¿Laica o libre? ¿Iglesia o Estado?

¿Laica o libre? ¿Iglesia o Estado?
En pleno debate por el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, podemos observar que quienes se oponen confunden moral y derecho, y pretenden que los comportamientos que la religión católica considera inmorales o pecaminosos sean tratados como delitos por parte del Estado. 

Ferrajoli le dio un nombre a esta posición: “fanatismo”. Así se puede definir a la utilización del derecho para imponer a toda la sociedad la moral de una determinada religión a pesar de su absoluta ineficacia. Mientras tanto, permanecen indiferentes frente al sufrimiento inútil que su imposición moral provoca a millones de mujeres, personas gestantes y sus familias.

El fin del Derecho no es ofrecer un brazo armado a la moral. Solo los Estados Laicos garantizan el respeto a la igualdad en la diversidad y la convivencia pacífica entre quienes tienen distintos planes de vida y distintas opiniones.

La Iglesia Católica argentina ha exigido históricamente la imposición de su concepción moral en las temáticas de sexualidad, educación y vida familiar.

Luego de décadas de lucha de los feminismos y del movimiento de mujeres por los derechos sexuales y (no) reproductivos, quienes hoy se oponen a la sanción de la ley descubrieron repentinamente la importancia de la Ley de Educación Sexual Integral y de la anticoncepción. Sin embargo, está documentada la oposición histórica al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a la Ley de Contracepción Quirúrgica, a la ESI y a la adhesión al Protocolo facultativo de la CEDAW, apelando a concepciones religiosas.




Son lxs mismxs que se opusieron a las leyes de voto femenino, divorcio, matrimonio igualitario, identidad de género, reproducción médicamente asistida y muerte digna. Todxs somos pro-vida; ellxs son “antiderechos”.

En este contexto, resulta preocupante que, al mismo tiempo que se abrió el debate por la IVE, comenzara a debatirse el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sobre (pseudo) “libertad religiosa”. Tal como dijo Claudia Piñeiro: “nos roban las palabras”, porque ese proyecto poco tiene que ver con la libertad. Refuerza la injerencia de las religiones sobre nuestros cuerpos y pone en riesgo el acceso a las todas las leyes que ampliaron derechos en los últimos años.

Ese proyecto prevé la objeción de conciencia tanto individual como institucional en base a convicciones religiosas y morales y dispone que lxs empleadorxs, tanto estatales como privadxs, deben adecuar las actividades a las prácticas religiosas de lxs trabajadorxs, modificando el paradigma de la neutralidad del Estado en materia religiosa.

Así, de sancionarse esta ley, un establecimiento educativo podría enseñar la teoría creacionista, negarse a enseñar los contenidos de la ESI, a recibir a niñxs trans o a hijxs de dos personas del mismo sexo.

En el ámbito de la salud, lxs médicxs, o un centro de salud entero, podrían ampararse en la objeción de conciencia para negarse a proveer anticonceptivos, a practicar técnicas de reproducción humana asistida, a la interrupción legal del embarazo o a la ligadura tubaria. Así como podrían negarse a casar a dos personas del mismo sexo o a realizar el cambio registral a una persona trans.

Este proyecto revierte la excepcionalidad del instituto de la objeción de conciencia para convertirse en una regla. Y su práctica masiva podría poner en riesgo las políticas públicas sobre sectores tan sensibles como la salud y la educación.

Es hora de que la mitad de la humanidad goce de la autonomía a decidir sobre su propio cuerpo y su propio destino, a elegir su plan de vida sin coerciones de una concepción moral externa. 

Es hora de separar la iglesia del Estado.

Analía Más. Secretaria de Género y Laicismo de la Falgbt, miembro de la Coalición Argentina por un Estado Laico y de la Campaña por el Derecho al Aborto

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