sido planteado todavía. Y eso es lo que yo me propongo hacer.

Ahí están unos bienes, Sres. Diputados. ¿Y de quién son esos bienes?. De la Nación Española.

¿A quién debe entregarse su administración? A las Instituciones legítimas del Estado Español o al organismo en que ellas deleguen. Esto a mí me parece incontrovertible. Si yo creyera que no existe otro derecho que el que brutalmente los hechos imponen (como hemos oído decir a ilustres jurisconsultos republicanos), si yo creyera que el hecho de que determinadas naciones extranjeras hayan reconocido al General Franco, le concede títulos suficientes de legitimidad, os diría que huelga toda discusión: si el Gobierno reconocido por las naciones fuese el verdadero Gobierno de España,  nuestro deber sería entregarle esos bienes, que no son nuestros, sino de la Nación.

EL RÉGIMEN DE FRANCO NO PUEDE SER UN ESTADO LEGÍTIMO

Pero Franco no es el Gobierno legítimo de España. Para instaurarse, la República no necesitó de guerras, ni de soldados, ni de intervenciones extranjeras que mediatizaran el ejercicio de la soberanía nacional. La República advino pacíficamente, por la fuerza arrolladora de la voluntad popular expresada en el sufragio. No mató, ni asesinó ni destruyó una sola choza, ni removió un solo puñado de tierras; por el contrario, la República advino entre la algazara, el contento y la satisfacción de la nación entera. Porque no la implantamos sólo los republicanos; la implantó toda la sociedad española, incluso los partidos monárquicos que prestaron de manera pasiva su colaboración, apartándose de la lucha y negando su concurso al régimen que periclitaba. 

La Nación una y entera, por voluntad unánime del pueblo, implantó la República. Para destruir esa República ha sido necesario: Que los partidos que teníamos el encargo sagrado de defenderla y encauzarla, nos dedicáramos torpemente durante ocho años a malbaratar el patrimonio que nos había sido confiado; ha sido menester, así mismo, que se produzca una sublevación militar de casi todas las fuerzas armadas del Estado contra el Estado mismo; la intervención activa de tres potencias extranjeras, y la confabulación de casi todos los Gobiernos del mundo, unos por acción, otros por omisión y otros con perfidia, contra España. No creo engañarme si aseguro, señores Diputados, que no han sido sólo Italia, Alemania y Rusia, las naciones que contribuyeron a la ruina de la República Española.

Y ahora, las demás naciones reconocen la legitimidad del Gobierno de Franco. ¿Basta este reconocimiento del exterior para que la injusticia se convierta en derecho?. Pues yo digo que un régimen que se implanta sobre un millón de tumbas, sobre la ruina y contra la voluntad heroica de un pueblo, es un régimen al que nada ni nadie puede otorgar títulos de legitimidad, ni ante Dios, ni ante la historia, ni ante España, ni ante la justicia inmanente que preside el mundo de la moral y del derecho.

La legitimidad, sólo puede otorgarla España, soberana y libremente consultada; y mientras España no haya manifestado su voluntad -y es claro que no puede manifestarla estando sometida a esclavitud- nosotros podemos con absoluta tranquilidad de conciencia negar toda legitimidad al Gobierno del General Franco.

Pero, si el General Franco no es el Estado de España, ¿A quién debe entregarse la custodia y administración de aquellos bienes nacionales?. ¿A las personas de quienes los funcionarios o agentes del Gobierno recibieron el encargo de custodiarlas?. El encargo no lo recibieron de las personas, sino de las Instituciones. No fueron el Sr. Negrín y el Sr. Méndez Aspe, sino el Presidente del Consejo y el Ministro de Hacienda -Instituciones personificadas entonces en dichos señores- los que confiaron a los funcionarios la ejecución de aquellas órdenes. 

Que el problema es suficientemente complejo lo demuestra, señores Diputados, el hecho de que todavía no hayamos llegado a un acuerdo. ¿Qué mucho que sugieran dudas y vacilaciones con el ánimo de dichos funcionarios, cuando parece que Embajadores de la República, alguno de ellos además ilustre jurisconsulto, se han visto asaltados por las mismas vacilaciones y dudas, según lo que hemos oído al Sr. Negrín?.

