Víctor Arrogante
Cada año, el 11 de septiembre, Catalunya celebra su gran día:
la Diada, la Fiesta Nacional, el día que conmemora una rendición histórica y
que, a su vez y bajo el manto independentista, sirve para reivindicar la
emancipación del territorio; y en esta ocasión la libertad de los presos
políticos. Día de fiesta y reivindicación y toma de conciencia colectiva, que
es como darse cuenta de las cosas tal cual son.
Dicen que Cataluña es el mayor problema de la política
española y que puede condicionarlo todo. La situación está tan bloqueada que no
merecería ser comentada, si no fuera porque se avecina una nueva tormenta
catalana, cuyo grado de intensidad dependerá de la dureza de la sentencia. Lo
cierto es que la política española está en medio de un pantano. El 11 de
septiembre, centenares de miles de independentistas volverán a salir a la
calle; más o menos las de siempre y las imágenes de la manifestación, "que
los medios estatales tratarán de redimensionar todo lo posible, demostrarán que
el independentismo sigue en pie". Tal y como confirman los sondeos: "la
fuerza electoral de ese movimiento sigue prácticamente igual de alta que
siempre".
Todo se remonta a cuando Felipe V, el Animoso sometió a
Catalunya y al reino de Aragón. La Guerra de Sucesión contra el archiduque
Carlos de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, supuso la
perdida de posesiones en Europa y Gibraltar entre otras. Con los Decretos de Nueva Planta, se derogaron fueros yderechos territoriales catalanes, considerados derechos de conquista, comocastigo por su "rebelión". La Diada conmemora la caída de
Barcelona (11 septiembre 1714) en manos de las tropas borbónicas. Los
resistentes "merecen ser sometidos al máximo rigor según las leyes de la
guerra, para que sirva de ejemplo para todos mis otros súbditos". Franco
hizo algo parecido en el mismo territorio.
Pese al tiempo transcurrido, se sigue hablando de Felipe,
Catalunya y el soberanismo, y no se ha solucionado la razón primera. Hay
intereses mutuos que defender y las normas siguen sin dar una solución
satisfactoria a todas las partes. Todos son responsables, algunos más que
otros. La fuerza se ha utilizado más que la palabra y la violencia más que la
razón. La buena fe negociadora no ha estado presente y no se la espera. El
actual Felipe, no está por la labor de aportar soluciones al conflicto, sino
todo lo contrario. La propuesta de Sánchez para Catalunya, en sus 370 medidas
del Programa Común Progresista son epeditivas: referéndum no, diálogo sí. Por su parte Quim Torra,
presidente de la Generalitat, declara que en la reunión mantenida en Pedralbes,
abrieron una brecha para hallar una solución para Catalunya quesuperaba la Constitución. Pedro Sánchez tendría aclarar este extremo.
Vayamos al principio de los tiempos. Más de 4.000 personas
fueron detenidas y en su inmensa mayoría condenadas a muerte y ejecutadas en
público para escarmiento. Largas condenas en galeras o deportación, junto con
la correspondiente confiscación de bienes y propiedades. En esta tarea
represiva, como nos tiene acostumbrada la historia, colaboró con entusiasmo el
clero, encabezado por el vicario general de Barcelona, que conminó a los
barceloneses a que obedecieran a Felipe V, bajo castigo de pecado. Cuando
Barcelona capituló, no cambió la voluntad real, como no se cambia hoy la del Gobierno,
que defiende el inmovilismo de la Constitución, por encima de la voluntad
popular, cuando todos conocemos cómo hacen para cambian las leyes cuando les
interesa. ¿Recuerdan la reforma del artículo 135 de la Constitución?.
La causa catalana volvió a surgir en diversos momentos de la
historia de Europa, hasta la firma del Tratado de Viena en 1725, que puso fin
diplomáticamente a la Guerra de Sucesión. El emperador Carlos VI renunció a sus
derechos a la Corona de España y reconoció a Felipe V como rey de España y de
las Indias. Felipe reconoció al emperador la soberanía sobre las posesiones de
Italia y de los Países Bajos. En el Tratado, el rey otorgaba la amnistía a los
partidarios del Archiduque Carlos, con el compromiso a devolverles los bienes
confiscados durante la guerra y la represión, pero se negó a restablecer las
instituciones y leyes propias de los Estados de la Corona de Aragón.
Lo que empezó siendo una fiesta catalanista, religiosa y
conservadora, pasó a ser una celebración nacionalista con la llegada de la Segunda
República. Francesc Macià proclamó la República Catalana dentro de una
federación de pueblos ibéricos. En 1934, Lluis Companys, líder de ERC, proclamó
el "Estado catalán de la República Federal española". Horas después,
fue apresado. El 20 de noviembre se celebraron elecciones al Parlament, que
permitieron la construcción de instituciones propias democráticas.
Con el franquismo se anularon las libertades, los derechos,
la democracia y se eliminaron las instituciones republicanas. Con su insulto
preferido "no hables como un perro, habla el idioma de imperio", se
persiguió la lengua y la cultura catalana. Los vencidos fueron vencidos en
todos los frentes. Companys fue fusilado en 1940 tras ser sometido a un consejo
de guerra durante la dictadura, una época en la que la Diada estuvo prohibida.
