La prensa madrileña en la sublevación de 1936

Nada más producirse la sublevación de parte del Ejercito contra la República, tanto el Gobierno como los alzados iniciaron intensas maniobras para hacerse con el control del mayor número posible de emisoras de radio y empresas editoras de prensa. Ambas partes querían hacerse con el imperio sobre la palabra escrita y hablada y ambos dejaron a un lado la frialdad en la información, la neutralidad, la glosa y la prosa, especialmente en la zona sublevada donde los medios de comunicación se convirtieron en meros instrumentos de propaganda y adoctrinamiento. Nada debe extrañarnos este comportamiento en el marco de un conflicto bélico, tampoco podemos criticarlo. Lo criticable y deshonesto es, sin duda, que la información siga hoy en día siendo manipulada según los intereses del partido gobernante y de determinados colectivos. Si antes fueron los contendientes en la guerra los que por la fuerza incautaron redacciones y emisoras hoy es el poder económico y politico quien ha hecho su particular incautación, quedando la difusión de la verdad objetiva a expensas del trabajo de pequeños colectivos a través de la edición digital.

La incautación de las emisoras de radio en Madrid había comenzado la noche del 17 al 18 de julio. En un primer momento tuvo el carácter preventivo de fiscalizar los programas para posteriormente deshacerse del personal dudoso. En las Cortes de la República, desde 1931 a 1936, figuraron numerosos periodistas de la izquierda que en el 19 de julio de 1936 poseían indudable influjo sobre el Gobierno. Uno de ellos el alicantino Carlos Esplá Rizo, azañista y personaje de larga historia republicana desde los años de la Dictadura, muy activo durante la guerra desde diferentes puestos entre ellos el de secretario general del Consejo de Ministros, centrándose en labores diplomáticas como miembro de la delegación española en la Sociedad de Naciones y el de ministro de Propaganda, nombramientos ambos efectuados por Largo Caballero.

El trámite de la incautación de talleres y cabeceras de periódicos se efectuó en el contexto de una situación de "indigencia" tipográfica, padecida tanto por los periódicos de la izquierda como por los de la derecha editados en las zonas ocupadas. Los talleres tipográficos con potencia propia eran los de ABC, El Sol y La VozClaridad, El Socialista, Heraldo de Madrid y el Liberal; La Libertad, Informaciones y Ahora, y finalmente los de La Editorial Católica, editora de El Debate y de Ya, además de modestos diarios como el monárquico La Época  y el tradicionalista El Siglo Futuro. En otro taller modesto se editaban el diario de Izquierda Republicana Política y el comunista Mundo Obrero. Algunos de estos diarios eran inembargables, por su trayectoria política, lo que no impediría que dentro de ellos funcionaran comités de control propios.

El día 20, apenas sucumbió el Cuartel de la Montaña, se produjo un frenesí entre los periodistas afiliados a la UGT, en pro de incautaciones y apropiaciones de títulos, talleres y redacciones, pero finalmente se impusieron en la acción los partidos del Frente Popular. Se cambió o eliminó el nombre de la cabecera de los diarios incautados (ABC, Informaciones, El Debate, Ya y El Siglo Futuro), quedando estos como propiedad del estado, el único que conservó el nombre fue ABC pasando a convertirse en un diario situado en la línea de Unión Republicana. Los anarcosindicalistas obtuvieron los talleres del integrista El Siglo Futuro para publicar CNT y posteriormente, en marzo de 1937, Castilla Libre.  Al Partido Sindicalista se le adjudicaron las instalaciones de La Época desde donde lanzaba su diario El Sindicalista . El PSOE trasladó El Socialista a la imprenta de Informaciones, periódico al que por las izquierdas se le llamó durante años "La jaca del contrabandista" en alusión a su propietario Juan March Ordinas. En los casos restantes se llegó a soluciones mixtas. El diario Ahora fue incautado por sus trabajadores junto con sus semanarios, Estampa y As, haciéndolo posteriormente órgano de la JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) y otros, El Sol y La Voz quedaron bajo el control permanente de sus trabajadores en lo relativo a la gestión política y la administrativa.

