Eduardo Montagut
Aunque todas las Repúblicas han establecido distinciones y condecoraciones para los ciudadanos y ciudadanas que hubieran resaltado en distintos campos de la actividad humana, ya fuera política, ya cultural, artística, científica o social, hemos encontrado una justificación contraria a establecer este tipo menciones en la Primera República española en el año 1873 a cuenta de la supresión de la Orden Civil de María Victoria, que creemos muy sugerente recordar, al teorizar sobre cómo se debía recompensar el esfuerzo o genio de los más destacados. Estamos hablando de un compromiso contrario a la vanidad y en favor de la igualdad.
Amadeo de Saboya instituyó para fomentar las “ciencias y las letras, las artes y la industria”, a quienes más se distinguiesen en estos fines de la actividad humana, la Orden Civil de María Victoria, en honor de la reina, su esposa.
Pues bien, el siete de mayo de 1873, siendo presidente del Gobierno de la República, Estanislao Figueras, y ministro de Fomento, Eduardo Chao, se suprimió dicha Orden a través de un decreto.
La disposición valoraba mucho el esfuerzo que había realizado dicho monarca, al considerar como elevados sus propósitos. Pero también se explicaba en el largo preámbulo justificativo de la supresión, que Amadeo I había continuado la tradición de los monarcas que, atentos a la protección de los ingenios, pero inclinados a considerar la artes y las ciencias como objeto de lujo y ostentación más que como elementos fundamentales para el desarrollo o progreso, habían juzgado que los títulos nobiliarios, las condecoraciones y otros parecidos “incentivos de la vanidad” eran un premio adecuado para los “esfuerzos del genio”. Pero la República española consideraba que los pueblos libres debían recompensar el esfuerzo y el genio en todos los ámbitos de forma distinta. Eso no quería decir que las corporaciones no pudieran otorgar con perfecto derecho esos premios, pero no los poderes públicos, a quienes no competía establecer distinciones entre los ciudadanos con mengua del principio de la igualdad “que la razón proclama y la ley consigna”.
La República no consideraba válida la medalla, ni tampoco el premio, ni la concesión de privilegios de invención o la adquisición de las obras premiadas, sin olvidar que en muchas ocasiones las condecoraciones en el pecho podían deberse al favor con el consiguiente desprestigio por el abuso en sus concesiones. Ninguno de estos premios igualaba en valor y estima al aplauso que la opinión pública concedía al genio y a la pura satisfacción que la conciencia del personaje destacado experimentaba al contemplar realizada la idea que había proyectado. Pero, además, la República consideraba que las condecoraciones eran por su naturaleza opuestas a los principios democráticos.
Hemos consultado el decreto correspondiente en el número del 8 de mayo de 1873 de La República.
Eduardo Montagut Contreras es Doctor en Historia Moderna y Contemporánea, colabora con Eco Republicano desde 2014.
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