La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en calidad de imputada en el "caso Púnica" por la supuesta financiación irregular del PP madrileño, ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que solicita que cierre la investigación del caso el próximo 27 de agosto.
La petición insta a ignorar la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que entró en vigor este martes 27 de julio y que amplia los plazos.
Según explica el escrito, el propio magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 estableció el 30 de noviembre de 2018, después de cuatro años de instrucción, un periodo extra de investigación de 40 meses, el cual fijaba el 30 de marzo de 2022 como fecha límite. pero la Sala de lo Penal lo recurrió y se acordó una nueva instrucción de 18 meses, fijando el 6 de junio de 2020 como fecha máxima porque más tiempo sería “desproporcionado y excesivo”.
De este modo, añadiendo los meses en que la instrucción ha estado parada a causa del estado de alarma por la pandemia de la COVID 19, García Castellón estableció una nueva fecha límite que vencería el próximo 27 de agosto.
Pero en los últimos días de julio, el Congreso y el Senado dieron luz verde –con la oposición de PP y Vox– a una reforma del artículo 324 de la LECrim que contempla la ampliación del plazo inicial de instrucción de las causas penales hasta los 12 meses, de ahí que las acusaciones populares en el ‘caso Púnica’, PSOE y Adade, hayan solicitado al magistrado un año más de investigación, hasta finales de julio de 2021.
“Comprendemos el interés -político- del PSOE en que el presente procedimiento se prolongue tanto como pueda, pero en este ámbito jurisdiccional han de prevalecer las razones jurídicas”, sentencia Esperanza Aguirre.
Equipo de redacción de Eco Republicano.
