Acabar con la corrupción en España sumaría más de 10.000 millones al PIB cada año

Acabar con la corrupción en España sumaría más de 10.000 millones al PIB cada año
La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, tanto más cuanto más avanzadas son sus economías. 

La debilidad institucional y la corrupción no solo tienen un impacto negativo sobre la política y la convivencia de un país. Tienen también un coste económico que va más allá del montante de los fondos públicos indebidamente apropiados, ya que deterioran elementos clave del funcionamiento de una economía. 

La corrupción y la baja calidad institucional desincentivan el emprendimiento, la innovación, la competencia y el esfuerzo. Estos factores se traducen en menor productividad, mayor desempleo y remuneraciones inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital disponibles.





Entre un 8% y un 30% más de riqueza

Según el estudio: "Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España", realizado a partir de cinco indicadores del Banco Mundial, basados a su vez en informes de multitud de organismos públicos, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, el resultado de acabar la corrupción y mejorar el control institucional elevaría el PIB de España un 16% en el plazo de 15 años. O, lo que es lo mismo, añadiría algo más de 10.000 millones de euros al año a la riqueza nacional.

El “escenario central” que contemplan los profesores de la Universidad de Murcia Francisco Alcalá —que es también investigador del IVIE— y Fernando Jiménez, es el que indica que avanzaría un 16%, a razón de algo más de un punto al año, que se sumaría a la riqueza, según publica El País. 

¿Por qué hacen proyecciones a 15 años? Las mejoras requerirían tiempo para ser implementadas. Es un plazo orientativo, apuntan. Y la riqueza llegaría de forma indirecta: “La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, una mejor regulación y una mayor competencia incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación, y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas”, afirma Alcalá, que es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico.

Para la evaluación, el estudio usa cinco indicadores de calidad regulatoria. En el que más cojea España es en el de control de la corrupción, entendida como “el grado en el que el poder público es ejercido para beneficio privado, así como la captura del Estado por las élites y los intereses privados”. O dicho de otro modo: “En la confianza que generan los políticos, los funcionarios, el sistema judicial y el sistema de recaudación de impuestos, así como las sospechas sobre la existencia de pagos irregulares en la adjudicación de contratos públicos”.

Evolución preocupante

España obtiene mejor resultado en otros indicadores, como los de grado de participación política de los ciudadanos; el de calidad de los servicios públicos; o el que examina el cumplimiento de las leyes y los contratos, que engloba criminalidad y violencia.

Sin embargo, el informe contiene un dato preocupante. España ha perdido un punto en el indicador global de calidad institucional (medido sobre 10 puntos): baja de 7,8 a 6,8 entre 2003 y 2017. Un periodo en el que sus instituciones se han visto sacudidas por numerosos casos de corrupción.

España peor que Portugal

La nota global de calidad institucional coloca a España en el puesto 31 de los 154 países analizados, todos con más de medio millón de habitantes.

La clasificación de calidad institucional está encabezada por Noruega. Le siguen Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza. España se sitúa en el puesto 31, a una considerable distancia de Alemania (10), Reino Unido (13), Francia (21) o Portugal (22).

El PP acapara el 86% del coste por corrupción en España: 122.000 millones de euros

En España se han registrado 387 casos de corrupción conocidos. De estos, el PP ha protagonizado 193 “casos aislados”, acaparando así la mitad de la corrupción en casos. La medalla de plata es para el PSOE con 77 casos y la de bronce para el Partido Nacionalista Vasco con 16.

Las cifras se agravan cuando descubrimos el coste de la corrupción por partido. El partido que preside Pablo Casado copa el 86% del coste, lo que supone 122.038 millones de euros. Muy por detrás le siguen los socialistas con un coste de 10.566 millones de euros, y Convergencia Democrática de Catauña (CDC) a 5.078 millones de euros.
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  • Date : 31.10.18
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