Existen unos valores. Y los funcionarios que los custodian comprenden que hay que entregarlos a alguien. ¿A quién?. Al Estado Español. ¿Y dónde está ese Estado después de la derrota?. He ahí cómo se nos plantea, sin quererlo, por un problema accidental y adjetivo, el fundamental del régimen: cuáles son las Instituciones legítimas de la Nación española y a qué personas corresponde ostentar su representación. Y esto no sólo en el caso más o menos deleznable de la administración de unos bienes materiales, sino también y sobre todo para más altas empresas que se presentarán en el porvenir y de las que no voy a tratar hoy porque no es el momento oportuno y porque no quiero hacer excesivamente prolija mi intervención. 

Unos y otros, sumidos en este mar de dudas, acuden a nosotros, la Diputación Permanente a Cortes, para que nosotros, como órgano indiscutido de la Constitución Española, dictemos un arbitraje.

Ah! Pero ahora se plantea previamente el problema siguiente: ¿Tenemos competencia para resolver?. Se trata de declarar si el Sr. Negrín es o no es Presidente del Gobierno de la República y, por lo tanto, si es o no a él, a quien corresponde administrar los bienes y tesoros de la Nación. ¿Tenemos nosotros competencia para hacer esta declaración?

Si lo que se pretende el retirar una confianza o tramitar una crisis, yo me atrevo a decir que no, señores Diputados. Nosotros no podemos ni formar ni derribar Gobiernos. Nuestra declaración tiene sin duda un gran valor moral; pero no valor de constitucionalidad que obligue en derecho a nadie. Somos si queréis una personalidad moral a la que se confía un arbitraje. Claro es que quienes acuden a solicitarlo, se comprometen tácitamente a respetar nuestra resolución, cualquiera que sea el sentido en que se pronuncie. 

Más para resolver el problema que se derivará de nuestra declaración, tendríamos que ahondar más, hasta encontrar los órganos con suficiente competencia constitucional para formar y derribar Gobiernos.

PERMANENCIA EN DERECHO DE LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DE LA REPÚBLICA.

A este fín, lo primero ha de ser el reconocimiento unánime de que existe un Estado legítimo de España, esto es: LA REPÚBLICA.

Mentira parece que con tanta facilidad hayan llegado muchos a considerar inexistente el Estado republicano. Dícese que habiendo perdido el territorio a consecuencia de la guerra, y que no existiendo población libre sobre la cual ejercer función de Gobierno, no existe ya el Estado republicano. 

Es la primera vez, creo yo, que en la historia del mundo, un régimen abatido por la violencia renuncia por propia iniciativa de sus defensores al derecho que le asiste. Hasta los reyes sin trono siguen manteniendo en el destierro la continuidad de su derecho.

El hecho de la inexistencia de territorio, no es argumento suficiente para negar la existencia jurídica de un Estado. Durante miles de años la humanidad no ha tenido otra forma de sociedad civil que las tribus nómadas, y éstas no tenían territorio, pero constituían un Estado.

Por otra parte, la pérdida ocasional y efectiva del territorio, no implica tampoco la desaparición jurídica de un Estado. Sin remontarse muy lejos, somos ya suficientemente viejos para recordar que durante la guerra Europea hubo naciones que vivieron totalmente invadido por por extranjero su territorio nacional, y sin embargo, los Jefes de Estado y los Gobiernos no creyeron (e hicieron bien) que la fuerza de los hechos les desposeía de su derecho. Y siguieron manteniendo la pretensión de sus derechos sobre el territorio circunstancialmente dominado por los invasores.

En suma, yo creo que debemos comenzar por afirmar que el Estado republicano no ha desaparecido.

El problema se complica porque a nuestra derrota y destierro se ha sumado la renuncia del señor Presidente de la República.

