Víctor Arrogante
El PSC en su 14è Congrés que se ha celebrado este fin de
semana, ha aprobado la definición de España como "nación de naciones"
y Catalunya una "nación". Por otra parte nada nuevo ni en el PSC ni
en el PSOE, que han venido usando esa expresión en diferentes momentos, a su
conveniencia política, según los tiempos. La
definición de Catalunya como nación por parte del PSC, pese a no ser ninguna
novedad, ha removido las aguas y causado malestar entre los barones más conservadores
del PSOE, justo cuando Pedro Sánchez negocia su investidura con ERC.
El nuevo texto añade la expresión "nación de naciones",
después de la polémica generada sobre la definición de Catalunya como
"nación" y de España como país "plurinacional", dos
nociones aprobadas en la ponencia política y que ya aprobó en su anterior congreso. La nueva
reformulación, se ha hecho a petición expresa del primer secretario, Miquel
Iceta. La expresión "nación de naciones" para definir España ya fue
defendida y utilizada por el propio Pedro Sánchez cuando en julio del 2017
suscribió la declaración de Barcelona, donde el PSOE y el PSC apostaban por la
vía federal y una reforma de la Constitución para articular una nueva
organización territorial: La nación de naciones es la España que vendrá, el
centralismo es el pasado. "Y el federalismo que defendemos los
socialistas será la garantía de que exista un futuro común".
García Page y Lambán, entre otros históricos, como Rodríguez
Ibarra (Si Pedro Sánchez forma gobierno con Podemos y los
independentistas, yo me voy del PSOE), cuestionan el pacto con ERC y cargan
contra Iceta. Los presidentes muestran su malestar con el líder del PSC después
de que reclamara "respeto" hacia los independentistas. La crisis en Catalunya es siempre un terreno delicado para el
PSOE, aunque Sánchez tiene manos libres para llegar a un entendimiento. Con
este panorama, no se espera una revuelta como en el año 2016, cuando el poder
territorial del partido impidió a Sánchez llegar a Moncloa con el apoyo de los
independentistas. Desde que se hizo de nuevo con las riendas del partido y tras
su llegada al Gobierno, el poder de Sánchez es total.
Llegados a este punto, me permito referirme al artículo De la Nación de Naciones que publiqué en 2012 y que aparece
en mi libro Reflexiones Republicanas, en el que analizo estas ideas y
conceptos que estuvieron de actualidad ya por entonces, sobre la cuestión
española, catalana y otras nacionalidades.
En su artículo 2, la Constitución española establece que se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones; sin
terminar de explicar el concepto nación, nacionalidades o región. Conceptos
ambiguos, con múltiples interpretaciones y connotaciones políticas. Fue la
solución consensuada en 1978, al tan traído tema de la "unidad" de
España, superando el concepto utilizado por la dictadura: "España, unidad
de destino en lo universal", que diciendo mucho supuestamente, no
terminaba de saberse que quería de decir en su más estricto sentido. Además,
con la fórmula que se adoptó en 1978, se salvaba la situación creada durante la
Segunda República Española con Cataluña, País Vasco y Galicia. Hoy las ideas
siguen encendidas, los intereses vivos y la unidad de la nación y la existencia
de nacionalidades cuestionadas.
El término nación tiene, al menos, dos diferentes acepciones:
una político-jurídica y la otra socio-ideológica. Anthony. D. Smith define
la nación como "una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio
nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria
histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de
solidaridad, al menos entre sus élites". Generalmente la nación surge
sobre bases mitológicas, cuentos fantásticos de batallas ancestrales y de
héroes poderosos o villanos, inventados para gloria de quienes lo cuentan y
para la manipulación de la voluntad de los humildes alrededor de una bandera,
que generalmente representa los intereses del poder.
La Constitución de Cádiz dedicaba sus cuatro primeros
artículos a la nación española, en términos acordes con el principio, entonces
revolucionario, de soberanía nacional. La Constitución de 1931 constituye un
precedente directo, al establecer que "La República constituye un Estado
integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones" y
sobre esta base se aprobaron los Estatutos de Cataluña (1932), el País Vasco
(1936) y Galicia (1938). Se trata del modelo que, con importantes modificaciones,
seguirán los constituyentes en 1978.
Durante el debate constituyente de 1978, las posiciones
críticas a este precepto, fueron múltiples. Se produjo una oposición frontal al
término "nacionalidades" por considerarlo ambiguo, discriminatorio y
peligroso, confuso e innecesario (fue la posición de Alianza Popular). Otra
posición contraria, minoritaria, de los nacionalistas más extremos, eran
partidarios de suprimir el vocablo Nación, por entender que España no es una
Nación sino un Estado formado por un conjunto de naciones. Otra posición más
ambigua respecto a los rasgos nacionales unitarios la defendió el PNV que se
limitaba a declarar que "la Constitución se fundamenta en la unión, la
solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que integran
España". Por último la Minoría Catalana defendió que aun reconociendo la
unidad nacional proponía que "la Constitución se fundamenta en la unidad
de España, la solidaridad entre sus pueblos y el derecho a la autonomía de las
nacionalidades que la integran".
