Una monarquía a la deriva: El referéndum que nunca tuvimos

Juan Carlos, Adolfo Suárez y Felipe González
Los españoles nunca han tenido la oportunidad de decidir mediante un referéndum en qué tipo de Estado quieren pagar impuestos: si en una república o en una monarquía.

Alejandro Torrús | Público

Dicen los manuales de Ciencia Política que una democracia es la forma de gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo. Sin embargo, la democracia española tiene una particularidad, aunque no es la única. El pueblo, titular de la soberanía, nunca ha sido consultado sobre si prefiere pagar sus impuestos en una monarquía o en una república. De hecho, las dos repúblicas españolas llegaron tras las huidas de Isabel II y de Alfonso XIII, respectivamente, y durante la Transición no se consultó a los ciudadanos qué forma política querían para el nuevo estado democrático. Tampoco tras la abdicación de Juan Carlos I. La forma monárquica del Estado español, por tanto, está lejos de haber sido una decisión tomada por el pueblo, que es quien, supuestamente, ejercer el poder.

La última gran oportunidad para celebrar una consulta coincidió con la abdicación de Juan Carlos I. Era junio de 2014. La popularidad de la monarquía había caído de una manera importante y Eduardo Madina, por entonces aspirante a liderar el PSOE, reconocía que los socialistas debían impulsar este debate. Sin embargo, Madina fue rápidamente rectificado por el entonces líder de los socialistas en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ratificó la Ley Orgánica que garantizaba la sucesión en la Corona.





“Le deseo al Príncipe lo mejor para su reinado, reiterándole el respeto y la lealtad del grupo socialista y el compromiso con un nuevo tiempo”, señaló Rubalcaba en el Congreso solo un día antes de que la Cámara ratificara la mencionada Ley Orgánica.

Apenas tres meses después de esa votación, en septiembre de 2014, el Congreso tenía que votar una propuesta de IU para celebrar un referéndum no vinculante sobre monarquía o república. El PSOE, que también había empezado su proceso de renovación, estaba liderado entonces por Pedro Sánchez, quien se había impuesto en las primarias a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

Los socialistas volvieron a votar en bloque junto al Partido Popular y tumbaron toda opción de referéndum, que solo consiguió los apoyos de PNV, Amaiur, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Gallego. Una vez más, los socialistas apuntalaron a la monarquía, pese a su reconocido “espíritu republicano”.

“No comprendo la necesidad de deshonrar a nuestros padres para honrar a nuestros abuelos”, explicó la diputada socialista Meritxel Batet desde la tribuna del Congreso, donde también defendió que el PSOE debía estar a la altura de sus padres y respetar el pacto constitucional de 1978.

Sin embargo, los padres constituyentes también habían privado a los ciudadanos en 1978 de la decisión sobre la forma del Estado. El pacto existió, pero se hizo sin los ciudadanos, y fueron otra clase de poderes los que decidieron que el rey sería el jefe del Estado. Los españoles solo pudieron ratificar en referéndum la Constitución en un ‘pack’ completo. La decisión a tomar era sencilla: Constitución con monarquía parlamentaria o dictadura. La decisión parecía obvia y el chantaje político a la ciudadanía, también.

De hecho, no fue la única acción encaminada a asegurar la forma monárquica del Estado. Las elecciones constituyentes de junio de 1977 se celebraron sin las candidaturas republicanas tradicionales o sus herederas, como Izquierda Republicana, que había sido el partido del presidente de la II República Manuel Azaña o Acción Republicana Democrática. Los partidos republicanos no habían sido legalizados. Sí que había sido legalizado, en abril de ese año, el PCE tras aceptar la bandera roja y gualda. Así, la democracia naciente se aseguraba no repetir el resultado de las elecciones municipales de abril de 1931, en las que las fuerzas republicanas obtuvieron una clara victoria y el rey Alfonso XIII se tuvo que exiliar ante la ausencia de apoyos.

Solo el 20,8% de los ciudadanos quería una monarquía

La escasa transparencia de los citados pactos de la Transición se volvió a poner de relieve cuando La Sexta Columna difundió un fragmento de la entrevista que la periodista Victoria Prego había realizado en 1995 al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez. Las imágenes, sorprendentemente, nunca habían visto la luz. El expresidente admitía que durante la Transición manejaba encuestas que pronosticaban que, en caso de referéndum, los españoles elegirían la opción republicana. Asimismo, también admitía que los estados europeos le exigían que realizara una consulta en este sentido.

La difusión del vídeo levantó un sinfín de reacciones, entre las que destacó, por ejemplo, las del entonces director de El Mundo y hoy columnista de Abc, Pedro G. Cuartango, que señaló que lo que decía Suárez “no se ajustaba a la verdad ni al sentido común”. También aseguró que el expresidente “ya estaba muy afectado por el deterioro mental que le produjo el mal neurodegenerativo que padeció hasta su muerte”.

