Este viernes ha entrado en vigor la nueva Ley de Memoria democrática en España. La normativa ha sido publicada en el BOE tras una prolongada tramitación parlamentaria que finalmente concluyó el pasado 5 de octubre con su aprobación definitiva en el Senado.
La nueva Ley -que sustituye a la Ley de Memoria de 2007 bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero- nace bajo los principios de «verdad, justicia y reparación» y tiene como principal objetivo dignificar a las víctimas olvidadas para así «evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia» reciente.
Estos son algunos de sus puntos claves desarrollados a partir de la anterior normativa en materia de Memoria Histórica:
-La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, por lo que se anulan todas sus condenas.
-La búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Con este objetivo, se elaborará un mapa de localización de personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
-La ley considera víctima a aquella persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. De esta manera tendrán derecho al «reconocimiento y reparación integral» por parte del Estado, así como al «resarcimiento» de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura.
-Se declara el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura, y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.
-La norma contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el actual Valle de los Caídos (Madrid), que pasa a denominarse Valle de Cuelgamuros y dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado. Aquí solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra y se reubicarán aquellos restos que ocupen un lugar preeminente en el recinto.
-Se crea un Fiscal de Sala para investigar violaciones del derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura que impulsará, además, los procesos de búsqueda de víctimas.
-Se retirarán todos los símbolos «contrarios a la memoria democrática», como escudos, insignias, placas y otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública que ensalcen la sublevación militar y la Dictadura.
-La nueva Ley incorporará sanciones de hasta 150.000 euros por el incumplimiento de la norma o por actos como destruir fosas comunes, el menoscabo a los lugares de memoria democrática o por la exaltación del franquismo, algo que la Ley de Memoria Histórica no contemplaba.
-Se crea un Centro de la Memoria Democrática cuya finalidad será la salvaguarda de la dignidad de las víctimas.
-Se garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Los archivos y documentación del Gobierno de la Dictadura que estén en poder de entidades privadas o personas físicas, en particular los referidos al jefe de Estado, se incorporarán al centro documental de la memoria histórica de Salamanca o al archivo del organismo público que se determine de forma motivada.
-La norma suprime 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos los de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.
-Se actualizarán los contenidos curriculares del sistema educativo para la ESO, FP y Bachillerato para reflejar «la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura».
-Se crea una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación».
-Bajo la nueva Ley la Administración General del Estado promoverá el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación que incluirán el relato de las víctimas y, específicamente, la memoria de las mujeres.