Si España hubiera sido una monarquía y hubiese pasado por el mismo doloroso trance, nadie había dudado sobre el camino a seguir para mantener la continuidad del Estado, después de perdido el territorio; pues aun en el caso de abdicación del rey, habría habido una sucesión dinástica cuya legitimidad nadie discutiría. Pero en el régimen republicano parece que, al renunciar el Jefe del Estado, queda rota su continuidad. Yo creo, sin embargo, que nos hemos quedado sin la persona, pero que permanece la Institución. El hecho de la ausencia de la persona no implica evidentemente la desaparición de la Institución, ni la ruptura de la continuidad histórica del Estado republicano.

Con arreglo al precepto constitucional, pueden y deben reunirse Las Cortes que todavía no han muerto, y pueden tramitar la dimisión del señor Presidente.

Me adelanto a la obligación: en virtud de cierto precepto constitucional, han de designarse en un plazo determinado los Compromisarios que deben elegir nuevo Presidente y este precepto, por la fuerza de los hechos, no puede cumplirse.

Yo no soy jurista; pero sé que en el derecho civil existe la práctica de considerar que, desde el punto de vista jurídico, no transcurre el tiempo a los efectos de plazos y vencimientos cuando circunstancias de fuerza mayor lo impiden. Este mismo concepto de la moratoria es aplicable al derecho constitucional. En diciembre de 1933, siendo yo Subsecretario de Justicia, acaeció una sublevación en Zaragoza que, durante varios días, suspendió la vida normal de la plaza, y hubimos de redactar con carácter general una moratoria para ampliar la vigencia de los plazos y obligaciones. El tiempo, a los efectos jurídicos, no había transcurrido.

Repito que la misma práctica es aplicable al derecho constitucional. No es nueva la doctrina. En la Historia de España abundan los precedentes. En tiempos de Fernando VII, cuando el absolutismo, con ayuda de los ejércitos extranjeros, llamados por los nacionalistas de entonces, exterminó al liberalismo que durante tres años había acaudillado el General Riego, las fuerzas reaccionarias triunfantes pretendieron borrar, no ya de la ley, sino hasta de la Historia "los tres mal llamados años".

También ahora nuestros enemigos nos han dado la norma, considerando que a partir del 18 de julio de 1936, no había transcurrido el tiempo en el territorio que estuvo sometido al Gobierno de la República, y retrotrayendo a aquella fecha -una vez acabada la guerra- todas las situaciones jurídicas y civiles, cuentas corrientes, vencimientos, matrimonios, testamentos, etc.

Luego no me parece a mí cosa novísima ni desorbitada que, ante un caso de fuerza mayor tan extraordinario como lo es la invasión violenta del territorio nacional, consideremos que el plazo constitucional para elección de nuevo Presidente está en suspenso, hasta que España recobre su independencia y su soberanía, y que entre tanto ostente la Presidencia interinamente la persona a quien con arreglo a la Ley de la República corresponde. 

(La misma doctrina es aplicable ahora a los plazos referentes a la renovación de Las Cortes y a la vigencia de los Parlamentos).

Me parece evidente que debiéramos reunir Las Cortes y cumplir las formalidades constitucionales para que el señor Presidente de Las Cortes quedase investido de la Jefatura del Estado. Entonces, y solo entonces, tendríamos los órganos constitucionales necesarios para resolver el problema que aquí tenemos planteado.

SI EXISTE O NO EXISTE UN GOBIERNO REPUBLICANO

Y vamos al caso concreto de la existencia del Gobierno del señor Negrín. He madurado mi opinión con la imparcialidad que suelo hacerlo, después de una meditación que podrá se errónea, pero que ha sido desinteresada y profunda.

¿Cómo se constituye un Gobierno?. El señor Presidente de la República designa al Jefe del Gobierno, el cual para actuar dentro de las normas constitucionales, ha de reunir las confianzas del Jefe del Estado y de Las Cortes. 

El Gobierno del señor Negrín se constituyó, como todos, a consecuencia de y de acuerdo con un mandato presidencial. Recibió después la consagración reiterada del pleno de Las Cortes, únicas que podían otorgarla. La Diputación Permanente no puede, a mi juicio, atribuirse esta competencia.

