Indecente es el que no es decente. Es el deshonesto, injusto e indigno.
El indeseable y despreciable, maleante y golfo. Indecentes e indeseables son los
corruptos que aprovechan su poder e influencia, para saquear las arcas públicas
en su provecho. También quienes mantienen privilegios, rompiendo el principio
de igualdad de oportunidades, sin merecerlo y los que gobiernan contra los
intereses de la mayoría social para su propio beneficio o el de sus amigos.
Es indecente el que aprovechándose de circunstancias
personales, familiares o de poder, por activa o pasiva, actúa haciendo,
callando, diciendo, robando, estafando, apoderándose de lo ajeno, prevaricando,
cometiendo delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales
o efectos públicos, evasión fiscal, blanqueo de capitales, siempre para su
propio beneficio, en contra del interés general. El que legisla para sus
amigos, votando leyes injustas socialmente y contra la igualdad de oportunidades.
Los que a sabiendas de su injusticia, han dictado resoluciones arbitrarias en
asunto administrativo, políticos o institucionales. Los que hablan y ofenden y
los que callan ofenden y no respetan. Los que ejercen abuso de su autoridad
para su propio beneficio o el de sus familiares, allegados o amistades. Los que
dictan desahucio provocando suicidios. La policía que apalea a la ciudadanía, que
en lugar de perseguir estos delitos, protegen a quienes los cometen. Los
indecentes son indeseables.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cifró, el
pasado año, en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales
españoles por delitos relacionados con la corrupción, que afectan a tipos
penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de
influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo
de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y
delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente. Se han
acumulado grandes fortunas con el negocio inmobiliario y sus prácticas
corruptas asimiladas. La financiación ilegal de los partidos políticos es otro
delito y el caso Bárcenas/PP/Rajoy es un ejemplo. Un estudio de la Universidad
de las Palmas, cifró en 40.000 millones el coste social de la corrupción en la España
indecente.
Sin ánimo de ser exhaustivo, aquí aparecen algunos nombres
de los que creo que, con diferentes grados, por una u otra razón, cumplen con los
requisitos:
Por sus privilegios, que provienen de herencia de sangre y
no por merecimiento propio: el rey padre, el rey hijo, la reina consorte; la
hermana del rey hijo e hija del rey padre, Cristina Federica de Borbón Grecia y
su esposo Iñaki Urdangarín; su socio; el secretario de las infantas García
Revenga y su abogado Roca Junyent, especialmente el fiscal anticorrupción Pero Horrach,
que actúa como defensor; y todos aquellos señalados por el juez Castro, en el
caso Nóos y piezas separadas.
Mariano Rajoy Brey y su gobierno: Soraya Sáenz de Santamaría,
García Margallo, Ruiz Gallardón, Pedro Morenés, Cristóbal Montoro, Fernández
Días, Ana Pastor, Wert, Fátima Báñez, Soria, García Tejerina, Guindos y la
Mato. Y Cañete que ya no lo es, junto con todos los secretarios de estado y
directores generales que ejecutan su política; por gobernar contra los
intereses de la mayoría social, desmantelando los servicios públicos,
privatizándolos, entregándoselos a sus amigos.
Los dirigentes políticos: Cospedal, Floriano, González Pons,
Pujalte Hernando y el alcalde de Valladolid. El matrimonio Aznar y Miguel Ángel
Rodríguez. Los que habiendo sido gobernantes y ya no lo son, por continuar en
el poder, como consejeros de instituciones públicas o grandes empresas. Alcaldes
y concejales de municipios españoles (hay 8.119), diputados provinciales,
diputados y consejeros autonómicos, salvando los que no lo son.
Todos y cada uno de los diputados y senadores del partido en
el gobierno y de la oposición, que votaron a favor de la reforma del artículo
135 de la Constitución, también Zapatero que lo propuso. Los que han votado a
favor de la monarquía, del aforamiento del rey y contra la República. Los que con
sus decisiones, votos y abstenciones, han favorecido las políticas antisociales
del gobierno, que han eliminado derechos y servicios públicos esenciales, medidas
insolidarias y represivas.
Aquellos miembros del Poder Judicial, que no son independientes y están sometidos al poder
político: Gonzalo Moliner su representante, de nuevo el fiscal Horrach, su jefe
Torres-Dulce y todos los magistrados, jueces y fiscales que, con sus decisiones,
persiguen a magistrados, jueces y fiscales, que imparten Justicia honestamente.
Francisco Pérez de los Cobos y de forma especial, Enrique López. Los miembros
del Tribunal (familiar) de Cuentas, por su vocación en acaparar puestos.
