Ocultar la realidad de las limitaciones de la democracia en España no acabará con la impunidad franquista.
Pedro A. García Bilbao | Foro por la Memoria de Guadalajara
Timoteo Mendieta no fue un desaparecido. Lo que está desaparecido en el caso Mendieta en la casi totalidad de lo que se ha dicho y publicado, o en las acciones llevadas adelante para que pudiera tener un entierro personalizado y familiar, es el hecho de que fue detenido, encarcelado, juzgado, sentenciado, conducido, ejecutado y sepultado de acuerdo a la legalidad del estado franquista. Y lo que resulta aterrador es que prácticamente nadie en la esfera política española actual esté dispuesto a darse por enterado de esta realidad de fondo.
Es sencillamente indecente ocultar los hechos y calificarlos de lo que no son. Sabemos que es difícil de asumir que la legalidad del franquismo no se cuestiona donde debe, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero es algo que no se debe ocultar. La verdad, en el caso de los crímenes franquistas, es conocida; son los crímenes mejor documentados de la historia, pues el régimen construyó su propia legalidad y le dio cobertura por escrito a todas sus acciones; los Bandos de Guerra golpistas —y no impugnados a día de hoy—, consagraban el ser «pasado por las armas» a quienes se opusieran. Ahí seguimos.
No es este un caso de desaparición forzosa. No estaba desaparecido quien contaba con orden de detención, expediente carcelario, sentencia, orden de ejecución y certificado de defunción e inscripción en el registro de inhumados en cementerio establecido; lo que no tenía era una tumba individual, pues el enterramiento de los ejecutados aquel terrible día fue colectivo, si bien todo fue un espacio muy delimitado. No existía duda ninguna de su suerte final, todos los detalles de su proceso son conocidos, fechas, lugares, situación y circunstancias incluidos también los nombres de los denunciantes, los jueces, las autoridades policiales, carcelarias y militares, hasta las eclesiásticas participantes. Hasta tal punto no había dudas, que la propia familia había erigido una lápida de mármol sobre la tumba colectiva donde habían inscrito su nombre. ¿O es que a ninguno de los que han sido testigo de los trabajos de exhumación les ha llamado la atención la existencia de esa lápida?
Ha habido en fechas recientes un día internacional dedicado a la Desaparición forzosa y se ha evocado por escrito a Timoteo Mendieta ¿Cómo es posible que se ponga como ejemplo de crimen de desaparición forzosa a quien no fue objeto de ese crimen? De otros crímenes sí, pero desde luego no de desaparición.
No vamos a hacer un juicio de intenciones, pero si podemos ver hechos y tratar de ver cuales son sus antecedentes, su contexto y sus consecuencias. Ocultar la realidad de las limitaciones de la democracia en España no acabará con la impunidad franquista, que a lo que parece es la base misma sobre la que se construye la legalidad española actual.
Hay un hecho incontrovertible. Todo el proceso que llevó a la muerte por fusilamiento de Timoteo Mendieta es considerado legal por el estado español pues la legalidad franquista no es cuestionada. Se habla de Timoteo Mendieta como víctima, pero legalmente no tiene tal consideración; fue un reo acusado, juzgado y sentenciado como criminal. Siendo considerado legalmente como criminal juzgado fue ejecutado y enterrado, y con la de ejecutado legalmente le fueron devueltos sus restos a su familia por una entidad privada. Y resaltamos lo de entidad privada.
¿Cuál es el papel del estado español en la recuperación por la familia de los restos de Mendieta? Lo único que ha habido es una actuación del juzgado en los términos marcados por el tratamiento de apertura de fosas comunes legales en los cementerios establecidos. No se ha investigado un crimen, no hay tal crimen para la justicia y la ley española. Una fosa común normalizada en un cementerio, cuenta unas garantías para su apertura por cuestiones de salud pública; los ayuntamientos precisan de luz verde de sanidad o del juzgado para abrir una fosa común, para poder proceder, por ejemplo a un traslado de restos, porque lo autorizado en Guadalajara es un traslado de restos mortales de una tumba a otra, asumiendo una entidad privada los costes de identificación de restos. Las actuaciones entre el juzgado argentino y el español, lo único que han hecho es desbloquear administrativamente las pegas que el ayuntamiento de Guadalajara ponía por motivos que se pueden calificar de rechazo ideológico a estos temas.
