Por Eco Republicano.
El pasado 16 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus.
Este sábado más de 40 organizaciones de la sociedad civil madrileña se han unido para tratar de paralizar la aprobación de la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, una norma «de enorme transcendencia» que supone «un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios y derechos públicos», según las asociaciones convocantes.
La portavoz de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, Carolina Alonso, presente en la manifestación, ha denunciado que con esta Ley también se busca que el PP pueda controlar la Cámara de Cuentas, órgano que fiscaliza la contratación.
🔴Miles de personas salimos a protestar contra la Ley Ómnibus que quiere impulsar Ayuso, facilitará la especulación atacando los servicios públicos y el medio ambiente, pero que también busca que el PP pueda controlar la Cámara de Cuentas, órgano que fiscaliza la contratación. pic.twitter.com/2wrrIgW0Jd
— Carolina Alonso (@Carolalon1) February 27, 2022
La Ley Ómnibus afecta a temas tan esenciales como hacienda, ordenación del territorio y urbanismo, regulación de la flora y fauna, vías pecuarias, parques regionales, ordenación del transporte urbano, Ley del Juego, carreteras, policías locales, Renta Mínima de Inserción (RMI), menores, uniones de hecho, transparencia y participación, sanidad pública, igualdad, lucha contra los incendios, emergencias o deporte. En urbanismo reduce las cesiones de suelo público (para equipamientos o zonas verdes), externaliza la gestión de licencias y permite la ejecución de los llamados Proyectos de Alcance Regional en cualquier clase de suelo, independientemente de su protección. Además, promueve el modelo de vivienda protegida privada frente al modelo de vivienda pública y social y elimina la red de viviendas públicas o de integración como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos.