Mensaje del Presidente de la República José Maldonado, el 14 de abril 1972

Presidente República José Maldonado
Mensaje que el Presidente de la República española en el exilio, don José Maldonado, dirige a los españoles, con ocasión del XLI aniversario de la proclamación de la segunda República.


En este 14 de Abril


Españoles:

La segunda República se proclamó pacíficamente en España el 14 de Abril de 1931 como consecuencia de una manifestación terminante del pueblo, expresada a través del sufragio universal, cuyo alcance interpretó con claridad el propio Rey, el cual aceptando el juego limpio de la Democracia, reconoció que "había perdido el amor de su pueblo". La génesis de la poderosa corriente de opinión republicana, que dio lugar a la iniciación de un nuevo régimen se había ido elaborando a través de los desaciertos de la Monarquía y culminó ante las arbitrariedades de la Dictadura, despertando así un gran clamor nacional, al que se había integrado, al fin, la inmensa mayoría de los sectores de la sociedad española.

Dada la situación inquietante en la que vive nuestro país, no creemos que sea ésta la ocasión más propicia para dedicarnos hoy a rememorar el periodo histórico de la República, para poner de relieve el noble impulso creador que inspiró la acción de sus gobernantes, para exaltar en debida forma sus certeras realizaciones. Otro quehacer se nos impone con caracteres apremiantes, el procurar, en primer término, que se le devuelva al pueblo el pleno disfrute de las libertades públicas, de las que ahora carece.

En medio de la confusión del momento, parece claro que está comenzando a granar un fruto henchido de promesas, lo que le asigna a la conmemoración que hoy celebramos una significación precisa, la de reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en el pueblo; lo que nos conduce a proclamar además, sin temor a que se nos pueda tildar de ilusos, nuestra convicción de que se acerca la hora de la República, que es meta ineluctable de los destinos de España.

El sistema político establecido en nuestro país está en el último de los ciclos por los que pasan todos los regímenes que le son similares. Edificado sobre las ruinas ocasionadas por la guerra civil -que provocaron sus inspiradores y de las que son únicos responsables- no ha dejado de actuar nunca al margen de la opinión, a la que desdeña. Y si pretendió, principalmente en dos ocasiones, simular la adopción de soluciones democráticas, fue: en una, en la primera, con el el propósito de no desentonar demasiado de los regímenes de las democracias vencedoras en el último conflicto internacional; en otra, después, ante los reveses sufridos en su intento de incorporarse a la Comunidad Económica Europea -a la que España debe permanecer- porque sus estructuras políticas y sociales son incompatibles con la que regulan el funcionamiento de aquéllas y con las que han de regir mañana en la Europa en formación. Pero, incluso esos intentos, tímidos, cautelosos -que la propaganda oficial calificó con descaro de elecciones libres o de significativos referéndums- tuvieron pronto que rectificarse, porque la aplicación de los principios democráticos no se dosifica, ya que su práctica conduce al deseo irrefrenable de ejercitarla sin restricciones. Ese temor a la libre expresión del sentir popular fue, sin duda, lo que terminó enfrentando a los que detentan el poder en nuestro país con quienes pretendían restaurar en él la Monarquía tradicional, que entroncara con el régimen pseudoparlamentario existente en España hasta el mes de Septiembre de 1923.






Finalmente, el «Caudillo», en el ocaso de su vida, y con él sus secuaces, han tenido la singular la idea de perpetuar su anacrónico sistema con la instauración de una Monarquía, a cuyo titular se le encomienda la misión de velar por la perennidad de los llamados Principios del Movimiento, es decir, la de asegurar la continuidad de la Dictadura. Y hubo miembros de la familia real española que se apresuraron a querer asumir esa odiosa tarea, mostrando así su incapacidad para regir decorosamente a un pueblo. La designación del presunto sucesor después y las circunstancias que precedieron a la aceptación del encargo, reavivaron las discordias, hoy ya públicas, multiplicando las intrigas entre los descendientes del rey Alfonso XIII, como si quisieran demostrar con su conducta que la Monarquía no habría de iniciar una era de paz sino que, por el contrario, habría de conducir al retorno de calamitosos días del reinado de Carlos IV, a las deslealtades de Fernando VI y a parejas y lamentables consecuencias.

