Víctor Arrogante
Amnistía, referéndum, derecho a decidir, términos que en la actualidad escuchamos en los debates políticos relacionados con las negociaciones por la investidura del presidente del Gobierno y los partidos independentistas. La cuestión es si el derecho a decidir en Catalunya se traduce en un referéndum de autodeterminación que legitime la independencia. Yo retomo la idea y la traslado a otro ámbito, sobre el modelo de Estado, sobre si República o Monarquía.
Defiendo el derecho a decidir de los pueblos y en el proceso catalán también. Yo quiero ejercer mi derecho a decidir sobre el modelo de Estado. Quiero un referéndum para decidir sobre República o Monarquía. Para ello habrá que abrir un proceso constituyente, tras la celebración de unas elecciones generales. Soy republicano, aunque humilde e ignorante, y pertenezco a esa clase de locos que anuncian utopías que al día siguiente son realidades (palabras de Vicente Blasco Ibáñez en su novela ¡Viva la República!, refiriéndose a la Primera).
Junts y ERC han pactado en el Parlament condicionar la investidura de Pedro Sánchez a los avances hacia un referéndum de autodeterminación en Catalunya, aunque no se diga exactamente así. En una propuesta de resolución conjunta, las dos formaciones independentistas se han comprometido a no apoyar la formación de un futuro Gobierno que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum. Amnistía y autodeterminación son las dos exigencias de máximos que el independentismo ha situado como punto de partida a las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Ambas medidas han soliviantado a la derecha y a la extrema derecha, mientras el PSOE apuesta por conversaciones discretas, recordando que no se moverá de los límites de la Constitución, la línea roja es la autodeterminación, incluso si con ello hay que repetir elecciones.
Con todo y con eso, el presidente del Gobierno en funciones defiende ahora que la crisis política no tuvo que derivar en acción judicial. No se trata de anular los delitos que existieron, se trata de escribir una nueva página que deje atrás el conflicto y abra una etapa de entendimiento para varias generaciones entre Catalunya y el resto de España, explican en el PSOE. Sánchez defenderá la amnistía como una herramienta política para la convivencia y no como una enmienda a la Justicia. De cualquier forma, lo que no puede ocurrir de ninguna manera es repetir las elecciones, y los independentistas tienen buena parte de responsabilidad si eso ocurre.
El Sistema vuelve a estar en crisis. El próximo día 6 de Diciembre, se cumplen cuarenta y cinco años, desde que se aprobó la actual Constitución. Se abrió un proceso constituyente, después de celebrarse el 15 de Junio de 1977 las primeras elecciones a Cortes Generales después de Franco. Ha transcurrido demasiado tiempo y la sociedad ha cambiado, por lo que es preciso abrirse a las nuevas expectativas de futuro. Nos encontramos en una situación en la que este Régimen del 78 no ofrece la estabilidad política ni social que necesitamos.
Cada vez más sectores de la población comparten la necesidad de luchar por un referéndum para decidir democráticamente, si queremos o no una monarquía nacida del franquismo y vinculada con intereses empresariales y financieros nacionales e internacionales. Mantenemos a una familia real blindada bajo la condición de inviolable, con vínculos de amistad con monarquías reaccionarias enemigas de la libertad de expresión y de los derechos humanos como la de Arabia Saudí.
La dictadura agonizaba desde hacía un tiempo y el nuevo modelo no llegó hasta la aprobación de la Constitución en 1978. Ahora conocemos como se nos engañó. Hay que volver a recordar como Adolfo Suárez, no sometió a referéndum la monarquía, porque las encuestas le dijeron que perdería. Franco había dejado todo atado y bien atado. El régimen del 78 legitimó al régimen franquista modernizándolo en la figura de Juan Carlos. Desde entonces la monarquía ha jugado un papel fundamental como institución conservadora, destinada a mantener el statu quo social y político, defensora de la legalidad, en defensa de los intereses empresariales y las élites sociales.