El Frente Popular procedió a la incautación del Palacio de la Prensa, en la plaza del Callao. En él tenía su domicilio la Asociación de la Prensa, sociedad de tipo mutualista, dedicada singularmente a la prestación de asistencia medica, quirúrgica y farmacéutica a sus mutualistas, además de la explotación de un cine y pisos en alquiler. La Asociación, además de las cuotas de sus socios, se nutría con los ingresos de corridas de toros, funciones teatrales, la edición de Hoja del Lunes (único periódico que salia los lunes) y las rentas del inmueble. El edificio había sido inaugurado por Alfonso XIII, y por la presidencia y la Junta Directiva de la Asociación habían pasado liberales, republicanos, derechistas, independentistas... Proclamada ya la República se eligió a Lerroux para que ocupara la presidencia, en la que fue asistido como secretario por Cesar Jalón -republicano radical y futuro ministro de Comunicaciones-. La Asociación y el inmueble junto con la Hoja del Lunes, fueron incautados por una Junta que presidia el socialista Javier Bueno, activo director del diario Avance  de la revolución de octubre de 1934 en Asturias.

El 26 de julio vio la luz un diario titulado Milicia Popular, editado antes de que éstas se constituyeran orgánicamente y de tener fuerza militar propia. Al nombre acompañaba la leyenda: Diario del V Regimiento de Milicias Populares. Se editó hasta el 29 de enero de 1937, mientras duró la existencia del V Regimiento como tal, en apariencia disuelto, más duradero en esencia política a través de las que serian denominadas Brigadas Mixtas.

Grupos de periodistas, evadidos de Madrid hacia las zonas sublevadas o que se encontraban en ellas en el momento de la sublevación, se apresuraron a constituir una Asociación de la Prensa de Madrid -digamos en el exilio-, al margen de la línea nacional-sindicalista adoptada por el Poder constituido en la zona franquista.

Todas las incautaciones citadas y otras distintas, lo fueron por Orden gubernamental y giraban en torno a un Decreto aprobado el 21 de julio por el Consejo de Ministros y sancionado por el presidente de la República:
Artículo Primero.- El Gobierno, por decreto acordado en Consejo de Ministros, dispondrá la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento de subversión, o fueran notoriamente enemigos del Régimen, cualquiera que sea el Cuerpo a que pertenezcan, la forma de su ingreso y la función que desempeñen, ya se trate de funcionarios del estado o de empleados de organismos o empresas administradoras de monopolios o servicios públicos
Decreto que, aparte de su intención y aplicado a la prensa, dejaba clara la condición de los medios de información como servicio público. No cabe duda que la operación llevada a cabo con los diarios madrileños era una medida revolucionaria - también se llevó a cabo en la zona sublevada-, pero que mantenía en activo las funciones del Estado y a la par, medida de guerra, tomada en fechas en que algunas regiones españolas se mantenían indecisas sobre que partido tomar. De lo que no cabe ninguna duda es de que, dado el elevado número de publicaciones y sus diferentes ópticas, la pluralidad en la información que recibían  los madrileños estaba garantizada, el Gobierno de la República seguía siendo democrático sin más limitaciones de opinión que las que la guerra imponía. siempre teniendo en cuenta que toda España se encontraba inmersa en una guerra contra el fascismo.

El objeto del mantenimiento de estos diarios no pasaba por la rentabilidad económica, la falta de ingresos por publicidad, la escasez de papel - en gran parte hubo de ser importado- de tintas, matrices de linotipia y tipos de caja, representó un esfuerzo enorme, más la pluralidad revolucionaria lo exigía, nadie quería renunciar a su órgano particular de prensa.

Terminada la guerra solo se autorizaron en Madrid tres diarios matutinos: ABC, Arriba y Ya. Y tres vespertinos: El Alcázar, Informaciones y Madrid, todos ellos controlados por el Movimiento, control que en el caso de Ya además ejercía la Iglesia Católica como editora.

Benito Sacaluga

Fuente: Madrid, Julio de 1936. Maximiano García Venero. Ediciones Giner (1973)
La prensa madrileña en la sublevación de 1936
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