Víctor Arrogante | Eco Republicano
La Justicia nunca debe de ser protagonista, salvo por casos
excepcionales. En España lo es y en estos días con minúscula. ¿Es justicia lo
que dicen la mayoría de los miembros de un tribunal?; pues dependerá si el
tribunal es legítimo, independiente e imparcial; si es así podemos empezar a
hablar de Justicia. Pero hay sentencias que ponen en evidencia la cuestión. La
sentencia contra la manada, el caso Altsasua o el proceso del juez Llanera
contra políticos catalanes independentistas, y otros tantos casos contra la
libertad de expresión.
¿Qué es la justicia? ¿Qué idea tenemos de hacer justicia?
¿Qué significado tiene el término justicia? Corren malos tiempos para la Justicia.
No es necesario acudir a las páginas de sucesos o tribunales, para conocer los
diferentes casos cuyo protagonista es la «justicia». En temas políticos,
económicos, administrativos, de sociedad, existen un rosario de casos conocidos
de corrupción, malversaciones, estafas y conflictos de intereses de todo tipo.
Pocas instancias públicas, personalidades o instituciones se salvan de verse
ante la justicia. Miembros de la familia real, ministros, presidentes y
consejeros de comunidades autónomas, alcaldes y concejales, políticos en
particular y directivos de bancos en quiebra. En fin que les voy a decir que no
sepan.
¿Y cómo se ejerce la justicia? Pues lamentablemente se
ejerce poco y no se utiliza la misma vara de medir para unos que para otros. Ni
las leyes son iguales para todos ni la justicia se aplica a todos por igual. El
poder es el poder y tiene sus privilegios. El poder hace la ley y quién hace la
ley, ya se sabe, hace la trampa. Unos salen de la cárcel, tras pagar
millonarias fianzas y otros entran por manifestarse en defensa de sus derechos.
Algunos populares y poderosos ni entran ni se les investiga y otros pobres
pasan años en prisión por delitos considerados menores.
Desde tiempos remotos, la sociedad, ha ido elaborando
diferentes conceptos sobre la idea de justicia, en función de la cultura,
costumbres, formas de vida, maneras de ser en cada etapa histórica y sin duda
en función de lo que el poder quisiera otorgar en cada momento; hasta llegar a
la imagen actual de la mujer con ojos vendados, que porta en su mano izquierda
una balanza y en la diestra una espada: ceguera, equilibrio y venganza. De la
justicia divina a la justicia social. De la justicia para unos, a la justicia
para todos. De la justicia para todos a la justicia según la capacidad de
poder.
El jurista romano Ulpiano la definió de esta forma: Iustitia est constans et perpetua voluntas
ius suum cuique tribuendi (La justicia es la constante y perpetua voluntad
de conceder a cada uno su derecho), entendiendo el término derecho como lo
suyo, lo que es suyo, o lo que es de su propia responsabilidad.
Desde la filosofía también se ha razonado sobre la idea.
Platón identifica justicia con armonía social. Aristóteles como igualdad
proporcional o dar a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde. Santo
Tomás de Aquino, lo enfocaba como de Ley Natural; los derechos naturales que
han de tener los ciudadanos y que han sido otorgados por dios. Para
los utilitaristas, que buscan «el máximo bienestar para el máximo posible»,
es justo lo que beneficia al mayor número de personas a la vez. La máxima dice
que se hace justicia, cuando te dan la razón teniéndola, después de haber
demostrado que la tienes: tener razón, demostrar que la tienes y que te la den;
difícil proceso.
Hoy la justicia sigue siendo coto particular de aquellos que
dicen ejercer su doctrina, cuando muchos, lo que hacen es aplicar las leyes a
su acomodo, según sus particulares visiones de la realidad política y social. El juez Llarena ofrece ahora a la justicia alemana la entregade Puigdemont por un delito de sedición en lugar de rebelión. El juez, que
está siendo más popular que los populares genuinos, espera superar el escollo
producido por la decisión de Alemania de no extraditar al exmandatario por
rebelión, que es el principal delito que se le imputa y que conlleva pena de
hasta 30 años de cárcel. Expertos juristas indican que en el caso de que no se
acreditase que la violencia que se le atribuye, iba dirigida a conseguir la
independencia de Cataluña, se podría atribuir a los procesados el delito de
sedición o conspiración con penas de 15 o 7 años. Extradiciones a la carta: si
no le gusta este delito tengo otros. Según el jurista Gonzalo Boye: El Tribunal
de Schleswig ya dijo que los hechos descritos por Llarena, no eran
constitutivos de delito, y que el delito de Sedición fue derogado en la reforma
de 1970. Si «están presos por razones políticas, habrá que llamarlos presospolíticos».
