Covid-19 · Actualidad · Internacional · República · Opinión · América Latina · Ciencia · Cultura · Derechos Humanos · Feminismo · Entrevistas


Mayo de 1938. Los trece puntos de Negrín.

En marzo de 1938, como consecuencia de la derrota republicana en la batalla de Teruel y la caída del frente de Aragón, se produce una importante crisis en el gobierno del Frente Popular, principalmente a causa del derrotismo de Indalecio Prieto, ministro de Defensa, y del propio Azaña, ambos consideraban que la guerra estaba ya perdida. Prieto es cesado el día 6 de abril y su cartera asumida por Juan Negrín, presidente del Gobierno. El 15 de abril las tropas sublevadas ocupan Vinaroz quedando la zona republicana dividida en dos e iniciándose por el ejército franquista la ofensiva de Levante. 

Coincidiendo con el 1º de Mayo, el doctor Negrín hace pública una declaración programática, que se popularizó como “los trece puntos de Negrín”. La declaración persigue tres finalidades, en primer lugar se trataba de prestigiar la imagen y unidad de la República ante la opinión internacional, a continuación se redefinían los objetivos de guerra y por último se lanzaba a los golpistas una propuesta de discusión para una paz negociada. Una propuesta de paz que de ninguna de las maneras tenía carácter de rendición, a diferencia de la finalidad de las actuaciones golpistas que iniciaría el coronel Casado en el mes de noviembre.

El contenido de la declaración de Negrín es el siguiente:

El Gobierno de la Unión Nacional (1), que cuenta con la confianza de todos los Partidos y Organizaciones sindicales de la España leal, que ostenta la representación de cuantos ciudadanos españoles están sometidos a la legalidad constitucional, declara solemnemente, para conocimiento de sus compatriotas y noticia del mundo, que sus fines de guerra son:

1º. Asegurar la independencia absoluta y la integridad total de España. Una España totalmente libre de toda injerencia extranjera, sea cual sea su carácter y origen; con su territorio peninsular e insular y sus posesiones intactas y a salvo de cualquier tentativa de desmembración, enajenación o hipoteca, conservando las zonas del Protectorado asignadas a España por los convenios internacionales, mientras estos convenios no sean modificados con su intervención y asentimiento. Consciente de los deberes anejos a su tradición y a su Historia, España estrechará con los demás países los vínculos que imponen una común raíz del sentido de universalidad que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo.

2º. Liberación de nuestro territorio de las fuerzas militares extranjeras que lo han invadido, así como de aquellos elementos que han acudido a España desde julio de 1936, con el pretexto de una colaboración técnica, que intervienen o intentan dominar en provecho propio la vida jurídica y económica española.

3º. República popular, representada por un Estado vigoroso, que se asiente sobre principios de pura democracia, que ejerza su acción a través de un Gobierno dotado de la plena autoridad, que confiera el voto ciudadano, emitido por sufragio universal, y sea el símbolo de un Poder ejecutivo firme, dependiente en todo tiempo de las directrices y designios que marque el pueblo español.

4º. La estructuración jurídica y social de la República será obra de la voluntad nacional, libremente expresada mediante un plebiscito que tendrá lugar tan pronto termine la lucha, realizado con plenitud de garantías, sin restricciones ni limitaciones, y asegure a cuantos en él tomen parte contra toda posible represalia.

5º. Respecto de las libertades regionales, sin menoscabo de la unidad española; protección y fomento del desarrollo de la personalidad de los distintos pueblos que integran España, como la imponen un derecho y un hecho histórico que, lejos de significar una disgregación de la nación, constituyen la mejor soldadura entre los elementos que la integran.

6º. El Estado español garantizará la plenitud de los derechos al ciudadano en la vida civil y social, la libertad de conciencia y asegurará el libre ejercicio de las creencias y prácticas religiosas.

7º. El Estado garantizará la propiedad legal y legítimamente adquirida, dentro de los límites que impongan el supremo interés nacional y la protección a los elementos productores. Sin merma de la iniciativa individual, impedirá la acumulación de riqueza que pueda conducir a la explotación del ciudadano y sojuzgue a la colectividad, desvirtuando la acción centralizadora del Estado en la vida económica y social. A este fin, cuidará del desarrollo de la pequeña propiedad y garantizará el patrimonio familiar, y se estimularán todas las medidas que le lleven a un mejoramiento económico, moral y racial de las clases productoras. La propiedad y los intereses legítimo de los extranjeros que no hayan ayudado a la rebelión serán respetados, y se examinarán con miras a la indemnización que corresponda, los perjuicios involuntariamente causados en el curso de la guerra. Para el estudio de estos daños, el Gobierno de la República creó ya la Comisión de Reclamaciones extranjeras.

