Víctor Arrogante | Eco Republicano
La financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración
de la renta es injusta. Quienes marcan la casilla no pagan un 0,7% más, sino
que se detrae del conjunto de lo recaudado anualmente, es decir que «todos
pagamos» aun sin tener voluntad para ello. El culto y el clero de cualquier
organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, debe estar
financiado por sus fieles. Las necesidades sociales, no deben ser voluntad del
contribuyente o establecidas por las organizaciones sociales, sino que han de
formar parte de las políticas del Estado, en función del interés general.
En su día, cuanto se implantó el sistema, fui defensor de
incluir la casilla de «otros fines sociales». Pasados cerca de treinta años se
dan otras circunstancias que me llevan a ser contrario a ello. Las creencias se
las han de pagar quien las tenga y la Iglesia buscar los fondos entre sus
fieles. Es necesario que se elimine la asignación tributaria a través del IRPF,
privilegio que se mantiene por el Concordato y los Acuerdos de 1979. Izquierda Unida reclama al Gobierno que derogue los acuerdoscon el Vaticano, por «vulneran el principio de independencia entre la
Iglesia y el Estado» que viene a amparar «la financiación de la Iglesia Católica
con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del
sistema educativo».
La Iglesia disfruta de un verdadero paraíso fiscal, según
afirma Europa Laica en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica. Mientras
aumenta la pobreza y se privatizan los servicios públicos, el Estado aporta a
la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos,
una cifra que supera los once mil millones de euros anuales, lo que supone más
del 1% del Producto Interior Bruto, para el sustento del culto y el clero,
mantener diócesis, seminarios, realizar manifestaciones políticas partidarias,
lanzar campañas de discriminación y segregación en razón del género, en contra
de la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, o sobre la libre
elección de la orientación sexual, los avances científicos, la eutanasia o la
muerte digna; incluso para financiar cadenas de televisión privadas, como 13TV.
Sólo por la vía del IRPF, la Conferencia Episcopal recibió
en el último ejercicio 251 millones de euros, pero no es todo el dinero que recibe
anualmente de los fondos públicos. Como se ha señalado esa cantidad se eleva
hasta los 11.000 millones de euros en distintos conceptos, que van desde los
conciertos a los colegios católicos, financiación de centros sanitarios,
sociales o militares gestionados por la Iglesia. Exenciones fiscales en el IBI,
valoradas en 3.000 millones al año, 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores
de religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para
dispensarios, hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y
otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de
la Iglesia. El Congreso exigirá al Tribunal de Cuentas la fiscalización deldinero que la Iglesia, después de que el tribunal haya rechazado hacerlo
con los votos del PP.
En 1988 se articuló una asignación tributaria, consistente enel 0,5239% del IRPF. Esta asignación nunca cubrió las necesidades de la
Iglesia, por lo que se tuvo que instrumentar un complemento. A partir de la
declaración de la renta de 2007, este porcentaje se incrementó has el 0,7% y
desapareció el complemento estatal, más allá del resto de ingresos que hemos
mencionado
El «Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Estado Españoly la Santa Sede sobre asuntos económicos» se firmó en Ciudad del Vaticano
el 3 de enero de 1979, unos días después de la entrada en vigor de la actual
Constitución. Los acuerdos venían a reformar el Concordato de 1953, firmado
entre Pío XII y Franco, bajo los principios del nacional-catolicismo imperante.
Desde entonces seguimos pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando. En
1979 no es que se firmara a contracorriente, sino a traición, con el silencio
de muchos, el desconcierto de algunos y el desconocimiento de la mayoría. Desde
entonces y siempre, siguen perpetuando sus privilegios.
Algunas de las razones que Europa Laica argumenta para no marcar las casillas del
IRPF, ni para la Iglesia ni fines sociales, se relacionan con la discriminación
que supone para los contribuyentes; porque quienes marcan estas casillas
reducen su aportación a los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el artículo 31 de la Constitución: «Todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo…».
La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del
Estado a la religión Católica, discriminando otras creencias distintas, por lo
que se conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias
regulado en el artículo 14 CE, que reconoce que «Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión… ». El Estado no se debe convertirse
en recaudador de organizaciones privadas, además de que la asignación que se
lleva la Iglesia, se detrae de las políticas públicas para escuelas,
hospitales, servicios sociales, infraestructuras, medio ambiente o promoción
del empleo.
Por otro lado la casilla para «otros fines de interés
social», también debe desaparecer. Los motivos podrían ser más difíciles de explicar
y entender, pero es necesaria su eliminación, porque el origen de su existencia
está basado en un engaño; una gran coartada para introducir y perpetuar la
casilla de la Iglesia Católica en el IRPF; además una parte considerable de la
asignación a fines de interés social va a entidades de la propia Iglesia, por
lo que recibe fondos por las dos vías. El espíritu solidario que se presupone a
quien marca esta casilla, no puede llevarse a cabo con el dinero de todos. El
que quiera ser solidario que lo haga de su propio bolsillo pero no a costa de
la hucha común. En todo caso, los «fines de interés social», no deben depender
de la voluntad de los contribuyentes, ni establecido por las organizaciones
sociales, sino que deben formar parte de las políticas sociales del Estado, de
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en función del interés general.
El artículo 16.3 de la Constitución establece que «Ninguna
confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». De otra
parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado
Español, de enero de 1979, en su Artículo II.1, establece que «el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica enla consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto delprincipio de libertad religiosa». Pero cooperación y colaboración no es
financiación directa ni subvención permanente.
Quién quiera Iglesias que se las pague, como cuando uno
quiere peces se tiene que mojar. Para establecer un Estado auténticamente laico,
la Constitución tendría que estar redactada de otra forma, pero se hizo como se
hizo y como en otras tantas materias, dice lo uno, lo otro y lo contrario. El
Estado ha de romper con la Iglesia que oprime conciencias, controla gobiernos y
vive a costa del erario público.
El debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2017, brinda una oportunidad idónea para suprimir las casillas del
Impuesto de la Renta. La existencia de la casilla «otros fines sociales», es la
cortada para mantener la de la Iglesia Católica, pareciendo que es una opción
voluntaria, cuando no lo es y no debemos consentirlo.
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