Más el Jefe del Estado condiciona el mandato, y el Gobierno se constituye y recibe la consagración de Las Cortes con arreglo a las condiciones de este mandato presidencial, pudiendo invocar en apoyo de su legitimidad las dos confianzas en tanto y en cuanto siga reuniendo las mismas condiciones que determinaron su constitución.

Recordemos algunos casos concretos. En 1933, en el mes de septiembre el señor Lerroux formó un Gobierno de concentración republicana, con arreglo a un mandato del Jefe del Estado. Este Gobierno se presentó a Las Cortes y cuando el señor Lerroux hubo pronunciado su discurso de presentación, algunos de los partidarios que formaban en él, consideraron y manifestaron que no estaban conformes con la trayectoria señalada por el Jefe del Gobierno, y anunciaron que retiraban sus representaciones. Entonces el señor Lerroux se apresuró a pedir la suspensión del debate, proclamando al Gobierno en crisis, con ánimo de presentar seguidamente la dimisión ante el señor Presidente de la República. Verdad es que el señor Besteiro que presidía la Asamblea, le rogó que permaneciera en el banco azul y esperara por atención y respeto a las Cortes, a que éstas votaran la confianza que estaba pendiente. El señor Lerroux así lo hizo. Si en lugar e haberse manifestado la discrepancia en plena sesión del Parlamento, y con un veto de confianza pendiente de votación, hubiera tenido lugar en la intimidad de un Consejo de Ministros, del cual se hubieran retirado alguno de los que lo eran representando a fuerzas comprendidas en los términos del mandato presidencial, es evidente que el señor Lerroux, sin más requisitos, habría comprendido que ya su Gobierno no reunía las condiciones del mandato recibido, y habría presentado la dimisión.

Esta doctrina se confirma más tarde con otro caso histórico. Recordad la crisis del Gobierno de Largo Caballero, que tuvo lugar en mayo de 1937. Aquel Gobierno había recibido la confianza reiterada de Las Cortes y se ajustaba a los términos de un mandato presidencial. En una reunión del Consejo de Ministros, los de determinado partido se ausentaron del Gobierno, y entonces el señor Largo Caballero, interpretando que éste no reunía ya las condiciones del mandato que había recibido, y en virtud del cual había obtenido la confianza del Parlamento, se apresuró a declinar sus poderes y presentó su dimisión ante el Jefe del Estado.

Pues lo mismo acontece en el caso del Gobierno que preside el doctor Negrín. Recibió éste un mandato de constituir un Gobierno con determinadas asistencias parlamentarias, el cual reunía al finalizar la guerra las dos confianzas: del Jefe del Estado y de Las Cortes. Más de ese Gobierno se han retirado algunos Ministros; por lo menos, que yo sepa, el Ministro que representaba al partido de Unión Republicana. Luego no reúne desde ese momento las condiciones del mandato presidencial, y no puede invocar aquellas confianzas que eran el fundamento de su legitimidad. El Gobierno del señor Negrín es un Gobierno en crisis.

Pero aquí comienza la dificultad. ¿Cómo va a tramitarse esa crisis, pues que no existe ya la Jefatura del Estado?

NECESIDAD Y MANERA DE TRAMITAR LA CRISIS PARA RECONSTRUIR LOS ÓRGANOS ESENCIALES DEL ESTADO REPUBLICANO: PRESIDENCIA, CORTES Y GOBIERNO.

Decía el Sr. Jáuregui que es esta la tercera vez que se nos plantea el caso de proclamar si existe o no el Gobierno presidido por el señor Negrín. Y las vacilaciones y la falta de criterio fijo de la Diputación Permanente dimana de que no se haya atrevido todavía a plantear la cuestión de fondo. Esta misma necesidad de plantearla se manifestará cuantas veces lleguemos, ahondando en cualquier problema que ataña al Estado republicano, al fondo y nudo fundamental de la cuestión. Y creo que alguna vez hemos de tener el valor de afrontarla y resolverla.

