Estamos en tiempo constitucional. En unos días se celebra el día de la Constitución, que ha cumplido 38 años y ya es momento de reformas. Los partidos políticos quieren pero no se atreven; se atreven pero con limitaciones, lo ven oportuno pero en otro momento. Algo así como «Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees» en el Abogado de diablo. La polémica abierta, no es tanto si es necesaria la reforma, sino que Iglesias y Errejón no asistirán al homenaje del Día de la Constitución. Respetar y «Trabajar por la Constitución es hacerlo para ensancharla y actualizarla», justifica Iñigo Errejón. Y el respeto a la Constitución pasa por respetar al pueblo que no se hace.
Alfredo Pérez Rubalcaba, el ex ministro García-Margallo y el padre de la Constitución Miquel Roca, se han mostrado de acuerdo en la necesidad de abordar una reforma de la Constitución. Coincidiendo en que no debe cambiarse para complacer a los secesionistas, pero limaría los problemas. La reforma sería una herramienta esencial para abordar los grandes problemas y miedos que suscita la globalización. Para Roca, la necesidad viene impuesta por el hecho de incorporar nuevas sensibilidades y dar solución a problemas, acotando los cambios para evitar un proceso interminable. El espíritu federalista debería estar en el centro de los cambios pero no para establecer desigualdades o privilegios, sino para «reconocer singularidades».
Yo estoy por la reforma de la Constitución y por abrir la oportunidad de que la ciudadanía pueda elegir, en referéndum, algo que no se pudo hacer en su momento. Fuimos manipulados, se subvirtió la voluntad del pueblo que salía de las catacumbas de la dictadura franquista. Siguiendo los pasos de la Constitución del 78, sólo se puede convocar después de que 2/3 de las dos Cámaras lo aprueben dos veces; tras la primera aprobación, las Cortes se disuelven y las nuevas necesitan la misma proporción de votos para aprobar la reforma (Título X de la reforma constitucional). El procedimiento es largo y complejo a propósito, para proteger a la Carta Magna.
Ya conocemos por Adolfo Suárez por qué no hubo referéndum sobre monarquía o república: «Hacíamos encuestas y perdíamos» y metimos al «rey» en la Ley para la Reforma Política de 1976 y así quedó blindado. Y Juan Carlos de Borbón, pasó de ser llamado «el breve» a reinar durante cuarenta años sin referéndum. «Ningún gobierno desde 1939 se ha atrevido a consultar al pueblo español si quiere monarquía o república, por algo será», declara Joan Garcés. Nadie sabe lo que habría ocurrido con un referéndum sobre monarquía o república tras la muerte de Franco, pero lo cierto es que «La monarquía actual tiene un origen ilegítimo». Muchos partidos se presentaron a los elecciones 1977 como republicanos, pero sus dirigentes estaban secretamente comprometidos a aceptar la monarquía del movimiento.
Algunos apuntes constitucionales en nuestra historia: tras la proclamación de la República el 14 de abril, era necesario aprobar una nueva ley de leyes republicana y democrática, que identificara al nuevo régimen, surgido de las urnas y por la voluntad popular. El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones generales a Cortes Constituyentes. El Gobierno condujo a la República hasta la proclamación de la Constitución el 9 de diciembre, que fue la más avanzada de su tiempo.
Alcalá Zamora fue elegido como jefe de estado y Manuel Azaña como presidente del consejo de ministros. La Constitución diseñaba una República social, democrática y reformista. Considerada como una de las más avanzadas del momento. En su artículo 1, declaraba que «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de las regiones y de los municipios».
Declaraba la Constitución que todos los españoles son iguales ante la ley; el estado español no tiene religión oficial, y estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Se reconoce el castellano como idioma oficial de la República, «que todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones». En aquellos momentos de entre guerras de primeros del siglo XX, «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional».
Una de las novedades que le confieren su rasgo más democrático, en la época, fue el reconocimiento del sufragio universal, incluyendo a las mujeres; y el derecho de voto a todos los ciudadanos de más de 23 años. Estos preceptos supusieron una auténtica revolución: ¡las mujeres podían votar! Se avanzaba hacia el auténtico sufragio universal.
La Constitución reconocía la libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición; el derecho de libre residencia, de circulación y elección de profesión; inviolabilidad del domicilio y correspondencia; igualdad ante la justicia; protección a la familia, derecho al divorcio, al trabajo, a la cultura y la enseñanza. Se suprimía los privilegios de clase social y de riqueza; y se abría la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos.
Blasco Ibáñez, en su novela publicada en 1893 ¡Viva la República! decía refiriéndose a la Primera: «Soy republicano, aunque humilde e ignorante, y pertenezco a esa clase de locos que anuncian utopías que al día siguiente son realidades. Sois topos que protestáis ante el menor rayo de luz, y por eso sentís un furor sin límites ante la República, esa sublime locura que acaba con los privilegios, que considerando a todos los hombres iguales, les hace abrazarse como hermanos, y que reconociendo su libertad, les da derecho a gobernarse por sí mismos». También vale para la Tercera.
La Constitución rompía con la tradición bicameral y eliminó el Senado. El Congreso salió reforzado con la facultad de destituir al Jefe del Estado (con mandato de siete años). La República se declaraba laica, garantizaba la libertad de culto, prohibiendo a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza y desvinculaba al Estado de la financiación de la iglesia. Esto significó una ruptura radical y un foco de tensión. Más tarde se lo cobraron bien y vinieron ochenta años contra la República.
Si el Gobierno y algún que otro partido mayoritario, siguen haciendo las cosas como las hacen, la democracia, paso a paso, va quedando deslegitimada y la Constitución actual sin contenido, por lo que la Tercera República caerá (llegará) como fruta madura; laica, democrática, popular y federalista, como modelo de Estado; y la libertad, la igualdad, solidaridad y la justicia social como formulas de convivencia.
Víctor Arrogante