En 1971, México y Yugoslavia eran los dos únicos países que seguían siendo fieles a la República Española en el exilio, y ambos reconocían a su gobierno como el único legítimo de España. El presidente de México, Luis Echevarria, a su paso por París en la primavera de 1973, corroboró ante la delegación republicana, presidida por Maldonado y Valera, la decisión inquebrantable del pueblo y el gobierno mexicano de mantener su reconocimiento al gobierno republicano español.
Con la muerte de Franco y el proceso de reforma política llevada a cabo por el presidente Suárez, la situación de la República en el exilio se vio afectada por una serie de presiones derivadas del cambio político español. A primeros de marzo de 1977, el embajador de la República Socialista Federativa de Yugoslavia comunicaba al Gobierno de la República Española la decisión de su Gobierno de dar término a las relaciones diplomáticas que venía manteniendo con el de la República Española, a fin de reconocer al Gobierno de Madrid, como así lo hizo a los pocos días.
Escasas semanas más tarde el presidente Maldonado, acompañado del jefe del Gobierno, Fernando Valera, se trasladaba a la ciudad de México para anunciar que el Gobierno de la República y el de México -su aliado más fiel durante treinta y ocho años transcurridos desde que perdieron la Guerra Civil con Franco- habían convenido "cancelar" sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de Madrid -el 28 de marzo-, aumentando, de paso, el prestigio del presidente mexicano José López Portillo.
De esta forma, los dos últimos países que habían seguido reconociendo la legitimidad de la República Española en el exilio, se rindieron ante la evidencia real de la nueva situación. Como contrapartida, la República Española se vio privada, por una parte, de la ayuda que con tanta fidelidad le venía proporcionando el Gobierno y pueblo yugoslavos; y por otra, de la única embajada que había funcionado, sin interrupción, desde que, con toda solemnidad, formaron su Gobierno en 1945. La República en el exilio, antaño reconocida como Gobierno legítimo de España por casi una docena de países, quedaba en marzo de 1977 sin reconocimiento ni siquiera de uno, ya que México rompería relaciones con la República Española.
Pero el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Valera, adelantándose a los acontecimientos, en su Mensaje de 4 de marzo de 1977 ya había expresado (con esa serenidad y sentido práctico que siempre le ha caracterizado) cuál era su pensamiento y el de su Gabinete. A saber: "Preservar los derechos de la legitimidad republicana y ejercer las funciones que dentro del ordenamiento constitucional le correspondían, en armonía con las de las restantes Instituciones del Estado, hasta que el único titular de la soberanía, que es el Pueblo Español, se pronunciara de nuevo, mediante un procedimiento electoral libre y sincero, y de manera inequívoca, sea confirmando la legitimidad republicana, sea instituyendo otra en que los diversos poderes públicos emanen igualmente del pueblo".
Un mes más tarde, el 30 de abril, el propio presidente de la República Española, José Maldonado, en unas declaraciones al "International Herald Tribune" volvía a insistir en los mismo, si bien se mostraba algo reticente cara a la limpieza de las anunciadas elecciones del 15 de junio.
Sin embargo, la evidencia se volvió a imponer seis días después del 15 de junio, el Gobierno de la República Española admitía públicamente la validez del voto democrático del pueblo español, y se anunciaba en consecuencia que la República dejaba de existir, una vez que el pueblo español había recuperado su soberanía y elegido a sus legítimos representantes.
El último capítulo de la Historia de la República española, doloroso para quienes tanto habían luchado por ella, se cerró, sin embargo, con dignidad y honor. Ha muerto la II República, pero no los republicanos, cuya ideología sigue siendo enarbolada y defendida por su propio partido político, ARDE [Acción Republicana Democrática Española], cuya legalización había sido rechazada por el II Gobierno de la Monarquía.
DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA EN EXILIO
Las Cortes de la República Española restablecieron su funcionamiento en el exilio con el asentimiento de los grupos políticos que las componían, cuyos miembros habían logrado salir del territorio nacional huyendo de la cruenta represión de la dictadura. Tal decisión se adoptó al amparo de preceptos constitucionales votados y ratificados por los españoles en sucesivas y ejemplares consultas electorales en 1931, 1933 y 1936.
Ese es el legítimo origen de los gobiernos de la República que se han venido sucediendo desde entonces, con el esencial designio de devolverle al pueblo el libre ejercicio de los derechos cívicos, propiciando así el establecimiento en nuestro país de un régimen auténtico de convivencia.
Consecuentes con ese propósito, las Instituciones de la República Española en el exilio realizaron, por todos los medios a su alcance y con diversa fortuna, una acción ininterrumpida que no había de cesar mientras a los españoles no se nos brindara la ocasión de hacer surgir una nueva legalidad democrática.
Hoy se proclama el resultado oficial de las elecciones generales que se han celebrado el día 15 de este mes en nuestro país. Numerosas son las taras de esa consulta electoral, que no ha de pasar a la historia como arquetipo de pureza, tanto por lo que se refiere al contenido de la ley que la ha regulado como por el modo con el que se llevó a cabo la consulta.
Por lo que toca a la ley, elaborada por los mismos neodemócratas que presidieron los comicios, baste señalar la injusticia que denota la enorme desproporción que existe entre el número de los votos obtenidos por las formaciones que son en rigor democráticas, las de izquierda, y el número de escaños, que, con arreglo a esa Ley, se les atribuyen.
Y, por lo que concierne a las modalidades de la contienda, no podemos dejar de denunciar, en primer término, la incalificable discriminación de la que fueron víctimas algunos partidos, al verse impedidos de participar en ella. Figura entre estos precisamente el que es republicano de manera específica, partido de indiscutible ejecutoria democrática y heredero espiritual y continuador de la obra de aquellos hombres insignes -venerables y venerados- que rigieron los destinos de España durante las dos primeras Repúblicas. Habrá que añadir a este respecto las múltiples coacciones de que han sido víctimas por parte del poder y de sus organismos subalternos las fuerzas de la democracia.
Todas esas argucias, sin embargo, no han podido impedir el triunfo de las organizaciones progresistas, tanto en el área nacional como en las de las nacionalidades vasca y catalana dentro de sus respectivos territorios, triunfo de las fuerzas más afines, que nosotros celebramos como propio.
Finalmente, la numerosa participación electoral, claro exponente del elevado civismo de nuestros compatriotas –que es además un categórico mentis para quienes les tuvieron sojuzgados alegando la inexistencia de ese sentimiento- y unido a aquella el general consenso con el que se acepta en el país el resultado de la confrontación, nos mueven, a pesar de sus anomalías, a aceptar ese resultado.
Las Instituciones de la República en el exilio ponen así término a la misión histórica que se habían impuesto. Y quienes las han mantenido hasta hoy, se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber.
Ahora parece claro que va a iniciarse una nueva etapa histórica. En ella no hemos de estar ausentes individualmente, dispuestos a seguir defendiendo nuestros ideales, persuadidos además de que el pleno desarrollo político y económico de nuestro país y con ellos la paz y la convivencia entre los españoles solo serán realizables con la República.
José Maldonado - Fernando Valera París, 21 de junio de 1977
Fuente: Tiempo de Historia
