La magistrada titular que ha juzgado este caso decide el archivo provisional porque considera que los mensajes expuestos en los carteles no presentan la intensidad necesaria para generar un riesgo contra los menores no acompañados.
El juzgado de Instrucción número 53 de Madrid señala que los mensajes sobre los menores no acompañados se acogen al ejercicio de la libertad de expresión. En este caso en concreto, por parte de una formación política que concurre a unos comicios con la difusión de un programa electoral por lo que decide su archivo provisional.
Sobre las denuncias presentadas por la Fiscalía de Madrid, los partidos de la izquierda que concurren a las elecciones así como por numerosas organizaciones sociales que señalaban la falsedad y manipulación de esos 4.300 euros de coste anual por joven acogido, la jueza considera que no corresponde determinarla a la jurisdicción penal y por tanto no puede ser tenida en cuenta en este caso.
Recordemos que el partido de Santiago Abascal ha basado parte de su campaña en identificar a estos menores extranjeros no acompañados como personas peligrosas y delincuentes. Además, la cifra de los 4.700 euros a la que se refiere la formación de extrema derecha no se corresponde con la realidad pero en este caso la magistrada considera que «no hay indicios de la comisión de un delito de odio, delito electoral o de infracción».
Equipo de redacción de Eco Republicano.