Debemos declarar ante el mundo que nosotros, la República, somo el único Estado legítimo de España, y obrar en consecuencia. Si no se puede en la esfera pública por que fuerza lo impidiera, sí en la esfera de la intimidad, proclamando allí nuestra competencia para representar en derecho a nuestro pueblo, cuando quiera y donde quiera que haya de estar representado. Y con la firmísima voluntad de contribuir al bien de España, obrar como si fuéramos de hecho el Estado legítimo que somos en derecho.

Y de esta manera, restableciendo los órganos esenciales de la Constitución, y acatándolos todos, creo que los problemas que se nos plantearán en lo sucesivo no adoptarán los caracteres de terrible gravedad con que ahora se presentan, gravedad que irá acentuándose en una descomposición gradual del republicanismo vencido y exiliado, si no llegamos a establecer el unánime consenso de todos los republicanos, sobre la base de la existencia y legitimidad de nuestro Estado y de sus instituciones esenciales: la Presidencia, Las Cortes, y el Gobierno.

Aludía el señor Mitje a un posible propósito del señor Presidente del Consejo. Yo no sé si el señor Mitje tiene elementos de información que le permiten conocer la actitud del señor Presidente. Yo no los tengo; pero en el terreno de las hipótesis me planteo el problema en los términos en que el señor Mitje lo hacía. Ignoro si el señor Presidente tiene el propósito que voy a formular; pero temo que pudiera tenerlo: "¿Y si el Sr. Negrín, considerando que nosotros no tenemos competencia (como a mi juicio no la tenemos) para formar ni derribar Gobiernos, se negase a acatar cualquier decisión que nosotros adoptáramos en el sentido de limitar las facultades y competencias del que él preside?". ¿Cual sería entonces la naturaleza del conflicto que aquí se plantearía?.

Repito que quizás no esté ese propósito en el ánimo del señor Presidente; pero hay que plantear en hipótesis la posibilidad de que lo estuviera, para percatarse de la gravedad del conflicto que podría plantearse. ¿Cuál sería entonces el espectáculo que daríamos ante el mundo?. Dividida la España de Franco en banderías irreconciliables; divididos nosotros en la emigración, España testimoniaría ante el mundo la absoluta imposibilidad de que los españoles formemos una unidad política y moral, ni integremos una Nación, ni constituyamos un Estado. Y el pueblo que así obra, señores Diputados está haciendo oposiciones a la desintegración nacional, presentando ante el mundo los síntomas y el aliciente de una posible balcanización, y poniendo en grave riesgo y tremendo peligro el tesoro histórico, el patrimonio secular que debiéramos considerar sagrado, de la unidad de la Patria, con cuya existencia y porvenir estamos jugando a la ligera.

RESUMEN DE MI POSICIÓN PERSONAL

No sé si esta exposición habrá sido suficientemente clara. Ya dije al principio que no pensaba que se tradujera en una proposición; pero sí quiero resumirla en una serie de afirmaciones que consten en el diario de sesiones. Si los señores Diputados consideran que todo eso son divagaciones metafísicas, y no las estiman dignas de merecer su atención, yo no insistiré. Estoy acostumbrado a tener razón a solas, y a sufrir que la razón sencilla, clara y práctica, sea desoída a título de idealismo. Pronuncio estas palabras exclusivamente pensando en mi propia responsabilidad de español, ante el porvenir, y con los ojos puestos en los gravísimos peligros, que a mi juicio, acechan a nuestro régimen y a nuestra Patria, que para mí importa todavía mucho más que nuestro régimen, a pesar de ser yo, como todo el mundo sabe, de profundas, arraigadísismas e inmortales convicciones republicanas.

Digo en resúmen: Que los bienes de cuya administración se trata, pertenecen a la nación española, y que por lo tanto deben ser entregados para su depósito y administración a las Instituciones representativas del Estado legítimo.

Que el General Franco no es el Estado español de derecho, mientras a su triunfo militar no acompañe el asentimiento de la Nación, soberana y libremente consultada.

Que el único Estado de derecho es la República, encarnada en sus instituciones esenciales: Las Cortes y el señor Presidente.

