Cuando la indecencia política se hizo carne, habitó en Mariano Rajoy

Rajoy
Víctor Arrogante | Eco Republicano

Cuando la indecencia política se hizo carne, habitó en Mariano Rajoy, los correligionarios del PP que le apoyan y los votantes cómplices que le permiten gobernar. El país entero esperando sus declaraciones, tras la entrevista con el rey, que le propuso para la investidura, y sus palabras clarificadoras de su talante y personalidad fueron: «Lo que he hablado con el rey es exactamente lo que le he dicho salvo lo que no le he dicho». Si no fuera por el respeto debido a la institución es para mandarle a hacer puñetas. Sin respeto y con ánimo comprometido, no quiero que Rajoy ni nadie del PP vuelva a presidir el Gobierno; sería lo peor que podría pasarnos. ¡Nunca màis!

Se han cumplido demasiados años desde que Rajoy ocupó la Moncloa y ya tenemos bastante. No solo han incumplido sus promesas electorales, sino que con sus políticas ha perjudicado la salud y el bienestar general. Más impuestos, reforma laboral, pago, copago y repago sanitario, congelación de pensiones, recortes en gastos sociales, eliminación de servicios públicos, rebaja de salarios a funcionarios, corrupción, más paro, peor calidad en el empleo y menos derechos.

Ahora su indecencia lleva al límite la interpretación de la Constitución, para evitar el examen de una investidura sin garantías. El artículo 99.2 de la Constitución («El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara»), no prevé que un candidato pueda interpretar a su beneficio y no se presente a la investidura, tras haber sido designado por el rey y tras haber iniciado las negociaciones. Por su parte el artículo 170 del reglamento del Congreso, señala que «En cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 99 de la Constitución, y una vez recibida en el Congreso la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, el Presidente de la Cámara convocará el Pleno». Violentan todo en su provecho, mientras piden al Constitucional que abra la vía penal contra Fordadell, presidenta del Parlament soberano de Catalunya, utilizando la coartada de la «sacrosanta» Constitución, que realmente desprecian. El Gobierno «Antepone la coherencia política a la jurídica», nos sale diciendo Sáenz de Santamaría, o la desvergüenza a la justicia y el Estado de Derecho digo yo.

Se mire por donde se mire, el balance de este tiempo es absolutamente desastroso. «Gobernar es repartir dolor», llegó a decir el ex ministro Gallardón, para defender su política. El «tasazo» judicial, que llegó para atacar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y continuó con Catalá, lo ha echado abajo el Tribunal Constitucional por unanimidad por inconstitucional. El gobierno ha repartido dolor entre la ciudadanía más necesitada, defendiendo los intereses de las grandes fortunas y a la banca, despreciando a quienes solo poseen el trabajo para sobrevivir, si lo tienen.

Nada se puede esperar de Rajoy ni del PP. Si se les permitiera seguir en el Gobierno mantendría su política reaccionaria, regresiva, antisocial y corrupta; es su condición. Al partido en el Gobierno se le procesa con la acusación de delito de daños informáticos y de «encubrimiento» por la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores que habían pertenecido a Luis Bárcenas. El constructor Alfonso García Pozuelo, admite ante el juez que financió ilegalmente al PP, con el pago de 30.000 euros durante la campaña electoral de 2003 y pagos por 1,3 millones de euros a cargos populares a cambio de adjudicaciones en Boadilla del Monte.

Álvarez Cascos, Arenas, Acebes, Rato y Mayor Oreja, la plana mayor del PP de Aznar, declararán como testigos en el primer gran juicio de Gürtel, a petición de Bárcenas, que recopilaba los indicios acumulados contra ellos sobre la trama y la financiación irregular del PP. La Fiscalía pide al Supremo que abra causa a Rita Barberá por blanqueo, junto con 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica. Quien pretende seguir gobernando en España, en su conjunto han actuado como una organización criminal, según la tesis de los investigadores del caso Taula, con conocimiento de Camps y de la sede nacional de Génova.

Frente a la ministra de empleo, que se encomendaba a la virgen de su pueblo para que favoreciera la creación de empleo –se supone que ella no podía–, empleo precario, bajos salarios y amenaza a la hucha de las pensiones. Los contratos temporales han vuelto a tirar del empleo hasta lograr que la tasa de paro se reduzca (20% y 4.574.700 desempleados). Todo a costa de la hucha de las pensiones de la que el Gobierno ha dispuesto de otros 1.000 millones del Fondo de Reserva para pagar el IRPF de los pensionistas que cotizan, lo que unido a los 8.700 que retiró a principios de mes, alcanza los 9.700 millones, la mayor retirada de la historia en un solo mes.

Rajoy ha fracasado estrepitosamente en su política de recuperación económica y de creación de empleo, suponiendo que es eso es lo que pretendía. Ha eliminado derechos sociales y laborales. Los hogares con todos sus miembros en paro alcanza el número de 1.493.800, según la EPA del segundo trimestre de año. El número de jóvenes en paro menores de 25 años subió en 22.700 personas en el segundo trimestre, con una tasa de desempleo que se sitúa en el 46,4. El 51,6% de los desempleados españoles lleva más de un año en el paro, lo que hace que España se sitúe el octavo país en el ranking de países de la OCDE con más paro de larga duración. Malos resultados, peores previsiones pese a lo que pronostican y ninguna señal de recuperación para la económica ciudadana.

