40 años de impunidad: nada que celebrar

Comunicado de UNIÓN REPUBLICANA con motivo del 40ª aniversario de la Constitución monárquica de 1978 

Este jueves 6 de diciembre la Constitución Española de 1978 cumple 40 años, siendo fruto de una Transición que resultó una estafa para el pueblo español. 

Los días 17 y 18 de julio de 1936, el Gobierno legítimo democrático y constitucional de la II República fue desafiado por un golpe militar fascista y tras casi 3 años de contienda civil fue derrocado. Desde entonces, España vive en una ilegalidad política, moral e institucional con un régimen postfranquista “atado y bien atado”. Desde UNIÓN REPUBLICANA, entendemos, que lo democrático hubiese sido que tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, se restituyera aquel Gobierno y Estado republicano democrático y de pleno derecho. Bajo esta premisa, no se necesitaba una nueva Constitución, porque la nación Española ya había aprobado la Constitución de 1931 en las Cortes. 

Sin embargo, tras la muerte del dictador, la Constitución de 1931 no encajó en los intereses espurios de las élites beneficiarias del franquismo: el clero, el ejército y la oligarquía financiera. Tampoco sirvió a los intereses de la Corona ni de la partitocracia servil, arribista y opositora al régimen de Franco. 

De esta forma, las oligarquías nos impusieron la monarquía como forma de Estado dentro de la Constitución, sin someter la Jefatura de Estado a referéndum. Un hecho insólito que desmonta la llamada ‘modélica Transición’ es que a los partidos republicanos no se les permitió participar en las Elecciones de 1977, además de que sus líderes sufrieron persecución y amenazas, paradójicamente, pues estos partidos como el caso de UNIÓN REPUBLICANA -entre otros- eran los verdaderos representantes de legalidad desde el exilio. 

Desde entonces, gracias al amparo de la Constitución, el rey ha amasado una gran fortuna de dudosa procedencia. La figura del rey aparece por encima de la Carta Magna, ya que su persona según el artículo 56.3 es inviolable e irresponsable, por lo que no se le puede juzgar si cometiese un delito. Por añadido, gracias a la Ley Mordaza, tampoco se puede hablar mal de él, ni se puede criticar a los representantes de la Corona por delito de injurias. 

La ciudadanía debería saber que la Jefatura de Estado, no puede ser ni hereditaria, ni vitalicia, ni convertirse en un negocio familiar. En democracia, el cargo de la Jefatura de Estado se accede mediante sufragio universal de una forma periódica –cada 3 o 4 años-, cualquier ciudadano o ciudadana del Estado Español podría representar a la nación. Esa es una de las bases de la República y de una verdadera democracia, la igualdad de oportunidades y ante la Ley. Es por esto que se traduce a la República, del latín res-pública (cosa del pueblo) como el gobierno del pueblo, por y para el pueblo, donde todos sus poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), así como sus representantes, son sometidos a periódica elección. En tales circunstancias, no podemos decir que la monarquía sea sinónimo de democracia, sino todo lo contrario. 

La práctica de políticas irregulares traducida en corrupción y escándalos que afectan a todas y cada una de las instituciones incluida la Jefatura del Estado, ha producido una desafección política por parte de la ciudadanía que observa en sus dirigentes prácticas oportunistas, serviles, autoritarias, arribistas y especuladoras. 

Para UNIÓN REPUBLICANA este hecho ha contribuido a resquebrajar al supuesto sistema democrático y ha desembocado en una situación de emergencia, siendo crucial la toma de medidas para un saneamiento y regeneración democrática tales como: transparencia ineludible para con la gestión del patrimonio y dinero público, siendo de obligada cumplimiento las normativas legales de concurso público y adjudicaciones; esencial sería igualmente la despolitización de la justicia, así como la desprofesionalización de la política con la limitación de mandatos. Y siendo conscientes del momento social en el que vivimos, incorporar a nuestras premisas la sensibilidad en cuestiones de igualdad de género que se nos demanda, en una efectiva equiparación social, económica y política. De la misma forma, recogiendo las distintas sensibilidades, favorecer el establecimiento del laicismo en nuestro Estado. Así mismo, se hace crucial en nuestros días abordar de forma definitiva la política territorial que afecta a nuestro escenario político, así como las cuestiones de Memoria Histórica aún no resueltas poniendo fin a la impunidad del franquismo. Para todo ello, se necesita una mayor implicación cívica y política de los ciudadanos y ciudadanas que pusieran en valor algunos de los principios que sustentaron la II República Española, como la defensa de los Derechos Humanos, la democracia efectiva y la soberanía popular. Estos son los principales motivos por los que rechazamos y no legitimamos la actual Constitución Española promulgada en 1978, ni el régimen monárquico-postfranquista surgido de la misma. 

En UNIÓN REPUBLICANA, estamos convencidos de que con ciudadanos y ciudadanas mejor informados y más democráticamente activos construiremos la Tercera República Española, tan necesaria en estos momentos, que vendrá por la voluntad del pueblo y para servir al pueblo.

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