Tras la muerte del dictador en 1975, se abrió en España una nueva era, cuyo proceso constitucional se inicia con la llamada Transición a la Democracia. El consenso permitió resolver los temas más conflictivos de aquel momento: la forma de Estado y de gobierno, el modo de elección, la cuestión religiosa, el modelo económico, pero no se desarrollo la descentralización territorial. Hoy es bien distinta la situación, pero los temas conflictivos vuelven a cobrar vigencia. Hay propuestas para establecer un modelo Federal del Estado, que sustituya al actual de las Autonomías, otra más: cambiar el modelo político de monarquía parlamentaria por una República.
Bien se que reformar la Constitución en cualquiera de sus aspectos, no va a resolver ni la crisis económica y financiera, ni va a quitar la angustia a la ciudadanía que la sufre. Hoy no existe la voluntad de acuerdo y de consenso que existió en 1978, pero si hay un clamor sobre la necesidad de una nueva Constitución, al cual me apunto, que impulse democráticamente las decisiones políticas e incorpore las nuevas voluntades sociales. Ante esta situación no podemos seguir manteniendo una monarquía y un régimen impuesto, debemos cuestionar todo y luchar por la apertura de un Proceso, en el que se exprese la voluntad soberana de la ciudadanía.
La razón del Proceso Constituyente es provocar una ruptura con el Sistema político y económico actual, que está estrangulado los derechos, para generar otras reglas de juego basadas en la democracia participativa. El proceso tiene que recuperar la soberanía popular, reconociendo la superación de la Constitución de 1978, desmitificando la Transición, muy lejos de ser modélica como la derecha reaccionaria presenta.
El nuevo Proceso, debe ser abierto a la participación de multitud de actores, en el ámbito colectivo e individual, horizontal y transversal, unido a la toma de conciencia popular y al empoderamiento de las personas. Ha de ser a la vez crítico y constructivo con la democracia representativa, que ha primado el bipartidismo, asumiendo el poder de espaldas a la ciudadanía. El proceso debe situar a la persona como el motor de cambio de la nueva Constitución.
La monarquía, que es un símbolo de poder, se contradice y está muy alejada de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección ciudadana. La monarquía, heredera del régimen de Franco, cumplió su papel durante la Transición; la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, no tiene competencias políticas, y su representación carece de efectividad. Ha llegado la hora de establecer un Estado Republicano.
Uno de los problemas históricos españoles sin resolver, fuente de permanentes conflictos, es el territorial. Las diferentes señas de identidad, históricas y culturales, la multiculturalidad y la diversidad, son valores inestimables que enriquecen nuestra propia identidad común y así tiene que reconocerse y permitir su propio desarrollo. Estos hechos tienen que quedar plasmados en la Constitución, en el marco de un estado federal, que junto con el derecho a decidir libremente, queden clarificadas las competencias; que se fije un modelo fiscal y se establezcan mecanismos de cooperación.
Es necesario establecer una nueva Constitución, tras el Proceso Constituyente, para garantizar y favorecer la mayor participación ciudadana en el gobierno estatal, autonómico y municipal, mediante todo tipo de medidas posibles, como iniciativas legislativas populares, referéndum o votación on-line, en un marco de responsabilidad y de transparencia en el sector público, institucional y político, que reconozca, como bien de dominio público, toda la información generada o en poder de entidades de titularidad, funciones o capital público.
El Proceso Constituyente debe avanzar en la creación de un estado federal, laico y republicano, basado en la transparencia y una mayor participación social. Deben establecerse mecanismos de control y blindaje del sistema público de pensiones. De la misma manera hay que blindar el sistema público de salud, las prestaciones sociales para dependientes y la educación pública y plantar cara, con todo, democráticamente a los poderes económicos no democráticos.
Negando el derecho a decidir sobre el modelo de Estado, se niega el derecho a decidir sobre el modelo político, social y económico, algo que inevitablemente la historia resolverá. Hemos de avanzar en el ejercicio del derecho a decidir en una democracia participativa y en el establecimiento de la República federal.
Víctor Arrogante, profesor y analista político, colabora en Eco Republicano desde 2013
