Por Eco Republicano
La II República Española nacida el 14 de abril de 1931 se distinguió por el triunfo de las libertades, derechos y conquistas sociales. La paulatina intervención de las diputadas republicanas, supuso el establecimiento de grandes avances en derechos como el matrimonio civil o el divorcio recogidos en la Constitución de 1931.
De esta forma, la Constitución de 1931 proclamaba en su su artículo 43º: «La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación en este caso de justa causa».
El 4 de diciembre de 1931, el ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz y Liminiana, defendió en las Cortes republicanas el proyecto de Ley sobre el divorcio y de la secularización de los cementerios:
«La transcendencia moral, jurídica y social del matrimonio exigía del Gobierno de la República un aquilatado examen de la extensión que había de darse a la legislación sobre el divorcio; por ello acudió a la Comisión asesora jurídica, a fin de lograr que la propuesta trajera la autoridad colegial de un organismo técnico provisto de alta competencia».
«Más el Gobierno de la República, al secularizar el Estado, no podía dejar tras sí cuanto al matrimonio y a su intima estructura jurídica atañe; desoír las apelaciones reiteradas de quienes, al buscar la felicidad de un hogar, hallaron la desventura; no podía solidarizarse con quienes quieren hacer de las situaciones creadas por dolo o culpa situaciones indisolubles jurídicamente; no podía, en una palabra, permanecer atado a todo el sistema de prejuicios sociales e imposiciones confesionales de que constitucionalmente se ha liberado».
Tras pasar varios tramites y la discusión sobre la totalidad del proyecto, finalmente, el 24 de febrero quedó aprobado el dictamen de la Ley de Divorcio. Al día siguiente, 25 de febrero se procedió a la aprobación definitiva de la Ley, con 260 votos a favor y 23 en contra, que sería publicada en la Gaceta de la República el día 11 de marzo de 1932.
La entrada en vigor de la Ley del Divorcio impulsada por la República Española supuso una gran conquista social para las mujeres que demandaban una solución a la convivencia indeseada, consiguiendo de esta manera un paso más en la emancipación y la igualdad como ciudadanas de derecho.
Con la llegada de la dictadura franquista la ley del divorcio de 1932 fue derogada mediante la Ley de 23 de septiembre de 1939 que declaró nulas todas las sentencias de divorcio, a instancia de una de las partes.