Por otra parte, el juez Llarena divide la causa por rebelión, en pieza separada respecto de los
siete investigados que se encuentran fuera de España (Puigdemot, Toni
Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel),
con el fin de dar impulso a la pieza principal respecto del resto de
investigados y evitar que los trámites que se requieren lastren la agilidad del
proceso. Se abre así la posibilidad de que Puigdemont y el resto de huidos
puedan ser juzgados en su día de forma separada. «Ahora habrá que explicar en
alemán, flamenco, inglés y francés, qué es una pieza separada de rebeldes en
causa especial por rebelión».
Y que decir de la sentencia contra «la manada», que después
de relatar los hechos probados, quedando demostrado que ha habido violación, condena por abuso
sexual. Sobre el voto particular del indeseable juez que lo emite, por mi parte,
ni una palabra. La sentencia solo me aporta una inmensa indignación y desprecio.
Dice la doctora Bárbara Tardón que la ideología patriarcal se filtra diariamente en todos aquellospilares que sostienen y justifican el ejercicio directo de la violencia sexualhacia las mujeres, consolidando un sistema patriarcal, cuya estructura y
sus múltiples ejecutores –los jueces responsables de aplicar el Código Penal y
los 5 agresores–, son los únicos responsables de que hoy se condene por abuso
sexual a cinco tipos que han violado.
La Audiencia Nacional ha declarado visto para sentencia el
juicio contra ocho acusados, por delitos de terrorismo, por agredir a dos
guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua en octubre de 2016. En
total se enfrentan a 375 años de cárcel, por delitos de lesiones y amenazas
terroristas. La Fiscalía les acusa de pertenecer al Ospa Mugimendua (movimiento
que defiende la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra). Los
familiares de los acusados creen que la acusación de terrorismo ha sido
desmontada y confían en que se haga justicia. Señalan que la madrugada del 15
de octubre de 2016 hubo un encontronazo, nada que no pueda ocurrir en cualquier
otra población en una noche de juerga y alcohol. La diferencia es que sucedió
en Alsasua y que en la disputa estaban implicados dos guardias civiles y sus
parejas. «En ese mismo año acaecieron 9.571 casos similares y ninguno deellos se consideró terrorismo». Una pelea en un bar, por violenta que sea,
no puede constituir delito de terrorismo, con todo lo que en este país eso
conlleva. Parece que ha habido manipulación y montaje.
Por cierto, que la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia contra una activista que el 13 de
marzo participó en la quema masiva de fotografías del rey en Banyoles. Se
celebraba la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que resolvía
que prender fuego a imágenes del monarca estaba amparado por la libertad de
expresión. El poder judicial español no ha tenido más remedio que asumir la
doctrina de Estrasburgo, que hace dos meses condenó a España por haber multado
dos jóvenes por este motivo. «No se trataba de un ataque personal dirigido
contra el rey que tuviera como objetivo despreciar o vituperar la persona, sino
una crítica a lo que representa como jefe de estado y símbolo de las fuerzas
que, según los encausados, habían ocupado Cataluña».
La penúltima es que un juez de Barcelona, sentará a los
responsable de la revista satírica El Jueves,
por considerar «una ofensa y una falta de respeto a los miembros de
la Policía Nacional», el titular: «La continua presencia de antidisturbios
acaba con las reservas de cocaína en Cataluña». Por su parte, The
New York Times advierte del creciente riesgo para la libertad de expresión en
España. El periódico estadounidense repasa los acontecimientos en España,
marcados por el secuestro cautelar del libro Fariña o la retirada de ARCO de la
obra de Santiago Sierra «presos políticos» (Errenteria ha expuesto la obra censurada) y la condena al
rapero Valtonyc, que tendrá que ingresar en prisión el día 13, tras denegarle
el Tribunal Constitucional el recurso de amparo. El rapero fue condenado
por la Audiencia Nacional en febrero de 2017 a 3 años y medio de cárcel por los
delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la
Corona y amenazas, en una de sus letras. Para la Plataforma en Defensa de la
Libertad de Información «España tiene una legislación fuera de los parámetros
internacionales sobre libertad de expresión suscritos por nuestro país»
La reforma del Código Penal se hace imprescindible, para que
los delitos se ajusten a la lógica y a la razón y nunca a intereses ideológicos,
y las penas sean proporcionadas a los hechos. Podemos estar en peligro de
prisión por votar, opinar, cantar, protestar, manifestarse, por respirar, pero lucha
por la libertad no es una quimera, es una obligación. Escribir un artículo, la
letra de la canción de un rapero o una pintada de protesta, no puede conllevar
penas superiores a las de violación, asesinatos execrables, o corrupción contra
los dineros públicos, que atacan el Estado social y Democrático.
Por todo, podríamos definir que justicia es lo que dice la
mayoría de los miembros de un tribunal, aplicando objetivamente una ley justa y
de forma independiente de los poderes ideológicos, políticos y económicos. Todo
clama ¡Justicia!
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