8º. Profunda reforma agraria, que liquide a la vieja aristocrática propiedad semifeudal, que, al carecer de sentido humano, nacional y económico, ha sido siempre el mayor obstáculo para el desarrollo de las grandes posibilidades del país. Asiento de la nueva España sobre una amplia y sólida democracia campesina, dueña de la tierra que trabaja.

9º. El Estado garantizará los derechos del trabajador a través de una legislación social avanzada, de acuerdo con las necesidades específicas de la vida y de la economía españolas.

10º. Será preocupación primordial y básica del Estado el mejoramiento cultural, físico y moral de los españoles.

11º. El Ejército español, al servicio de la nación misma, estará libre de toda hegemonía, dependencia o Partido, y el pueblo ha de ver en él el instrumento seguro para la defensa de sus libertades y de su independencia.

12º. El Estado español se reafirma en la doctrina constitucional de renuencia a la guerra como instrumento de política nacional. España, fiel a los pactos y a los tratados, apoyará la política simbolizada en la Sociedad de Naciones, que ha de presidir siempre sus normas. Ratifica y mantiene los derechos propios del Estado español y reclama como potencia mediterránea un puesto en el concierto de las naciones, dispuesta siempre a colaborar en el afianzamiento de la seguridad colectiva y de la defensa general del país. Para contribuir de una manera eficaz a esta política, España desarrollará e intensificará todas sus posibilidades de defensa.

13º. Amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar a la intensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. Después de una lucha cruenta como la que ensangrienta a nuestra tierra, en la que han resurgido las viejas virtudes del heroísmo y de la idealidad de la raza, cometerá un delito de alta traición a los destinos de nuestra patria aquel que no reprima y ahogue toda idea de venganza y represalia en aras de una acción común de sacrificios y trabajo que en el provenir de España estamos obligados a realizar todos sus hijos.

(1) Negrín utiliza el término Unión Nacional, en lugar de Frente Popular, como prueba de un autentico deseo de solucionar el conflicto.

El documento se entregó a todos los partidos y organizaciones. Únicamente la Federación Anarquista Ibérica (FAI) declaró que aceptaba el documento como un hecho forzoso. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) apoyó los 13 puntos bajo la óptica de que los mismos "dejaban campo abierto para las realizaciones de avanzada". El Partido Comunista vio en la declaración de Negrín una llamada a la solidaridad internacional y resaltaba lo que para ellos era la principal idea, la independencia nacional. Los republicanos se sintieron identificados con la totalidad de la declaración, considerando la misma como enmarcable dentro de lo que podía ser el resumen de un programa republicano. Por su parte el PSOE califica la iniciativa de Negrín como el punto final al radicalismo, "ni anarquismos, ni marxismos, ni republicanismos integrales". En el pleno del comité Central de Partido Comunista, celebrado en Madrid los días 23, 24 y 25, Dolores Ibarruri expuso los puntos principales de un informe, todos relacionados con la resistencia y en el que se declaraba una absoluta identificación con la propuesta de Negrín.

De cara a los golpistas el documento de Negrín solo obtuvo el desprecio. A partir de ese momento, los comunistas junto a Negrín se convertirían en la fuerza fundamental de la resistencia, ante la postura franquista de una rendición total y sin condiciones. Una rendición sin condiciones que ni siquiera el golpista coronel Casado consiguió unos meses más tarde. Toda la unión y llamada a la resistencia por las que Negrín clamaba la echó por tierra Casado con la colaboración de todos los partidos políticos y organizaciones salvo el Partido Comunista, consiguiendo con su traición entregar en bandeja la República a los golpistas y dar paso a una represión civil sin precedentes, especialmente contra los defensores de la República, una actitud represora que se prolongó durante todo el franquismo y violó la totalidad de los derechos humanos. Una represión que fue denominada en el exterior como "Terror Blanco" (White Terror) y que como tal fue calificada por los historiadores Antony Beevor, Stanley G. Payne, Guy Hermet, Pierre Broué y Émile Témime. Represión violenta y física, niños robados, represión administrativa, educativa, religiosa, lingüística, económica, laboral, política, cultural....llevada a cabo desde 1939 hasta 1975, y en la que tomaron parte no pocos políticos que a partir de 1977 se autodenominaron demócratas, y cuyos crímenes fueron total y absolutamente borrados para la Justicia por la Ley de Amnistía. Una amnistía vergonzosa pero que de ninguna de las maneras incluye, ni puede incluir, el perdón y el olvido de las victimas. Ni olvido, ni perdón, nunca.

Benito Sacaluga

Fuente consultada: "La Guerra Civil en Madrid" Ed.Giner -1978. ISBN: 84-7273-035-2

Publicar un comentario