Víctor Arrogante | Eco Republicano
La matanza de Atocha fue un atentado terrorista cometido por
pistoleros de la extrema derecha vinculados a Fuerza Nueva y a Falange. La
noche del 24 de enero de 1977, cinco abogados laboralistas fueron asesinados y
otros cuatro resultaron gravemente heridos. Las víctimas eran comunistas y de
Comisiones Obreras. El año 1977 no había empezado bien con la tensión creciente:
la ofensiva de ETA y del GRAPO, los rumores golpistas y la matanza puso en
jaque a la democracia por llegar.
Eran alrededor de las 22:30 de la noche, cuando un comando
ultraderechista formado por tres pistoleros, irrumpen en el despacho de
abogados laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del Partido
Comunista de España (todavía ilegal), situado en el número 55 de la calle de Atocha,
y abrió fuego contra los presentes. Al parecer, iban en busca del dirigente
comunista Joaquín Navarro y, al no encontrarlo, decidieron asesinar a todos los
demás. Eran dos jóvenes armados con pistolas y un tercero encargado de cortar
los cables del teléfono y registrar los despachos. José Fernández Cerrá, Carlos
García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, eran los tres asesinos.
Franco había muerto en noviembre de 1975 y parecía que todo
quedaba «atado y bien atado». España tenía ante sí el reto de ser como sus vecinos demócrataso el búnker nacional-católico de Europa. La historia hacía inviable
mantener los Principios Fundamentales del Régimen y los valores del 18 de
julio, jurados en 1969 por Juan Carlos de Borbón. Muchos había que seguían
defendiendo al búnker. Franco firmó sus últimas sentencias de muerte semanas
antes de morir; en marzo de 1976 se produjeron los sucesos de Vitoria con cinco
huelguistas muertos; y en mayo los sucesos de Montejurra en los que murieron dos
militantes carlistas. Con la matanza de Atocha, querían mantener su España «una,
grande y libre», frente a la roja, plurinacional, tricolor, laica y democrática.
Aquellos días de enero significaron una amenaza para la
Transición. Hubo que hacer frente a una ofensiva criminal que colocó a lanaciente democracia al borde del precipicio (Martín Villa, ministro de
Gobernación en 1977). A esa situación se llegó por la concatenación de unos
trágicos episodios: los secuestros de Antonio María de Oriol y del general
Villaescusa, la muerte del estudiante Arturo Ruiz por disparos de un
ultraderechista, la muerte de María Luz Nájera al ser alcanzada por un
bote de humo de la policía y el asesinato de los abogados laboralistas.
España iba de sobresalto en sobresalto tras los cuarenta años de paz, que la propaganda
del régimen propagaba. Juan Antonio Bardem retrató la trágica semana en su
película «Siete días de enero».
Los abogados que ejercieron la acusación contra los asesinos
de los abogados, trataron de poner al descubierto las oscuras tramas
ultraderechistas de líderes como Blas Piñar y fuerzas reaccionarias dentro del
propio aparato de seguridad del estado. Según las sospechas de algunos de los
abogados, entre ellos José Bono y Cristina Almeida, habrían participado de
alguna forma en la elaboración de los atentados para desestabilizar el proceso
de la transición en marcha.
La abogada Cristina Almeida ha denunció que en el juicio no
se les dejó llegar hasta el final. El juez Gómez Chaparro «Estaba acostumbrado a castigar a políticos, demócratas ycomunistas, pero no a los fachas y a la derecha». Todo estaba conectado.
Fernando Lerdo de Tejada, que esperó a los asesinos a la puerta del despacho,
era sobrino de la secretaria de Blas Piñar. «Cuando empezamos a investigar más
allá, no nos dejaron». Las investigaciones se quedaron en el Sindicato Vertical
de transportes.
La versión oficial de los asesinos es que iban a buscar a
Joaquín Navarro, el Secretario General del Sindicato de Transportes de CCOO en
Madrid. «Esperaron una hora en el piso de arriba y escucharon quién entraba y
salía del despacho». Fueron los mismos asesinos los que contaron en sus
declaraciones que oyeron cómo se marchaba gente del despacho. Había complicidad
con el juez y un clima muy tenso. Peligraba el sistema democrático naciente. Bastante
fue con haberlos detenido.
Casi dos meses después del atentado, los autores del crimen
fueron detenidos y puestos a disposición judicial. La Audiencia Nacional dictó
sentencia el 4 de marzo de 1980. Consideró que los procesados constituían
un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política
radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se
estaba operando en España». El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos
García Juliá, autores materiales de los hechos, a un total de 193 años a cada
uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años. «Aunque ahora parezca poca cosa, el juicio de los asesinos deAtocha, en 1980, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en elbanquillo, juzgada y condenada» (Miguel Ángel Sarabia).
García Juliá se fugó 14 años después, al serle concedida la
libertad condicional, con 10 años de prisión pendientes. Fue detenido en
Bolivia por narcotráfico. Fernández Cerrá fue puesto en libertad tras 15 años
en la cárcel. La instrucción del caso fue un desastre. Lo más sangrante fue que
el juez instructor de la Audiencia Nacional, Rafael González Chaparro, concedió
un permiso a Fernando Lerdo de Tejada, tras un año en la cárcel y a la espera
de juicio, para ir a la boda de su hermano y no volvió. Emilio Hellín acabó
trabajando como asesor de criminalística para la Guardia Civil y la Policía.
Entre el secuestro de Antonio Oriol en diciembre, la
aprobación del referéndum para la reforma política, y la Semana Negra de enero,
se presentaba una escalada de violencia, de acción y reacción, que podíadesembocar en una Guerra Civil. Si algo quedó demostrado, es que ni los
militares cayeron en la provocación, ni el partido comunista, respondió con
violencia. El duelo en el entierro y la multitudinaria manifestación en
riguroso silencio conmocionaron al país. El canalla asesinato de los abogados
surtió el efecto contrario. El PCE sería legalizado en abril, un mes después de
la detención de los asesinos y las primeras elecciones democráticas desde 1936
se celebraron el 15 de junio.
En el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia,
Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González. Otra de las abogadas que
salvó la vida porque había cambiado de despacho es Manuela Carmena «Los asesinatos de Atocha fueron la cuota a pagar para obtener
libertad y democracia». Cayeron asesinados a tiros, Enrique Valdelvira,
Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal.
Defendían las libertades de los trabajadores y los derechos de la
ciudadanía. Cinco muertes que iniciaron el camino a la democracia; en su
memoria
Todo parece que con el atentado buscaban una huelga general
que provocara un golpe de Estado, pero no lo consiguieron. Éste llegó el 23 de
febrero de 1981.
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