Pero, por fortuna, en la sociedad española, debido a causas internas y exógenas a la vez, se están produciendo determinados fenómenos que marcan un rumbo diferente al de esas previsiones a las que hemos aludido, fenómenos que, quienes las formulan, han desconocido o minimizado. Pensemos en el fuerte incremento de la población en los últimos años y en el correlativo aumento de nuevas generaciones, tan sensibles siempre a las ideas renovadoras. No olvidemos tampoco las hondas transformaciones de la población activa; la disminución del rector rural, generalmente rutinario y dócil y, en contrapartida, el fuerte crecimiento de los sectores industrial y burocrático, cuyo comportamiento político se orienta en todas partes hacia las ideas de progreso. Si a estas consideraciones, de carácter interno, se añaden las influencias de toda suerte de los medios de comunicación, que hacen inútil todo intento de aislamiento del país en un comportamiento estanco, no es difícil llegar a la conclusión de que la España de hoy se aleja cada vez más de aquellas concepciones caducas; que es total el divorcio entre las aspiraciones del pueblo y las instituciones que le aherrojan.

El sistema sobre el que se apoyan los autócratas de Madrid no tiene, pues, la solidez de que alardean. Los que lo imponen están tan persuadidos de ello como nosotros. Reciente prueba de esta aserción, son las medidas de pretendido carácter legal que se anuncian para reforzar el dispositivo autoritario, fundadas en la dialéctica maniquea del peligro de imaginarias subversiones, a las cuales han precedido ya brutales intervenciones de la fuerza pública que, aún en fecha muy próxima, han ocasionado, una vez más, la pérdida de vidas humanas. Hechos que han provocado la indignación y la protesta, a las que han tenido la virtud de sumarse las autoridades eclesiásticas, fieles de ese modo a la doctrina del Evangelio y a las orientaciones del último Concilio.

No hay duda, además, de que está llegando la hora de la sucesión y nadie puede asegurar que el anunciado traspaso de poderes se realice en la forma prevista. Todos los españoles conscientes, tenemos el deber de impedir que pueda llegar un momento en que hay de producirse el vacío, campo propicio para toda clase de peligrosas aventuras. A todos nos interesa el retorno al libre juego de las fuerzas políticas, al restablecimiento de la normalidad democrática y que esa transición se opere sin violencia.

Las Instituciones de la República se consideran como la emanación de las últimas expresiones de la voluntad nacional; las de las elecciones generales de los años 1931, 1933 y 1936, que ratificaron su adhesión a la forma de gobierno que el país se había dado. Son, por lo tanto, las Instituciones legítimas y son además las únicas que tienen ese carácter, porque la legitimidad es, por principio, indivisible. En nombre de esa legitimidad se ha sugerido siempre la conveniencia de organizar, al amparo de ella, una consulta electoral, presidida por un gobierno ampliamente representativo de todos los sectores democráticos del país, que le devolviera al pueblo el libre ejercicio de su soberanía. Reconocemos que ese patriótico intento no ha encontrado eco hasta la fecha, mas no dejamos de confiar en que pueda llegar la hora en que las circunstancias lo impongan. En todo caso, reiteramos hoy, con la misma firmeza que ayer, el decidido propósito de mantener enhiestas las Instituciones de la República frente a cualquier régimen que pudiera establecerse en España, si éste no contara previamente y de manera inequívoca, con el asenso popular. 

Mientras tanto, los que tenemos el honor y la responsabilidad de estar al frente de las Instituciones de la República, proseguiremos sin desaliento nuestro esfuerzo por devolverles la libertad a los hombres y a los pueblos de España; por acentuar el despertar de la conciencia ciudadana, claramente perceptible aun en medio tan hostil; por el resurgir de los partidos políticos, que recojan el sentir de las diferentes corrientes ideológicas existentes en el país; por un sindicalismo libre; por la realización de la Justicia social, sin la cual no puede producirse una auténtica convivencia. En suma, por la República, por una República renovada que esté a tono con las exigencias de carácter económico y social de este tercio final del siglo en que vivimos.

No ignoramos las dificultades del empeño, los medios de que disponen y de los que se valen nuestros adversarios; pero también sabemos que la Libertad no se ha logrado nunca sin lucha, sin decisión y que nuestro pueblo supo siempre defenderla con ardor.

Españoles: ¡POR ESPAÑA! ¡POR LA REPÚBLICA!

14 de Abril de 1972



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