La posición de los llamados padres de la Constitución fue
sesuda, amplia y diversa. Herrero y Rodríguez de Miñón entendió que el término
nacionalidades se refería a "hechos diferenciales con conciencia de su
propia, infungible e irreductible personalidad". Roca Junyet entendía que
“nacionalidades” se refería a "Nación sin Estado, con personalidad
cultural, histórica y política propia... dentro de la realidad plurinacional de
España,... como Nación de Naciones". Peces-Barba proponía que "la
existencia de diversas naciones o nacionalidades no excluye, sino todo lo
contrario, hace mucho más real y más posible la existencia de esa Nación que
para nosotros es fundamental, que es el conjunto y la absorción de todas las
demás y que se llama España". Y Solé Tura lo definía como "un estado
de conciencia colectivo que se fundamenta no sólo en la historia, en el pasado
común, en la lengua, en la cultura o en la realidad económica sino también en
una forma determinada de concebir su propia realidad frente a las otras".
Ideas, principios y filosofía, cargadas de buena voluntad y
de intereses políticos e ideológicos, como no podía ser de otra forma y por una
u otra razón, ninguno de acuerdo y por eso salió adelante. La votación del Pleno
del Congreso reveló el carácter consensuado entre las principales formaciones
políticas de la versión finalmente aprobada: 278 votos a favor, 20 en contra
y13 abstenciones. En el Senado el resultado fue parecido: 140 votos a favor, 16
en contra y 11 abstenciones. No se si hoy las posiciones serían diferentes.
Hasta aquí el artículo de 2012 y seguimos hablando de lo
mismo. Han pasado cuarenta y un años desde que se promulgó la Constitución, −nacida
tras una cruel dictadura, que nos privó hasta de los más elementales derechos
fundamentales−, tiempo suficiente como para que la sociedad española se plantee
una lectura actualizada del texto, que apoyamos en aquel tiempo, quienes anhelábamos
igualdad, libertad y democracia.
La resolución del PSC, aboga por "una España y una Catalunya más federal" y afirma que
las nuevas formas de relación, decisión y su articulación han de ser fruto de
reformas acordadas entre fuerzas catalanas, pactado en todo el Estado y
refrendado por el conjunto de la ciudadanía. Esto se traduciría en principio,
en un nuevo Estatut y una reforma de la Constitución, que se debería impulsar
en el momento que existiesen las mayorías parlamentarias suficiente para
aprobar dichos cambios.
A pesar del malestar que genera la subida de tono de algunos
barones, la dirección del PSOE optan por guardar silencio más allá de la respuesta de algún dirigente, como Odón Elorza: "Con respeto a las
opiniones de Lambán −que quiere ahora un pacto con Ciudadanos− y García-Page,
tras la consulta realizada a la militancia socialista, quiero expresar mi total
apoyo al acuerdo con Unidas Podemos y a la compleja negociación con ERC. Por
cierto, contra el mareo y el vértigo, biodramina". El PSC ha levantado la
bandera del federalismo.
Al paso de la cuestión, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha
dicho que Sánchez ya conoce cuáles son las cuestiones que reivindica el
Ejecutivo autonómico en relación al autogobierno vasco. "No estamos en tiempo de tacticismos". Manifiesta que
llevan tiempo pendientes de una mesa en la que se puedan abordar cuestiones
pensando que son estructurales y no coyunturales, para abordar la cuestión
territorial.
La ciudadanía del 2019, hombres y mujeres menores de 60
años, no pudieron participar en el referéndum de 1978 y no tienen por qué
asumir como suyos, ni los miedos, ni los anhelos de entonces. Hay que abrir un
Proceso Constituyente, que de respuestas, acordes con los tiempos que corren, a
los problemas que los siglos acarrean.
España es una Nación, como lo son Catalunya, Euskadi, Galiza,
Andalucía, Comunitat Valenciana, Baleares o Canarias (que bajo el amparo de la
Constitución y según sus Estatutos se consideran nacionalidades o
nacionalidades históricas). Para el PSC, el federalismo es "la mejor
expresión de la unión y la unidad en la diversidad" de esta España
"plurinacional". Es tiempo de abrir un Proceso Constituyente, que
recoja estos anhelos, desde una perspectiva dinámica y viva, no sacramental,
como corresponde a un Estado social y democrático de Derecho, en una República
federal
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
Víctor Arrogante, profesor y analista político, colabora en Eco Republicano desde 2013
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