Millones de familias en paro y a las puertas de la pobreza, decenas de miles de jóvenes obligados a emigrar, problemas territoriales sin resolver, intolerables casos de corrupción, ausencia de mecanismos de transparencia, de sistemas de control y participación ciudadana, políticas de ajuste severo, Desajuste de las cuentas públicas con un crecimiento galopante de la deuda pública, exigencias de nuevas medidas de recortes de la UE, inquietante estado del sistema de pensiones y de la tesorería de la Seguridad Social, empobrecimiento de las clases medias y de la población más humilde, injusto reparto de sacrificios frente a la crisis. Y ante esto, los políticos de los partidos mayoritarios haciendo manifiesta dejación de su función esencial, ajenos a la realidad.

Un Rajoy, Presidente en funciones, incapaz de dar un paso atrás, que le tiemblan las piernas en plena rueda de prensa al tocar el tema de la investidura. Un Rajoy ejemplo del miedo visceral a la exposición pública y a la asunción de responsabilidad, que enmascara su propósito de perpetuarse. En una apuesta interesada que contraviene la Constitución, se niega a presentarse a la investidura si no consigue de antemano apoyos para gobernar, a sabiendas de que una repetición electoral aumentaría la abstención entre la hastiada e indignada ciudadanía que soporta el bloqueo político. Un Rajoy, presidente del PP, deslegitimado para el ejercicio del gobierno por la multiplicidad de causas penales abiertas contra sus miembros y la propia organización, por supuestas prácticas corruptas.

Rajoy se atreve a decir que el PP es el partido preferido por la sociedad y miente. Sólo las tres primeras fuerzas con diferente signo político: PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, suman 13,6 millones de votos y 188 escaños, sin contar con los votos y escaños de las otras fuerzas nacionalistas y minoritarias, de un censo electoral con más de 36,5 millones de electores. Frente a esta mayoría, los 7,9 millones de votos (la derecha unida de toda la vida) y los 137 escaños que ostenta. Estos datos demuestran que en la sociedad española son mayoría quienes exigen cambio y regeneración democrática, y que la suma de escaños que la representa es más amplia.

Al colectivo Foro26j por una alternativa de Progreso, le indigna la debilidad y falta de calidad democrática de nuestras instituciones políticas, y el papel de los gobiernos incapaces de garantizar la justicia social, la igualdad y la aplicación de un reparto equilibrado de sacrificios a la hora de afrontar la crisis con legitimidad. El fortalecimiento del sistema democrático requiere medidas consensuadas en el Parlamento para regenerar la actividad política, que pasa por prevenir, perseguir y castigar la corrupción, el fraude y la evasión fiscal, hacer transparente la financiación de los partidos, reformar el sistema electoral, apuntalar y reforzar la sanidad pública, un sistema educativo nuevo, investigar y depurar la mala gestión de las entidades financieras, afrontar la crisis con actitudes de diálogo hacia los movimientos y agentes sociales, y profundizar en una democracia más participativa, transparente y de calidad.

No hay en el Parlamento quien eleve la voz de quienes hacemos una reflexión crítica, libre de ataduras. La crisis de la política exige un nuevo marco de relaciones y de compromisos entre los partidos y la ciudadanía, una nueva Cultura Política que nos conduzca a reformas normativas de calado en favor del fortalecimiento de la democracia tanto en la sociedad como en el interior de los partidos. Los partidos mayoritarios no encabezan la necesidad colectiva de vincular el ejercicio de la política a la honestidad, la ética, la transparencia, la eficiencia, la ilusión, y la reivindicación contundente de la sujeción a la legalidad. Se echa de menos una mayor exigencia pública ante una supuesta élite que ha demostrado con creces su mediocridad.

Poco hemos podido disfrutar del incipiente Estado de Bienestar, que los países europeos de nuestro entorno, modelaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial, mientras por aquí gobernaba el fascismo nacional católico, caciquil y reaccionario, de los que Rajoy y el PP son herederos directos. Aquel pacto social, que llegó tardíamente a España, se ha roto. El Gobierno que ha ejercido el poder de manera fundamentalista, despótica y agresiva, a la vez que autoritaria y represora, quiere seguir gobernando y los partidos de la izquierda parlamentaria, por responsabilidad democrática deben evitarlo.

Hay que evitar nuevas elecciones, pero no vale un acuerdo a cualquier precio. Seguimos apostando por un Gobierno de Progreso, que venga a dar solución a los males que nos aquejan, con dignidad y decencia, valores de los que carece el presidente en funciones y su partido. Rajoy será un presidente legal, pero pierde legitimidad cada día que pasa.

Víctor Arrogante

En Twitter @caval100
Cuando la indecencia política se hizo carne, habitó en Mariano Rajoy
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  • Date : 1.8.16
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