Que habiendo sido presentada por el señor Azaña la renuncia a la Jefatura del Estado, procede que le sustituya el Presidente de Las Cortes, las cuales deben reunirse aunque solo fuere para proclamar su existencia y para recibir el juramento o promesas al Jefe del Estado, invistiéndole de su jerarquía.

Que el Gobierno del señor Negrín debe considerarse en crisis y, por lo tanto sin función propia, puesto que no reúne las condiciones del mandato presidencial, con arreglo a las cuales recibió la declaración de confianza del último pleno parlamentario. 

Que, no obstante, la Diputación Permanente, aunque formule esa declaración de incompetencia del Gobierno de Negrín, con el valor y prestigio morales que dimanan de su alta jerarquía constitucional, carece sin embargo de competencia para plantear y resolver crisis.

Que la crisis, pues que de hecho existe -no porque nosotros la provoquemos al hacer la declaración de su existencia, antes bien nosotros hacemos la declaración porque la crisis existe- debe tramitarse por los órganos competentes, los cuales deben ponerse en condiciones de funcionamiento, con arreglo a los principios y razones que antes han sido desarrollados. 

Y dicho esto, y sin el propósito de invadir funciones que no me corresponden, he de añadir algunas palabras para terminar.

NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE EL PORVENIR DE ESPAÑA

Coincido con ciertas ideas expuestas unas por el señor Prieto y otras por el Sr. Negrín en cuanto a las responsabilidades que nos incumben, con respecto al pasado y al porvenir de nuestra Patria.

Con respecto  al pasado, estimo que tiene razón el Sr. Prieto cuando dice que ninguno de los hombres que hemos actuado en la República podemos considerarnos libres de responsabilidad en la tragedia de España. Todos estamos incursos en la inmensa, de haber provocado su ruina, unos por acción, otros por omisión; quienes por debilidad, quienes por exceso de temperamento. Pues si estamos incursos en esa tremenda responsabilidad histórica, tenemos ahora del deber de enmendar pasados yerros y de conseguir mayores aciertos para el porvenir. Olvidemos por una vez siquiera las banderías y personalismo que contribuyeron a crear la atmósfera de la guerra civil; porque sí es verdad que el único sublevado es el General rebelde, también lo es que en la vida de los pueblos tiene tanta importancia como los actos que se ejecutan, la atmósfera social y política que los determinan, y todos nosotros hemos contribuído a crear la atmósfera histórica de la guerra civil en que se ha hundido España.

No sigamos, pues, empeñados en los mismos errores. Pensemos que para rehacer España es mezquino y estrecho instrumento el Frente Popular, pues que se necesita el concurso de todos los españoles libres. En este sentido tiene razón, a mi juicio, el señor Presidente del Consejo, cuando afirma que para hacer frente al porvenir, no hemos de mirarnos a nosotros mismos, sino a España. Y todo español que esté sinceramente dispuesto a colaborar al resurgimiento del país, a la empresa de devolverle su independencia, su unidad moral, y el ejercicio de su soberanía, debe ser considerado como amigo nuestro, y convocado a colaborar con las instituciones legítimas que representamos.

Si mis palabras se escucharan y llegáramos a encontrar un día el equilibrio de nuestras propias instituciones, yo me atrevería a manifestar mi deseo de que el Gobierno que entonces haya de encauzar nuestras futuras actividades, no sea un instrumento del Frente Popular, sino una Entidad Nacional que solo piense en España, en la sagrada misión de liberar y redimir a España, convocando a todos los españoles a la gran empresa histórica de restablecer la unidad espiritual de la Nación, cuya existencia misma se halla hoy gravemente comprometida.

Así comenzaríamos a rectificar los gravísimos yerros cometidos, y devolveríamos a nuestro país, ya que no la alegría y la prosperidad -que esto no lo ha e ver nuestra generación- sí al menos la paz espiritual y la unidad moral que permitan mantener hoy la existencia de la Nación e inicien para el porvenir el resurgimiento del enorme quebranto que la guerra civil ha producido a España.

París, 24 de julio de 1939


Discurso de Fernando Valera en París el 24 de julio de 1939
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