Tras la muerte del dictador, se consensuó que el Día Nacional de Catalunya
celebrase una derrota ante el rey de España, pero durante años fue escenario de
escaramuzas entre moderados e independentistas.
Preguntar no debería ofende ni responder tampoco. El
Tribunal Constitucional, declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley
de Consultas, que había sido aprobada sin enmiendas y por abrumadora mayoría
por el Parlament. Declaró que la ley regulaba un referéndum, invadiendo una
competencia exclusiva del Estado. Jueces y magistrados de Catalunya,
entendieron que la negación del derecho a decidir sólo se puede entender y
sostener por un criterio estrictamente ideológico y político, puesto que el
llamado "principio democrático" impregna todo el ordenamiento
jurídico internacional y comunitario, y una de sus manifestaciones más
elementales es el derecho de los pueblos y naciones a decidir su futuro.
Consideraban que este derecho a decidir se puede ejercer en el actual marco
constitucional, desde una perspectiva dinámica y viva, no sacramental, como
corresponde a un Estado social y democrático de Derecho.
El Tribunal y el Gobierno entienden que preguntar si ofende
y facilitarlo puede ser delito. El Constitucional, el Gobierno y la Fiscalía
General, utilizan el Código Penal contra el independentismo, prohibido por unas
leyes, políticas, que criminaliza el derecho a decidir. El 50% de los catalanes
son muchos catalanes. El problema es que sigue habiendo otro 50% de
población tan catalán como aquellos.
La Diada organizada por el Govern enfrenta a los partidos
catalanes. Este año los
partidos constitucionalistas no participarán en el acto oficial de la Diada.
La celebración institucional de la Diada, la que organiza el Govern, hace
tiempo que dejó de ser un acto unitario capaz de congregar a la gran mayoría
del arco parlamentario. Una situación que ha ido a más a raíz del procés independentista
y que pone de relieve la profunda división en torno a la cuestión nacional que
existe en Catalunya, muy alejada de la idea del "un sol poble" que
dice defender el Ejecultivo de Quim Torra y cuyo espíritu marcó los primeros
Onze de Setembre tras el fin de la dictadura franquista.
Los
preparativos de la Diada evidencian la división en el independentismo. Cs no
participa en los actos oficiales desde hace más de una década y en numerosas
ediciones ha organizado un acto alternativo. El PP se desmarcó de la ofrenda
floral a Rafael Casanova en el 2010, justo después de la manifestación en
contra de la sentencia del Estatut que encabezó el president José Montilla y
que tuvo que abandonar escoltado tras recibir insultos de grupos
independentistas. Ahora es el PSC, por segundo año consecutivo, decide no
acudir al evento organizado por el Palau.
La
Generalitat convierte el acto oficial de la Diada en un homenaje a los presos.
El Govern ha decidido dedicar esta Diada a los presos políticos soberanistas y
a los autoexiliados bajo el lema "Tornarem", en referencia al "ho
tornarem a fer" que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, defendió en su
alegato final durante el juicio del procès. A pocas semanas de que se conozca
la sentencia y cuando están a punto de cumplirse dos años de prisión preventiva
para algunos de los procesados, el soberanismo ha querido poner el foco en sus
líderes encarcelados.
Este año, la Diada llega marcada por el distanciamiento
de las posiciones de los dos principales partidos independentistas.
El pacto de la Diputación y la cuestión de la investidura de
Sánchez acabó de materializar ese distanciamiento. ERC ha tomado el
camino de la moderación
y la apuesta del diálogo, mientras JxCat, especialmente el
sector "puigdemontista", sigue abogando por el bloqueo
y el 'no' rotundo a Sánchez.
La
Assemblea Nacional Catalana, quiere poner de manifiesto que a pesar de las
distintas ideologías, existe un objetivo en común: la independencia; la
"unidad estratégica". Los manifestantes confluirán en la plaza
de España desde las seis vías limítrofes. Los organizadores han
decidido que los políticos no contarán con un espacio reservado en la
cabecera y lo ocuparán personajes de la sociedad civil. El principal reto
será la participación del millón
de asistentes. En mi memoria, aquel 11 de septiembre de 1977, en el que un
millón de personas se manifestaron para pedir el retorno de las instituciones de
autogobierno.
A unos días de la Diada, no solo no hay pacto sobre la
respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sino que los partidos
mayoritarios, JxCat y ERC, ya no disimulan que tienen visiones antagónicas
sobre la estrategia a seguir desde el Govern. Ni camino compartido, ni
coincidencia en el diagnóstico. Junqueras y Puigdemont desbaratan la promesa de unidad del
independentismo para la Diada. El encontronazo entre los dos líderes es la
señal externa de una herida profunda que ha dividido a los partidos
independentistas, el Govern que comparten, y también el movimiento social.
Negando el derecho a decidir sobre el modelo territorial, se
niega el derecho a decidir sobre el modelo político, social y económico, algo
que inevitablemente la historia resolverá. Soy internacionalista y no defiendo
fronteras ni territorios, defiendo a la clase trabajadora a la que pertenezco y
a la ciudadanía soberana, pero defiendo el derecho a decidir de los pueblos y
la libertad de los presos políticos.
Víctor Arrogante
En Twitter @cval1100
Víctor Arrogante, profesor y analista político, colabora en Eco Republicano desde 2013
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