Marcelino Domingo
La mayor condenación del movimiento subversivo está en la imposibilidad por parte de los alzados de poder justificar los motivos íntimos y verídicos del alzamiento. Han de ocultar lo que representan y adónde van para reivindicarse ante sí mismos de su actitud.
Captados los manifiestos y arengas de algunos de los generales más calificados de la rebelión, se dice en dichos documentos; primero, que el alzamiento subversivo tiene un carácter republicano. ¿Republicano? Lo mismo declaraba el general Pavía antes de disolver las Cortes el día 3 de enero de 1874; lo mismo anunciaba el general Serrano cuando, presidiendo el Gobierno provisional republicano, estaba ya de acuerdo con los generales monárquicos para restaurar la Monarquía.
Llamar, pues, republicano al alzamiento subversivo es, ante todo, la falta de valor de declarar lo que se es; es, después, una simulación escandalosa, y, en último término, es un disfraz que no disfraza en un país donde los pronunciamientos constituyen una lección de Historia cargada de enseñanzas.
¿Pero es que aun siendo republicano, si lo fuera, dejaría de ser una subversión condenable? No. No es el Ejército sublevado el que con las armas ha de decidir los rumbos de la República; es el pueblo en las urnas. Una sublevación armada, vigente la Constitución. es tan punible siendo monárquica como siendo republicana. Si un Gobierno no es grato: si una política no place; si un Parlamento tiene la hostilidad de los afectados por sus disposiciones legislativas, es el pueblo en urnas el llamado a resolver; nunca el Ejército en arma y con las armas sublevadas. Habría de haber en el ánimo de los sublevados el concepto de la República más puro, y teniendo la sublevación militar como origen sería una República ilegítima.
El Ejército, que es la fuerza, tiene, una misión excelsa: dentro de la ley, y acatando el Poder legalmente constituido, mantener el derecho. Nada menos que esto. Pero nada más. La responsabilidad de la marcha, normal de la República incumbe a la ciudadanía actuando en la legalidad. Los ascensos y descensos de las tendencias, dentro de la República; el predominio de unas u otras significaciones, si se logran por los medios que la Constitución determina, han de ser acatados por el Ejército.
El Ejército no puede poner nunca su espada en la balanza. Cuando lo hace se infiere a sí mismo e infiere a la legalidad un estrago como el que ahora presenciamos. No es, pues, el alzamiento subversivo un movimiento republicano. No lo es porque no son republicanos sus cabecillas; no lo es porque la República, siendo la ley, y ahora lo es, no necesita que el Ejército la interprete, sino que la acate; no lo es porque, vigente la Constitución, todos los actos, fuera de ja Constitución son delitos, y ningún delito mayor que una subversión militar. Se está contra la República en el mismo momento en que se actúa fuera de la ley que la República ha estatuido. Invocarla es, pues, un agravio. un escarnio y un engaño.
Se declara por loa facciosos, en segundo término, que el alzamiento militar es antimarxista. ¿Antimarxista? El antimarxismo es una doctrina como el marxismo. Puede sostenerse en las academias, ateneos y parlamentos: puede buscar todas las tribunas: puede aspirar, en campaña de proselitismo, a conquistar la opinión; puede incluso triunfar, como triunfo en las urnas en noviembre de 1933. ¿Qué disposición gubernativa, qué articulo de la Constitución impide que en la Republica española se propague y organice el antimarxismo? El antimarxismo tiene abiertos los órganos de la conquista de la ciudadanía, y conquistada la ciudadanía, abiertos también por las urnas los caminos del Poder. Lo único que al antimarxismo le está prohibido es producir para imponerse un alzamiento militar. Porque entonces el antimarxismo ya no es una doctrina, es un crimen. Y lo que no es posible es gobernar como consecuencia de él o apoyándose en él. «Las armas de la libertad -decía Robespierre- no deben ser tocadas sino por manos puras. Yo soy hecho para combatir el crimen, no para gobernarlo».
¿Qué el marxismo tiene opinión en España? En España y en el mundo. ¿Qué el marxismo aspira a influir en la vida pública? Sí. Como el antimarxismo. Pero, en el mundo y en España, éste no es un problema del Ejército. Y mucho menos de un Ejército sublevado. En el siglo XIX el marxismo no existía. El principio político que determinaba las batallas que hoy desencadena el marxismo era el liberalismo. Contra él se produjeron en España muchos alzamientos militares; contra él hubo incluso una invasión extranjera: la de los cien mil hijos de San Luis. ¿Qué se logró? Pongamos los ojos en la España actual para contestar. La República española, última revolución política que hubo en la Europa occidental, aspiraba a ser, por la amplitud de su Constitución, la evolución social que evitara la revolución social. Esta evolución social es de justicia, de necesidad y de deber. Ni un solo interés legitimo puede recusarla, ni una sola razón puede detenerla. Contra esta evolución, que es cristiana y humana, que la piden los tiempos y la autorizan las leyes, que está en la conciencia de una civilización que se cumple ya en el mundo; contra esta evolución, que evita la revolución, escuchar y acoger la resistencia de la España feudal, fanática y caciquil; poner a su servicio las armas del Ejército republicano, sublevarlo, es no solo cometer un delito, sino realizar un acto contraproducente. La evidencia del delito la descubre la ley; la contraproducencia del acto lo demuestra la realidad.
Llamar marxismo a la legalidad republicana existente y convertir el antimarxismo en bandera de una sublevación militar es, por un lado, falsear los hechos para privar al derecho de la fuerza, y por otro, colocar la fuerza al servicio de una regresión contumaz y hostil, empeñada en mantener España insensible e inconmovible, de espaldas al mundo.
No. Ni el republicanismo, de existir, podría ser un título legitimo de la sublevación militar, ni tiene una base de verdad el antimarxismo. Al republicanismo le basta la legalidad para sostenerse; el antimarxismo habría de haber estimado como suficiente para su proselitismo el derecho que la Constitución liberal otorga hasta a los que niegan la ley fundamental del Estado y la libertad. Una insurrección militar es siempre un delito. El delito aumenta cuando la insurrección se produce estando vigentes y expeditos todos los caminos de la ley. El delito constituye además un escándalo monstruoso cuando se quiere justificar amparándose, con escarnio, en la bandera que se desgarra, y en una hora de avance fecundo y creador en el que la raza renace, sirviendo de columna de choque o apuntalando con las espadas insurrectas a las clases sociales y políticas que se niegan a avanzar. «Nada está por encima de las leyes -decía en agosto de 1876, en la Cámara francesa, el presidente Grevy-. Nada. Y nada es más faccioso y anárquico que el acto de ponerse por encima de las leyes o fuera de ellas la fuerza militar.
Artículo publicado en El Liberal, 29 de julio de 1936.