Los eurodiputados que mantienen privilegios privados con
dinero público: Willy Meyer que ha dimitido por las SICAV; Cañete que no ha
dimitido, Elena Valenciano que renuncia y Rosa Díez que ve «ficticio» el
revuelo por los fondos de pensiones, mientras que en el programa de UPyD los
denuncia; además de otros 34 que decidieron suscribir el plan: Cristóbal
Montoro (por esto también), Mayor Oreja, Luis de Grandes, María Pilar Ayuso, Vera
Castillo, Fernando Fernández Martín, Carmen Fraga, Salvador Garriga, Cristina
Gutiérrez-Cortines, María Herranz, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Naranjo, Antonio
Navarro, Leopoldo Ortiz, Guadalupe Ruiz-Giménez, Fernando Suárez, Domenec
Romera, Julio Añoveros y Trias de Bes. Enrique Barón, Fernando Morán, Inés
Ayala, María Badía, Joan Calabuig, Carlos Carnero, Alejandro Cercas, Bárbara
Duhrkop, Miguel Ángel Martínez, Antonio Masip-Hidalgo, Manuel Medina, Emilio
Menéndez, Rosa Miguélez, Javier Moreno, Mateo Sierra y José Vázquez Fouz.
Miembros de los gobiernos de las Comunidades Autónomas
implicados en algún que otro caso ante la justicia: Ignacio González y su
antecesora Esperanza Aguirre, Correa, Álvaro Pérez «El Bigotes», Pablo Crespo, Bárcenas,
Merino y los Galeote, López Viejo, Lamela, Güemes, Sepúlveda (marido de la
jaguaresa Mato), Ginés López, Michavilla y todos los implicados en la «Gürtel».
Los Puyol, Fabra, Alberto Núñez Feijó, Luis Valcárcel, Yolanda Barcina Angulo. La
alcaldesa Rita Barberá, Sonia Castedo, Camps, Ricardo Costa y Juan Cotino. Jaume
Matas, María Antonia Munar y los implicados en casos de corrupción en Baleares.
Oriol Pujol, Josep Poblet, Josep Maria Huguet, Manuel Bustos, Xavier Crespo, el
exvicepresidente y expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra y el
expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet; y el alcalde acosador de
Boadilla del Monte Adolfo Arias Javaloyes. Y todos los que aparecen en la
página Corruptódromo (http://wiki.nolesvotes.org), Rouco Varela entre otros.
Los empresarios que se han aprovechado de sus influencias
para hacer dinero fácil y amasado grandes fortunas, como Arturo Fernández, Gerardo
Díaz Ferrán, del Nido, Julián Muñoz y Roca. Los banqueros y directivos de las
cajas de ahorro que se han llevado todo y lo siguen haciéndolo: Emilio Botín, Francisco
González, Ángel Ron, Josep Oliu, Luis M. Linde y demás casta, que representan
la usura oficial. Los 144 imputados en los EREs falsos de Andalucía, Francisco
Javier Guerrero, el exsindicalista Juan Lanzas y Magdalena Álvarez. Todos
aquellos implicados en los casos más recientes: Mercasevilla, Campeón, Liceo, Millet,
Emarsa, Pokemon, Operación Pitiusa, Brugal, ITV, Caso de la cooperación en
la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalidad
Valenciana, Nueva Rumasa, Brugal, Alcorcón y Amy Martin.
No quiero dejar de mencionar a Paco Marhuenda, además de los
destacados, por su virulencia contra todo lo que no sea defensa de la derecha:
Jiménez Losantos, Alfonso Ussía, César Vidal, Pío Moa, Carlos Dávila. Hermann
Tertsch, Sánchez Dragó, Isabel San Sebastián y Juan Manuel de Prada. Julio
Somoano, Nacho Villa y Sánchez Domínguez al servicio del gobierno.
El poder corrompe; sobre todo, si los que asumen el poder,
lo quieren para poder corromper. Entre unos y otros, por acción u omisión, han
corrompido la democracia y permitido que la corrupción y el nepotismo se instalen
en el Sistema. Los instrumentos jurídicos para luchar contra los delitos que se
han señalado existen, pero no se utilizan. La corrupción no va a desaparecer,
mientras no exista voluntad política que la evite.
Si alguien que lo sea no aparece en el listado, que no se sienta
discriminado; que lo diga y le incluyo inmediatamente. Si conocéis a más, que
conoceréis, hacédmelo saber. Si sobran también, por decencia.
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