En Guadalajara fueron ejecutadas como Timoteo Mendieta muchos cientos de personas, cientos murieron en la cárcel por las condiciones de encarcelamiento, la práctica totalidad tampoco son desaparecidos; hay documentación sobrada para acreditarlo. Los que sí fueron asesinados sin rastro documental alguno, los estamos rastreando en condiciones muy difíciles y, vaya, resulta que los que sí sufrieron condiciones de «desparición forzosa» no merecen la atención de ningún medio de comunicación ni, por supuesto, la del estado y las fuerzas políticas. ¿Qué ocurre por tanto? ¿Será que todo esto es extraordinariamente incómodo para la realidad política y social española actual? ¿No será que resulta muy funcional para mantener las cosas como están, reducir todo esto a un simple problema familiar, íntimo, que se pueda resolver privatizando las acciones y «despolitizandolo todo»? No son solamente los nostálgicos del franquismo, o los post-franquistas los que están en contra de todo esto, también hay una falsa izquierda a la que todos estos temas les preocupan porque permiten ver sus imposturas y falsedades. Para algunos es mejor la lágrima fácil, el tratamiento superficial, emotivo, íntimo, sin perspectiva.
Debemos añadir otro hecho. La mal llamada Ley de Memoria —no se llama así—, fue votada mayoritariamente por los partidos allí representados y no cuestiona la legalidad franquista —y con ello la consideración como criminales de todas las personas juzgadas por la dictadura—. Esta Ley fue creada como un cortafuegos para intentar contener las contradicciones. Tuvo muchos cómplices. Las leyes de memoria autonómicas que han ido proliferando desde entonces siguen en esa línea, no entran en temas centrales —legalidad franquista, tribunales y sentencias reconocidos, olvido del robo y expolio a las víctimas—, bien porque es competencia del estado central, bien porque se centran en aspectos secundarios sin entrar en el fondo de la cuestión.
Otro hecho. No ha sido el estado español a través de la administración de Justicia quien ha abierto la tumba de Mendieta, no ha sido el juez quien como fruto de un procedimiento de investigación de un delito ha ordenado la apertura, ni son forenses habilitados los que han intervenido, no han sido fondos del estado los que directamente han sostenido las actuaciones, el juzgado no garantiza cadena alguna de custodia, ni la seguridad del transporte, ni el actual paradero; para qué hablar de la suerte y derechos los otros cuerpos y de sus familiares o, peor aún, de todos aquellos que no dejaron familia y que no cuentan con la protección del ministerio público, ninguno de esos casos cuenta con garantías legales sobre su suerte.
Podemos por tanto afirmar, que el caso Mendieta ha contado con un tratamiento que ha hecho invisible el hecho de que las víctimas de la dictadura no son víctimas reconocidas, que se ha dado una calificación errónea a la situación, y que todo ello ayuda a que se le oculte a la opinión pública que el estado español democrático considera legales los tribunales y sentencias y por tanto como criminales a los condenados. No hay voluntad ninguna observable en las Cortes para resolver esta situación. A los hechos me remito. La ley votada en la Generalitat sobre la anulación de sentencias y tribunales franquistas sí ha supuesto una diferencia, pero es un brindis al sol, pues la competencia efectiva es del estado central y quienes la votaron en el Parlament ni quieren hablar del asunto en Madrid. Deberíamos reflexionar todos sobre esto; no es algo sin importancia, es nuestra dignidad colectiva como sociedad democrática la que está en juego, trasciende desde luego las actuaciones concretas en torno a la suerte de los restos de Timoteo Mendieta y de sus compañeros de infortunio. Ha pasado la inmensa cantidad de ochenta años y vemos como un avance que nos hayan consentido que unos hijos hayan podido enterrar a su padre. ¿cómo es posible que estemos así todavía?
Esta es la situación. La verdad, ocultada; la Justicia, burlada; la Reparación, mínima, si acaso, íntima y personal para quien no reclamaba más que el derecho a una tumba personalizada. No es esto el caso Mendieta, es el caso de España, un país en el que las dificultades para lograr Justicia y Reparación son inmensas, pues es inmensa la madeja de ignorancia, prejuicios, miedos, pero donde, sobre todo, las complicidades están muy extendidas.
