Entre abril de 1939 y 1944 hubo mas de 192.000 muertos en las cárceles y campos de concentración franquistas, contando sentencias a muerte y muertos por inanición, malos tratos y torturas. Los datos son del Ministerio de Justicia franquista y fueron publicados en 2006 por el ex-fiscal anticrrupción Carlos Jiménez Villarejo.
No estamos por tanto ante un cuadro de desapariciones forzosas como se tiende a repetir de forma acrítica. Los más de 1200 muertos en las fosas comunes de Guadalajara —pongamos por caso— , entre presos fusilados y muertos en cárceles, fueron todos ellos objeto de procedimientos con pretensiones de legalidad y están identificados y localizada su sepultura. ¿hay, además, desaparecidos? Sí, pero son otros, más allá de éstos que señalamos, y cuya contabilización es mucho más compleja.
En Guadalalara, valga como ejemplo, hay decenas de casos de soldados retornados de la guerra —y algunos de familias refugiadas— que fueron asesinados bárbaramente y arrojados sus cuerpos al campo en zonas rurales apartadas. Los trabajos de investigación para localizar sus nombres y probar los hechos siguen abiertos, sin que hayan sido nunca hasta el momento recogidos en relación oficial alguna. Debemos hacer un esfuerzo de precisión a la hora de tratar estos asuntos.
Esos 192.000 son solamente aquellos que fueron liquidados por el aparato «legal» franquista, los muertos en las cunetas son otros, los asesinados de urgencia o sobre el terreno, pero que no definen la verdadera naturaleza de la maquinaria de matar del franquismo. Desaparecidos son los muertos «por las buenas» a manos de los escuadrones de la muerte falangistas o carlistas en la retaguardia sublevada durante la guerra o los resistentes asesinados sobre el terreno por las tropas, guardias civiles o paramilitares que combatieron la guerrilla hasta los años 50; es decir, solamente una parte del cuadro.
Emplear el término desaparecido sin atender a la realidad de los hechos es un grave error. Se usó esta caracterización para poder facilitar su denuncia ante los tribunales actuales, pues la desaparición forzosa es delito continuado que no prescribe en tanto no aparezca el cuerpo o se pruebe su destino. Pero el verdadero problema se observa bien cuando reparamos en que los 192.000 asesinados por la dictadura tras la guerra lo fueron legalmente a juicio del estado español actual, algo de lo que pocos quieren hablar.
El franquismo no es cuestionado, se acepta su legalidad, sus sentencias y tribunales como fuente legítima de sanciones penales. Esos asesinados no lo fueron, tuvieron juicio y sentencia a manos de tribunales reconocidos por la legalidad española actual. Esta es la desgraciada clave de este asunto, que el franquismo es considerado legal a día de hoy y como criminales sus víctimas. Hablar de desaparecidos es ocultar el verdadero problema.
Quienes hablen de desapariciones forzosas y callen sobre la pervivencia de la consideración como legal de las leyes, sentencias y tribunales franquistas están contribuyendo a falsear el pasado y a apuntalar la impunidad del franquismo en el día de hoy.
Pedro A. García Bilbao
