Víctor Arrogante
Ha comenzado la campaña de Declaración de la Renta y
permítanme que recurra a la mía particular: la financiación de la Iglesia
Católica a través de la declaración de la renta es injusta. Tampoco las necesidades
sociales deben ser cubiertas por la voluntad del contribuyente o establecidas
por las organizaciones, sino que han de formar parte de las políticas sociales,
en función del interés general, en el marco del Estado de bienestar.
En la Declaración de la Renta de 2017 (IRPF) disminuyeron en 600.000 las declaraciones que no marcaron nila casilla de la Iglesia ni la de fines sociales. La cantidad destinada
por los contribuyentes a la Iglesia aumenta en 7 millones de euros y alcanza
los 256,21 millones, representando un incremento del 2,83% con respecto al año
anterior. Es la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de
asignación tributaria de 2007, que promedia una subida anual del 0,58%.
El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido 7.112.844 y si
tenemos en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de
contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos.
Es necesario que se elimine la asignación tributaria a la
Iglesia a través del IRPF, privilegio que se mantiene por el Concordato y los
Acuerdos de 1979. Izquierda Unida, viene pidiendo al Gobierno la derogación delos acuerdos con el Vaticano, por «vulneran el principio de
independencia entre la Iglesia y el Estado» que viene a amparar «la
financiación de la Iglesia Católica con fondos públicos y el adoctrinamiento
religioso en todos los niveles del sistema educativo».
La Iglesia disfruta de un verdadero paraíso fiscal, según
afirma Europa Laica en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica.
Mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado
aporta a la Iglesia, a través de subvenciones directas y exención de tributos,
una cifra que supera los trece mil millones de euros anuales, para mantener al clero,
diócesis, seminarios, realizar manifestaciones partidarias, lanzar campañas de
discriminación y segregación en razón de género, en contra de la libertad de la
mujer para decidir sobre su maternidad, o sobre la libre elección de la
orientación sexual, los avances científicos, la eutanasia o la muerte digna.
En 1988 se articuló una asignación tributaria, consistente
en el 0,5239% en el IRPF. Esta asignación nunca cubrió las
necesidades de la Iglesia, por lo que se tuvo que instrumentar un complemento.
A partir de la declaración de la renta de 2007, este porcentaje se incrementó
hasta el 0,7% y «desapareció» el complemento estatal. Treinta y nueve años
después de comprometerse a avanzar en su autofinanciación, los obispos siguen
recibiendo millones de euros del erario público.
En 2017 marcaron la dichosa «x» el 33,5% de loscontribuyentes. En el ejercicio pasado, se produjo una caída en el
número de contribuyentes a favor de la Iglesia: de 7.347.982 a 7.112.844. Un
descenso de 235.138, un 3,2% menos. Las comunidades autónomas donde más se marcó
esta casilla, con porcentajes superiores al 40%, fueron: Castilla-La Mancha
(45,94%), La Rioja (45,37%), Extremadura (44,70%), Murcia (43,96%) y Castilla y León (43,26%). Y en las que menos Cataluña
(19,21%), Galicia (26,19%), Baleares (29,20%) y Canarias (27,13%). En relación
al año anterior, los contribuyentes que más han aumentado esta aportación a la
Iglesia han sido los de Navarra (+1,661 millones), Madrid (+1,655 millones) y
Barcelona (+1,303 millones).
Los cuatro acuerdos suscritos entre el Gobierno de Adolfo
Suárez y el Estado Vaticano –firmados en Roma un mes después del referéndum
constitucional de 1978, antes de la aprobación de la Constitución–, permiten a
la Iglesia mantener hoy privilegios del franquismo en asuntos económicos,
educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a
las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.
El contenido de la reforma de 2007, es fruto del acuerdo al
que había llegado el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la
Conferencia Episcopal para modificar el modelo de financiación de la Iglesia.
Esas negociaciones estuvieron motivadas por una exigencia de la UE, que llevaba
tiempo cuestionando que la jerarquía católica española no estuviera sujeta al
pago del IVA en las operaciones comerciales, compras de bienes muebles e
inmuebles, entre otros, lo que suponía una vulneración de la normativa de
armonización fiscal. De hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para
denunciar esta cuestión ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se
produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia.
El «Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos» se firmó en el
Vaticano el 3 de enero de 1979. Los acuerdos venían a reformar el Concordato de
1953, firmado entre Pío XII y Franco, bajo los principios del
nacional-catolicismo imperante. Desde entonces seguimos pagando a la Iglesia y
ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino
que fue a traición, con el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el
desconocimiento de la mayoría. Desde siempre siguen perpetuando sus privilegios.
Algunas de las razones que Europa Laica argumenta para no marcar las
casillas del IRPF ni para la Iglesia ni fines sociales, se relacionan con la
discriminación que supone para los contribuyentes; porque quienes marcan estas
casillas reducen su aportación a los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el
artículo 31 de la Constitución. La propia
existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión católica,
discriminando otras creencias, por lo que se conculca así el principio de no
discriminación por razón de creencias regulado en el artículo 14 CE. El Estado no debe ser un recaudador
de organizaciones privadas. La asignación que se lleva la Iglesia, se detrae de
las políticas públicas para escuelas, hospitales, servicios sociales,
infraestructuras o de empleo.
De otra parte, la casilla para «otros fines de interés
social», también debe desaparecer. Los motivos podrían ser más difíciles de
explicar y entender, pero es necesaria su eliminación, porque el origen de su
existencia está basado en una gran coartada para introducir y perpetuar la
casilla de la Iglesia. Además, una parte considerable de la asignación a fines
de interés social, va a entidades de la propia Iglesia, por lo que recibe
fondos por las dos vías. El espíritu solidario que se presupone a quien marca
esta casilla, no puede llevarse a cabo con el dinero de todos. Los «fines de
interés social», no deben depender de la voluntad de los contribuyentes, ni
establecido por las organizaciones sociales, sino que deben formar parte de las
políticas sociales del Estado, de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en
función del interés general.
El artículo 16.3 de la Constitución establece que
«Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones». Por su parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos con la Santa Sede, en suArtículo II.1, establece que «el Estado se compromete a colaborar con
la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico,
con respeto absoluto del principio de libertad religiosa». Pero cooperación y
colaboración no es financiación directa ni subvención permanente.
Han ganado más dinero que nunca pero los obispos han advertido que la gallina de los huevos de
oro, podría tener los días contados. Los expertos en financiación
de la Iglesia están preocupados por el descenso en el número de contribuyentes
que marcan la casilla, y advierten que «lo peor está por venir» en referencia a
la Campaña de la Renta. El grueso de los españoles que marcan la casilla son
personas mayores –entre los 45 a 64 años– y «no hay relevo a corto plazo»,
admite la Conferencia Episcopal. «No podemos estar satisfechos: la evolución ha
sido negativa. Hemos tenido una caída del 3%», dicen desde la Conferencia Episcopal Española.
No sólo es la edad de los creyentes lo que temen, también, las críticas de
algunos sectores al papel de la Iglesia catalana y las críticas de los
ultracatólicos por el leve cambio de tendencia de las cadenas TRECE y
Cope, que apuestan por información menos política y más social.
Quienes marcan las casillas, no pagan un 0,7% más, sino que
se detrae del conjunto del total de lo recaudado. La X a fines de interés
social es la coartada para financiar a la otra. El Estado ha de romper con la
Iglesia (que debe autofinanciarse), oprime conciencias, controla gobiernos y
vive a costa del erario público; y el Gobierno, cumplir con la Constitución, por
un Estado de bienestar y laico.
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
