Al asombro por la noticia del TSJ de Cataluña se suma la del CGPJ que ve un "ataque sin paliativos" las concentraciones de políticos catalanes y censura su "estrategia de presión" lo que revela un insoportable error jurídico-político. No pueden valorar las convocatorias ante el Palau de Justicia para apoyar a la exvicepresidenta Srª Ortega y a la consellera Sra Rigau, citadas como imputadas a declarar como imputadas por organizar el 9N como una "estrategia de presión" sino como una muestra de apoyo a imputados de ciertos delitos que son ciudadanos inocentes (art. 24.2 CE78); pero aun si fueran culpables la solidaridad es un gesto humano irreprochable.
El error jurídico es grave si lo comente una institución jurídica. Máxime si se aprueba en el Pleno reunido con tanta urgencia como para no poder esperar a la presencia de tres miembros ausentes. Aun si fuera una "estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno"que por su empleo de políticos tienen derecho a no ser discriminados (art. 14 CE78), repite el error del TSJ de Cataluña: ellos, que están obligados a proteger el derecho a la manifestación, no pueden censurarlo.
Por otro lado considero injustificada le que la Srª Bach. La Srª Sáez y el Sr. Lucas haya abandonado la sala en vez de votar en contra ¿o no estaban en desacuerdo? Basta ya de ceremonias pilatescas de lavarse las manos. Señalar que son vocales designados por el PSOE IU Y PNV y la relación conyugal de la primar con el conseller catalán de Justicia, Sr. Gordó exige plantearse la disyuntiva: o esa circunstancia es invalidante o el procedimiento politiza al CGPJ. En cualquier caso este “complejo de persecución de estos magistrados ¿no indicaría que revela incapacidad, al menos, coyuntural, para tomar su decisión ecuánime en estado de afectación?
Dice el comunicado "La Sala de Gobierno no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y además pretender influir en su toma de decisiones". Esta afirmación es una falsedad. Los ciudadanos lo que quizá cuestionan es la judicialización de una actuación política por parte delos políticos en desacuerdo con esa política.
Por no distinguir algo tan elemental el TSJ y el CGPJ se ponen en evidencia profesional.
Influir en los demás es algo que se hace a diario cuando damos consejos, cuando manifestamos nuestro disgusto o alabamos algo, cuando expresamos nuestro rechazo o apoyo. Esa libertad deberían protegerla el TSJ y el CGPJ. Otra cosa es la “pretensión doloso” de influir en las decisiones judiciales que esas no se hacen cara al público sino por vías discretas, como las de conocimiento reciente sobre una plaza de Profesor de Derecho religioso en la Universidad de Cantabria que tiene todos los visos de un delito de prevaricación.
Ver en el ejercicio de un derecho a la manifestación "un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y decir de él que pone en entredicho uno de los fundamentos del Estado constitucional como es la independencia judicial, revela incompetencia profesional. Porque los ciudadanos temen que esa “independencia judicial” esté afectada, y no precisamente por ellos es por lo que se manifiestan para recordar a los jueces que esa independencia "no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos" y por eso se manifiestan reclamándola. La reacción de los jueces viendo en esta reclamación una agresión y no un apoyo ¿no podría considerarse que revela ya una cierta pérdida de independencia, al menos subjetiva?
El texto repite los errores jurídicos señalados en nuestra reflexión de ayer al decir: "Su cuestionamiento resulta aún más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno" y ¿un posicionamiento político al no ver una petición de independencia política? Lo mucho que les ha afectado personal y psicológicamente ¿no le inhabilita para juzgar?Pueden fruto de ese error acusar de injerencia delictiva "a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político".O es un delito o es un derecho.
El Gobierno de España aplaudió la actuación del Fiscal General y ni el TSJ de Cataluña ni el CGPJ dijeron nada por esa injerencia política. Que el Govern de Catalunya rechazara con esa manifestación las consecuencias de esa actuación ¿no es el mismo nivel de injerencia política? ¿O en los órganos judiciales todavía se distingue entre un “j… cojo” y un “caballero mutilado”?
El CGPJ pone la venda antes de la herida: "Cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política". La manifestación es contra la presunta politización de la decisión del FGE, nombrado por el Gobierno, en favor de la independencia judicial. A los Tribunales no seles cuestiona por su obligación procesal a admitir la querella y a realizar las inquisiciones obligadas. Sentirse agredidos siendo la manifestación contra la existencia de la querella ¿revela un “defectuoso discernimiento jurídico”?, ¿indica una inconsciente politización? Sería grave.
La recomendación de que "solo desde el respeto a los valores democráticos se puede garantizar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución" parece una viga en ojo propio que ve pajas en el ajeno en esta queja al ejercicio ciudadano de su constitucional derecho a manifestar públicamente su opinión ¡que ellos están obligados a proteger y no a censurar con vanas alharacas!
No descarto estar equivocado pero veo cierta delirio en esta muestra de desconexión de la realidad objetiva en la manifestación de la manifiestan su "firme voluntad" de amparar a los jueces y magistrados del TSJC - ¿alguien se ha manifestado en su contra? - ante "tan intolerable actuación" - dígase como exige el art. 368 LEC, razonando con “enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano” a qué actuación se refiere y por qué es intolerable, ¡más aun!- por qué afecta a "los más esenciales principios del Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la separación de los distintos poderes del mismo".
No se han enterado que es una manifestación del pueblo soberano “de donde emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2 CE78) ante sus empleados, “convocadas por entidades independentistas, varios centenares de personas, junto a dirigentes de partidos y del Govern, se han concentrado ante el Palau de Justicia para apoyar a Rigau y Ortega y está prevista otra convocatoria el jueves cuando declare el presidente Artur Mas”.
Es penoso este error el CGPJ “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.” (art. 6 CE78), pero no son un poder del Estado. Por eso el TSJ de Cataluña y el CGJPJ deberían seguir el consejo que dan: actuar con el más escrupuloso respeto de “los más esenciales principios del Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la separación de los distintos poderes del mismo”, pues dada la función que tienen como empleados al servicio del ciudadano es más exigible a ellos que a nadie una templada, sosegada y correcta actuación en lugar de echar ¿las patas al aire? con estas quejas ¿erróneas?
Alfonso J. Vázquez
Fuente: lareflexiondiaria.blogspot.com.es
