Núria Martínez López
Derogar la Ley de Amnistía (formalmente, la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía) es el primer eslabón, si lo que se pretende es cambiar el modelo de Estado por la vía legal.
Una vez derogada la ley, el franquismo queda en evidencia, pues dicha ley sirvió para salvaguardar la inmunidad de los colaboracionistas del régimen y evitar que se pidieran responsabilidades políticas y económicas. En lo político ya sabemos que hubo represión, torturas y muertes hasta los últimos días de la Dictadura Militar del General Franco, pero en el plano económico es aún peor, si cabe. Sabemos que Muchas fortunas son producto del robo y expolio a los vencidos. Hay más temor entre los herederos naturales e ideológicos del franquismo a derogar la ley por esta causa, que por reconocer que se cometieron crímenes e injusticias y ser juzgados. Muchas de las familias más poderosas del país pondrían en riesgo sus fortunas si esto sucediera. Quizás el mayor escándalo en un país presuntamente moderno.
Dicha ley es un timo como toda la herencia franquista. Sirvió para vaciar las cárceles de un puñado de agitadores sociales y propagandistas de la época, queriendo hacer ver que eran indulgentes y benévolos, “que estaban más cansados ellos de las dos Españas, que los que arriesgaban el pellejo en la calle”. Lo mejor es no buscar culpables con nombre propio entre las filas izquierdistas y ubicarse en tiempo y espacio, ¿alguien cree que los fascistas del gobierno se iban a bajar del poder por las buenas de un día para otro? ¿Qué iban a quedar expuestos a una réplica de los “Juicios de Núremberg”? Para nada. Sobradamente sabían lo que hacían y nos hicieron tragar el anzuelo sí o también.
Algo que resulta exponencialmente curioso es que “la Ley de Amnistía no se planteó para indultar los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión Parlamentaria. En segundo lugar, porque los franquistas no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido. Utilizar la Ley de Amnistía para defender la impunidad franquista se trata de "una interpretación arbitraria y sin fundamento”. (Sartorius,2010)
A parte de Eso, la balanza se inclinó mezquinamente hacia los nuevos “pro-demócratas”. ¡No se puede equiparar el indulto a un preso por ser sindicalista en la clandestinidad con un torturador en una infrahumana comisaría! Ser sindicalista en un país democrático no es delito, ser un torturador sí. Entonces, ¿¿qué se amnistió a la mayoría de los reclusos?? NADA.
Además, la ley no anuló las miles de sentencias de muerte por cosas tan absurdas como bordar una bandera con los colores de un partido. Tenemos el caso de uno de los mejores poetas de todos los tiempos, Miguel Hernández. En febrero de 2011, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de España denegó la posibilidad de un recurso extraordinario de revisión de la condena solicitado por la familia, al considerar que la condena fue impuesta por motivos ideológicos o políticos y que quedaba anulada con la ley de Memoria Histórica52/2007, de 26 de diciembre, aprobada durante el Gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero, que declaró este tipo de condenas como radicalmente injustas e ilegítimas.
Es urgente y de una prioridad absoluta poner en marcha todo el aparato democrático. La historia no la podemos cambiar, pero si podemos reescribirla. Un estado democrático que se precie debe encargarse de darle a cada uno su lugar y su papel en la historia. Es de necesidad hacer de una vez y para siempre una investigación sobre la represión que sufrieron cientos de miles de ciudadanos desde 1936 hasta bien entrada la transición. Revisar todos los procesos judiciales y todas las irregularidades que se cometieron.
Y, por supuesto, para los fusilados, “paseados” o desaparecidos por cualquier motivo, destinar una partida presupuestaria que recupere los restos cadavéricos para darles digna sepultura y también, como no, un reconocimiento por su defensa de los derechos y libertades.
Todas las sentencias Deben declararse nulas, porque las sentencias emitidas por un régimen totalitario no han sido dictadas de manera imparcial, sino en base a unos principios ideológicos. Es absurdo mantener sentencias condenatorias por pensar distinto.
Esto no es una quimera, de todos es sabido que Los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no prescriben nunca y no pueden ser cubiertos por una ley de punto final. Además, la fatídica ley, contradice tratados internacionales firmados por España.
Derogar la ley, sería un acto de dignidad e higiene democrática sin precedentes, pues hay quien aún se siente culpable de algo. Sin remontarnos al primer período franquista y acercándonos más al final, nos topamos con infinidad de sentencias a homosexuales al amparo de la Ley de Peligrosidad Social, por ejemplo. Todavía cargan con aquellas sentencias condenatorias sobre sus espaldas, siguen teniendo antecedentes penales, y suenan las alarmas en las comisarías cuando necesitan algún documento como el pasaporte.
La ley de Amnistía nunca puso punto final a la dictadura, sino que le dio una refinada continuidad de guante blanco, y como dijera Albert Camus, nos ha hecho entender que se puede tener razón y ser derrotado.
Quien hoy en día todavía defienda que un Golpe de Estado ideado por militares y apoyado por potencias fascistas salvó a España de “algo”, tiene un grave problema moral. Igualmente lo tiene si, constitución en mano, justifica la violencia, la tortura y la muerte, eximiendo de un juicio a todo aquel que se refugió en la ley de Amnistía de 1977.
Núria Martínez López
Vpdta. De Unidad Cívica Por la República (U.C.R.)