El prestigioso abogado Joan Garcés, ganador del Premio Nobel Alternativo (Suecia, 1999) y Oficial de la Orden de Mérito de Francia (2000) por sus contribuciones al derecho internacional en la lucha contra la impunidad de las dictaduras, reveló en el libro Soberanos e intervenidos que aquellas encuestas de las que hablaba Suárez sí existían.

“La confesión de Suárez a Prego no revela nada que no fuera conocido por quien quisiera conocerlo. Algunas de las encuestas hechas en los 70 son de libre acceso, como las publicadas por la Fundación Foessa, o por otras instituciones, españolas y extranjeras, que corroboran lo que Suárez dijo a Prego”, explicó Garcés, asesor, entre otros, de gobiernos como el de Salvador Allende en Chile o François Miterrand en Francia.

La Fundación Foessa había realizado en 1970 una encuesta en España sobre sus preferencias para “después de Franco” en el Informe sociológico sobre la situación social de España, 1970. La encuesta pregunta a los españoles por el “sistema preferido para después de Franco” y la respuesta fue clara y contundente: el 49,4% apostaba por una República, mientras que la monarquía cosechó el apoyo del 20,8% de los encuestados, nueve puntos menos (29,8%) del apoyo que recibía la continuidad del régimen franquista.

De esta manera, Garcés considera que el “cambio de régimen de partido único al del pluripartidismo entre 1975 y 1977 fue pensado para perpetuar la subordinación/discriminación de los republicanos españoles” por lo que “las instituciones creadas a partir de 1975 buscaron tener bajo control al electorado antes de que se abrieran las urnas por primera vez desde las elecciones de febrero de 1936”.




Sin la participación de los partidos republicanos, las elecciones generales de 1977 carecieron de legitimidad.

Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el franquismo residual, impidió que los partidos republicanos del exilio pudieran participar en las elecciones Generales de 1977.Aquellas elecciones mal llamadas "democráticas" no permitieron votar en libertad. En este sentido, los ex ministros franquistas, Manuel Fraga Iribarne y Rodolfo Martín Villa, vetaron la participación en las elecciones a los partidos republicanos que luchaban para el restablecimiento de la República. 

En un artículo de don Fernando Valera, ex presidente del Gobierno de la República en el exilio y uno de los fundadores del partido Acción Republicana Democrática Española (ARDE), analiza la ilegitimidad y vicios de la monarquía parlamentaria, haciendo un alegato en defensa de la República.

"En España no hay, no puede haber otra solución nacional, justa, pacificadora, progresiva, que el restablecimiento de la República, previo el rescate de la soberanía popular que, a nuestro juicio, llevará necesariamente a ella", afirmaba Fernando Valera.

"Las elecciones de 1977 no reunían las condiciones previas de autenticidad, ni por el Poder ilegítimo que la convocaba, ni por el marco legal en que había de desenvolverse", razonaba Fernando Valera. Además, puntualiza sobre la "incalificable discriminación de la que fueron víctimas algunos partidos republicanos, al verse impedidos de participar en las elecciones". 

En este sentido, varios líderes republicanos de Acción Republicana Democrática Española (ARDE) fueron perseguidos y encarcelados por exhibir banderas republicanas y distribuir pasquines en pro de la República durante reuniones clandestinas celebradas a principios del año 1977.

Por su parte, el líder de Izquierda Republicana durante la Transición, Isabelo Herreros, también explicó a este medio que intentó que su partido participara en las elecciones constituyentes a toda costa. Sin embargo, la respuesta fue negativa:

“Primero hubo un encuentro con Manuel Fraga, ministro de la Gobernación hasta julio de 1976, donde nos dijo que hasta que no quitásemos la ‘R’ no se nos legalizaría, ni con ese gobierno ni con ninguno de la Monarquía. Con el gobierno de Suárez apenas hubo contactos, pues la única interlocución era a través de Juan José Rosón, gobernador civil de Madrid entre 1976 y 1980, y siempre dijo que el obstáculo era el PSOE. Nos animaba a convencer a Felipe González, Javier Solana o Enrique Múgica, al parecer los más intransigentes con nuestra legalización. Presentamos los papeles cuando se abrieron los plazos. Martín Villa remitió al Tribunal Supremo la documentación, pero no para que nos legalizasen si no para que vieran si en nuestra actuación había hechos delictivos y así proceder contra nosotros”.

La escasa voluntad de las élites por conocer los deseos de los españoles en cuanto a monarquía o república también es apreciable en el CIS. El estudio demoscópico lleva más de 35 meses sin preguntar por el rey, quizá porque las respuestas no agradarían al monarca. Tampoco ha habido una pregunta directa sobre si se prefiere una monarquía o una república. Los españoles, a la hora de decidir la forma de nuestro Estado, seguimos siendo menores de edad.

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